El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que presentó una demanda colectiva en contra de Forum Servicios Financieros, empresa que presta servicios de financiamiento para la compra de vehículos. Esto tras haber detectado cobros de “comisiones ilegales” a través de una “cláusula abusiva“.
A través de un comunicado, el organismo indicó que las “comisiones ilegales” se tratan un cargo por concepto de “Gastos de Administración Prenda”, que el proveedor cobra adicionalmente al cargo por gastos de constitución de prenda.
Según el análisis realizado por el Sernac, Forum aplicó este cargo «en al menos 172.617 operaciones de crédito realizadas entre marzo del 2019 y hasta diciembre del 2022, y cuyos montos (cargos cuestionados) alcanzaban los $113.170 para vehículos nuevos y $148.490 para usados aproximadamente».
Asimismo, el organismo explicó que el cargo llamado “Gastos de Administración de Prenda”, no corresponde a servicios efectivamente prestados adicionales a los inherentes a una operación de crédito.
“Además, dicho cargo es adicional al ya cobrado por ‘constitución de la prenda’, acotó.
El Sernac señaló que la decisión de presentar esta demanda colectiva se tomó luego de haber detectado la aplicación de la comisión denominada «Gastos de Administración Prenda», e intentar buscar una solución extrajudicial con la empresa mediante un Procedimiento Voluntario Colectivo, instancia para la cual la empresa de servicios de financiamiento no estuvo disponible.
¿Qué busca el Sernac con esta demanda?
Con esta demanda, el Sernac busca que la justicia ordene a Forum la restitución, a cada consumidor afectado, de los cobros injustificados aplicados, con los respectivos reajustes e intereses.
Asimismo, pretende que se otorguen las compensaciones e indemnizaciones que correspondan por el daño causado a las personas afectadas.
El organismo busca que la justicia declare como abusiva la cláusula donde la empresa incluye el cobro de la comisión «Gasto de Administración Prenda», junto con ordenar el cese de cualquier cobro amparado en dicha disposición.
Además, la entidad fiscalizadora pretende que la justicia declare la responsabilidad infraccional por haber infringido una serie de artículos establecidos en la Ley del Consumidor, aplicándole las más altas multas, que en este caso serían de 4.500 UTM, equivalentes a $295 millones.
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