Senadora Campillai: “Es inaceptable que parlamentarios desaforados sigan recibiendo su dieta mientras enfrentan procesos judiciales”
La senadora Fabiola Campillai realizó un enérgico llamado al Congreso a debatir y aprobar con urgencia el proyecto de ley que suspende el pago de la dieta parlamentaria a legisladores desaforados. Su petición surge tras conocerse la medida de prisión preventiva contra el diputado Mauricio Ojeda, acusado de fraude al Fisco en la arista Manicura del caso Convenios en La Araucanía.
“El diputado Mauricio Ojeda ha quedado en prisión preventiva, pero seguirá recibiendo su dieta parlamentaria. Es urgente que se discuta y apruebe el proyecto de ley que presentamos en octubre de 2024”, expresó Campillai en su cuenta de X.
El proyecto, actualmente estancado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, busca impedir que parlamentarios inhabilitados para ejercer sus funciones sigan percibiendo beneficios económicos.
Campillai destacó la necesidad de avanzar en esta normativa: “No podemos permitir que quienes enfrentan graves acusaciones judiciales sigan gozando de privilegios mientras el país exige transparencia y justicia”. La iniciativa fue presentada en respuesta a casos que han expuesto vulnerabilidades en el sistema legislativo respecto al uso de recursos públicos.
El caso del diputado Ojeda se ha convertido en un catalizador para este debate. Según informó el Poder Judicial, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó su prisión preventiva el 3 de enero por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. La magistrada Leticia Rivera Reyes fijó en 30 días el plazo de investigación en la causa rol 10.463-2024.
El Ministerio Público acusa a Ojeda de actuar en 2022 para favorecer con recursos públicos a las fundaciones Educc y Folab. “El diputado proporcionó y gestionó financiamiento por $85.000.000, facilitando la solvencia de Folab para continuar postulando a fondos públicos”, señaló la Fiscalía, agregando que este actuar violó principios de probidad y transparencia.
Además, se investiga el desvío de $730.000.000 destinados a cursos para mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas, recursos traspasados a Folab y Educc por el Gobierno Regional de La Araucanía. Según el ente persecutor, Ojeda utilizó su posición para contactar a funcionarios y gestionar adjudicaciones de proyectos de forma irregular.