Fotografía portada: referencial.
Se logró detectar que los imputados que involucra a alcaldes ligados a la UDI, se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias.
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La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó ayer miércoles 26 de abril– la resolución que ordenó la prisión preventiva del funcionario de la Municipalidad de San Ignacio, Krysler Sebastián Monroy Castillo, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho y fraude al fisco, ilícitos que se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior del municipio durante el año 2022.
En fallo unánime (causas rol 205-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Guillermo Arcos, Jimena Troncoso y el abogado (i) Gumercindo Quezada– ratificó la resolución del Juzgado de Garantía de Bulnes, el martes 18 de abril recién pasado y mantuvo al imputado recluido en el Centro Penitenciario de San Carlos.
“Que, del mérito de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, aparecen satisfechos los presupuestos materiales de la prisión preventiva impuesta al imputado Krysler Sebastián Monroy Castillo, en relación a los delitos de cohecho y fraude al fisco, configurándose mediante las declaraciones recabadas, en especial la del coimputado Edgardo Suazo Jiménez, y las conversaciones obtenidas mediante interceptaciones telefónicas en que aparece referido, las cuales, valoradas de manera conjunta y bajo el estándar de acreditación exigible en esta etapa procesal, dan cuenta del rol que tuvo este imputado en los hechos formalizados. Resultando por ahora, insuficientes las alegaciones de la defensa, para descartar la existencia de los delitos y la participación atribuida”, consigna el fallo.
La resolución agrega: “Que, en relación a la necesidad de cautela, si bien el encartado goza de irreprochable conducta anterior, atendida la naturaleza de los delitos formalizados, el número de los mismos y la pena probable que arriesga, esta Corte estima que la cautelar impuesta resulta indispensable para garantizar la seguridad de la sociedad y asegurar los fines del procedimiento”.
Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que los imputados se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias.
Por esta misma causa son investigados y se encuentran en prisión preventiva los imputados César Alberto Figueroa Betancourt, Rodrigo Alejandro Sandoval Terán y el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares. Mientras que los imputados Edgardo Antonio Suazo Jiménez, Hugo Basthian Troncoso Salazar, Carlos Bernabé Fernández Aedo y el alcalde de Ñiquén Manuel Pino Turra cumplen diversas medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario total.
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