Se abre el tiempo de nuevas disputas

La semana pasada fue inaugurada por la aprobación en el pleno de la Convención Constitucional de una serie de derechos sociales que han sido demandados por los pueblos de Chile durante décadas. Esa votación marcará el destino del resto del debate constituyente, y ofrece un piso firme a la campaña por el Apruebo en medio del asedio reaccionario de la centroizquierda, la derecha y los grandes medios de comunicación. En las últimas semanas, esta campaña del terror anti-constituyente ha sido conducida sobre la base de mentiras fáciles, construidas a partir de interpretaciones y tergiversaciones de las normas aprobadas anteriormente. El ejemplo más ridículo es el del convencional Roberto Vega (RN) que afirmó que al declararse inapropiable el agua, no se iban a poder vender helados de agua. El Mercurio hizo lo suyo con una caricatura sobre lo mismo, donde dos bomberos se preguntan por el peso que tendrán las mangueras para apagar incendios ahora que el agua era inapropiable. “Los grifos tendrán que funcionar con tierra”, concluye uno de los bomberos. Vulgar, totalmente predecible, típico de la derecha chilena.

Ahora que la Convención abordó esos aspectos que conectan de manera muy explícita con las demandas históricas del movimiento popular en Chile, llegó el momento para una campaña del Apruebo que interprete las necesidades sociales de manera inmediata y sensible. Es imaginable que la aprobación de estos derechos sociales pueda sobrepasar la trinchera conservadora que se resiste a todos los cambios, y logre llegar directo al corazón de los pueblos para convencerles de la urgencia de que dichos derechos se consagren el 4 de septiembre en la nueva Constitución.

HACIA LA CONQUISTA DE DEMANDAS HISTÓRICAS

Las luchas por la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, la negociación por rama, y más recientemente, por el reconocimiento y socialización del trabajo doméstico y de cuidados, han impulsado una movilización permanente de los sectores populares durante décadas. Todas estas luchas han compartido una trayectoria similar: han encarnado una demanda muy sentida, han protagonizado momentos de tensión con el Estado y han catalizado la formación de organizaciones o movimientos sociales muy potentes.

En el ámbito de la vivienda, las tomas de terrenos urbanos han sido una constante de las principales ciudades de Chile, así como los comités de allegados y de vivienda. Ambas formas de movilización han dado lugar a importantes organizaciones como la Fenapo, la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA), el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), el Movimiento de Pobladores/as Vivienda Digna, Ukamau y el Movimiento Solidario Vida Digna, entre otros.

En Salud destaca el trabajo de las grandes agrupaciones sindicales del sector público, que incluyen a la Confusam, Fenats, Fenpruss y más recientemente Confedeprus. También existen otro tipo de movimientos sociales vinculados a la salud, como el Movimiento Salud Para Tod*s, que ha tenido presencia en distintas regiones del país y ha vinculado la lucha por las demandas inmediatas con una visión de cambio estructural en el sistema de salud, en el marco de una lucha contra la precarización capitalista.

Probablemente las movilizaciones más masivas de las últimas décadas han sido llevadas a cabo por los movimientos por la educación y las pensiones, y por el movimiento feminista. Millones de estudiantes participaron en multitudinarias marchas y tomas entre la década de los 90 y los primeros años de la presidencia de Michelle Bachelet (2014-2017). Se trató de una escalada de masividad en la calle y radicalidad en el programa, que fue desde el pase escolar en el transporte público hasta la educación gratuita. Destacan, por supuesto, la Revolución Pingüina del 2006, protagonizada por estudiantes de secundaria, y la insurgencia estudiantil del 2011, protagonizada principalmente por estudiantes de educación superior.

La potencia explosiva del movimiento estudiantil se redujo considerablemente después de la aprobación de la gratuidad en el gobierno de Bachelet. Pero no desapareció completamente, sino que se transmutó en la otra fuerza que venía conquistando el terreno estudiantil. Me refiero a la ola feminista del 2018, el primer estallido feminista de nuestra historia reciente, que regó con fuego antipatriarcal las universidades y escuelas de todo Chile. Este movimiento incluso desplazó a las organizaciones estudiantiles históricas (centros de estudiantes y federaciones), dejándolas en una marginalidad de la que no han podido recuperarse. La demanda por una educación no sexista y el fin de la violencia contra mujeres y disidencias sexo-genéricas se articuló con formas de protesta creativas y radicales, que llevaron la toma y la marcha más allá de sus lugares conocidos. Este proceso se potenció con la articulación de la Coordinadora Ni Una Menos y la posterior organización de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, concluyendo su primera fase en la gigantesca Huelga General Feminista del 8 de marzo del 2019. La forma y el contenido de la revuelta de octubre y el proceso constituyente serían inconcebibles sin esta intensa trayectoria feminista reciente.

Finalmente, el movimiento sindical ha tenido uno de sus centros en la lucha por un nuevo sistema de pensiones, y en la demanda por una huelga efectiva y el derecho a la negociación por rama. La primera impulsó grandes manifestaciones entre 2016 y 2018, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP en un destacado lugar dentro de la historia de las luchas multisectoriales, articulando bases territoriales y confederaciones sindicales en una misma lucha. Por su parte, la demanda por un mayor poder de negociación para las organizaciones de trabajadoras/es se ha expresado en la consigna de una huelga efectiva, muy debilitada por la legislación actual, y de la negociación ramal, prohibida actualmente y limitada únicamente al nivel de la empresa, con la consiguiente debilitación del poder sindical.

UN NUEVO TERRENO PARA LA DISPUTA POLÍTICA EN CHILE

Quisiera destacar una norma que es excepcional en este nuevo catálogo de derechos. El artículo 11 del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales establece el reconocimiento de que «los trabajos domésticos y de cuidado son socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad». Este reconocimiento tiene consecuencias socioeconómicas directas, ya que, en el artículo 10, el Estado se comprometería a crear un Sistema Integral de Cuidados que socialice estos trabajos y no sean la carga privada de mujeres. Esta ha sido una de las banderas de lucha del movimiento feminista en Chile y el mundo, y establece a nivel constitucional una novedosa concepción sobre el trabajo, más allá del salario. Este reconocimiento va en línea con el impacto que ha tenido el feminismo en la política de los sectores populares en Chile, ampliando los márgenes de lo que se ha entendido como “clase trabajadora”, y sobre todo expandiendo las reivindicaciones laborales hacia ámbitos que hasta hace poco permanecían fuera del debate público.

Los derechos constitucionales son garantías formales, a priori, que todavía requieren ser convertidos en leyes que implementen instituciones o regulaciones concretas. Pero, además, requieren una fuerza social y política que haga cumplir efectivamente esos derechos, y que no queden al arbitrio de las eventuales burocracias de un nuevo régimen. El principal desafío que inaugura esta nueva Constitución es que esa fuerza popular constituyente que logró llevar sus demandas desde la calle a la Convención se convierta en una alternativa política. Esto significa que logre pasar de la disputa constituyente a la disputa del conjunto de las luchas sociales y políticas bajo las banderas del feminismo, la plurinacionalidad, la solidaridad y la dignidad. Hay atisbos de esta constitución de nuevas fuerzas políticas en la experiencia de colectivos como Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional y Popular. Su arraigo territorial y su liderazgo programático van a ser fundamentales para esta nueva etapa política en Chile.

Contra viento y marea, hubo una fuerza popular constituyente que logró desbordar los términos del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución: presionó la paridad y los escaños reservados para pueblos originarios, ganó un espacio importante de la Convención desde candidaturas independientes de movimientos sociales, y construyó la hegemonía de un nuevo sentido común que rompió con los 2/3 que habían impuesto los partidos neoliberales. Junto con ello, logró convocar a una movilización permanente para debatir la Constitución que queremos, construir iniciativas populares de normas, reunir a distintas organizaciones tras una misma bandera y marcar presencia en la calle, tanto en sus respectivos territorios como afuera del edificio de la Convención.

Chile tendrá por fin la oportunidad de un sendero hacia la dignidad. Queda todavía un camino de disputa para que sea una dignidad real y no solo un derecho. Pero hoy volvemos a desalambrar ese camino cerrado en 1973.

Por Pablo Abufom

Militante del Movimiento Solidaridad y editor de la revista Posiciones.