Fotografía rescatada de El Espectador
El día jueves 10 de marzo el Segundo Tribunal Ambiental rechazó las tres reclamaciones interpuestas por Aguas Antofagasta en contra de las sanciones aplicadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), debido a los derrames de aguas servidas ocurridos los años 2015 y 2018 en la costa de esa ciudad.
El Tribunal estuvo integrado por los ministros Alejandro Ruiz, Cristián Delpiano y Cristián López; quienes fallaron a favor de las multas ordenadas por la autoridad marítima, que suman un total de $1.000 millones que deberá pagar la empresa concesionaria de servicios sanitarios..
Las alegaciones de Aguas Antofagasta se referían al procedimiento administrativo seguido por la Directemar en relación a la ponderación de la sanción, la motivación de las resoluciones sancionatorias y también a la apreciación de las pruebas.
El Tribunal descarto las reclamaciones y concluyó que, si bien Directemar no abrió un periodo probatorio, esta omisión no constituyó un vicio esencial, ya que no perjudicó los intereses de la empresa.
También resolvió que no hubo infracción al principio de imparcialidad por parte de la autoridad marítima, puesto que en el derrame del 15 de junio de 2015 los trabajadores que ocasionaron la descarga de aguas servidas si bien estaban a cargo de una empresa contratista, esto no altera la responsabilidad legal de Aguas Antofagasta.
En el análisis de la calificación de las infracciones, la sentencia señala que “(…) habiéndose acreditado la persistencia de los efectos de los coliformes fecales en el medio marino, según se expuso, los derrames de aguas servidas ocurridos el año 2018 en la ciudad de Antofagasta generaron, consecuentemente, un peligro grave de contaminación de las aguas como consignan los referidos informes técnicos periciales- (…) con lo cual este Tribunal concluye que la calificación efectuada por la reclamada para ambos eventos como medianos, se encuentra ajustada a la normativa antes citada”.
De esta manera el órgano jurisdiccional determinó que las multas de $1.000 millones aplicadas por Directemar a Aguas Antofagasta, por los tres derrames, fueron correctas y se ajustan a la gravedad de los hechos ocurridos.
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