«Siluetas en la memoria»: La búsqueda incansable de las y los detenidos desaparecidos

La ONU ha manifestado su preocupación por el aumento exponencial de la desaparición forzada como método de represión política, algo que, lamentablemente, afecta a todo el mundo. Chile vivió esto en carne propia y a 50 años del Golpe Militar, El Ciudadano hizo un breve repaso por la historia reciente en esta materia.

«Siluetas en la memoria»: La búsqueda incansable de las y los detenidos desaparecidos

Autor: Raimundo Gallardo

El 11 de septiembre de 1973 la historia de Chile cambió para siempre. Durante las primeras horas, una vez perpetrado el Golpe de Estado, miles de personas fueron detenidas y llevadas hasta distintos lugares, entre ellos el ex Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara, y al Estadio Nacional. Estas primeras detenciones dieron el puntapié a una búsqueda incesante que se traslada hasta nuestros días.

La búsqueda de los Detenidos Desaparecidos empezó a los pocos días después de aquel fatídico 11. Esposas, madres y hermanas, principalmente, eran quienes lideraban el seguimiento de los últimos rastros de sus familiares por los distintos lugares de detención, sin embargo, las autoridades de la época no aclaraban el paradero de quienes no eran ubicables en aquel momento.

A medida que transcurría el tiempo se agolpaban más y más personas orientadas en la búsqueda de aquellos cuyo paradero se desconocía. Bajo esa premisa, fueron intercambiando sus experiencias hasta que surgió la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) bajo la cornisa del Comité Pro Paz, organismo creado en diciembre de 1973, integrado por las iglesias católica, ortodoxa, evangélica y la comunidad israelita, otorgando asistencia técnica, económica y jurídica, permitiendo así que la AFDD pudiera funcionar con regularidad a finales de 1974. Tras el cierre del Comité, por orden de Pinochet, esta labor la asumiría con el tiempo la Vicaría de la Solidaridad.

Paralelo a la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), conocida como “la Gestapo de Pinochet”, la comunidad internacional ya estaba al tanto de las violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país. Así lo estableció la Asamblea General de la ONU en el 29° Período de Sesiones quien aprobó la Resolución 3219 sobre la “Protección de los Derechos Humanos en Chile” instando “a las autoridades chilenas para que se respeten plenamente los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Cambio de rumbo

La denominada “Operación Colombo” de 1975 marcó un punto de inflexión en lo que respecta a los detenidos desaparecidos, revelando el modus operandi de la dictadura tras descubrirse el montaje comunicacional que le atribuía la muerte de 119 personas, relacionadas a movimientos de izquierda, a sus propias rencillas internas. Dada la manera en que fueron detenidos, resultaba ilógico pensar que hubieran muerto en esas circunstancias.

Esto llamó la atención de la AFDD quienes rápidamente comprendieron que se trataba de un montaje cuyo objetivo era convencer a la sociedad civil y a la comunidad internacional que los DD.DD no existían y que las muertes de los 119 no tenían que ver con el régimen, sino que con enfrentamientos internos.

Este episodio reveló que la dictadura no solo detenía, sino que también asesinaba, por lo que encontrarlos se hacía cada vez más difícil.

A medida que avanzaba la dictadura, aumentaba también la lista de detenidos desaparecidos. Los esfuerzos no cesaban y desde la AFDD junto a miembros de la sociedad civil realizaban protestas, huelgas de hambre y todo tipo de intervenciones con el objetivo de obtener información sobre sus familiares.

El 8M de 1978 fue interpretada por primera vez la Cueca Sola. Ante más de 6 mil personas en un acto realizado en el Teatro Caupolicán, Gabriela Bravo fue la primera en bailar sola la popular danza de parejas con una foto de su familiar pegada al pecho. Le siguió Violeta Zúñiga (en la foto) y Marta Pérez.

Sin embargo, en medio de las Jornadas de Protesta Nacional en la década de los 80, el miembro de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Andrés Valenzuela Morales, confesó haber participado en el Comando Conjunto y en la detención de miembros del Partido Comunista desaparecidos en 1976. Se trató de la primera confesión de un agente del Estado, sirviendo como un elemento de prueba para investigaciones futuras. 

En busca de la verdad

Tras el triunfo del NO con el 54,71% en el Plebiscito de 1988 que diera “término formal” a la dictadura, comenzaron varios esfuerzos institucionales por encausar una búsqueda frenética de aquellos cuyo paradero se desconocía.

Al asumir el máximo cargo de la República, Patricio Aylwin declaro que las violaciones a los derechos humanos eran “una herida abierta en el alma nacional” Un mes después, por medio del Decreto Supremo 355, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que tuvo como misión “establecer un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado”, además de “reunir antecedentes que permitieran individualizar a sus víctimas y establecer su suerte y paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran de justicia y aquellas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevas violaciones”, dice el informe de la Comisión en su primera página.

El 8 de febrero de 1991, Aylwin recibió el informe elaborado por la Comisión, conocido como Informe Rettig (por Raúl Rettig, jurista que presidió dicha Comisión). Según Carlos Bascuñán, Jefe de Gabinete entre 1990 y 1994, el presidente leyó los seis tomos del Informe durante sus vacaciones “fueron 15 días en que no lo vimos y cada vez que salía a caminar tenía cara de dolor y amargura”, expresó.

Un mes después, a través de una cadena nacional que se extendió por más de 40 minutos, Aylwin asumió una responsabilidad histórica que quedó en la memoria colectiva.

“Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera, para en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas” señaló, y solicitó “solemnemente” a todos quienes hayan tenido participación en los excesos cometidos hacer “gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.

“Una vez que el discurso terminó, nos quedó claro que no íbamos a saber dónde estaban los detenidos desaparecidos”, dijo Viviana Diaz, dirigente histórica de la AFDD y Premio Nacional de Derechos Humanos.

En los últimos 30 años hubo distintos esfuerzos en pro de la reconciliación y la búsqueda de la verdad, como la Comisión Valech, sin embargo, la última medida reivindicatoria por parte del Estado hacia las familias de las víctimas y la memoria de estas, la tuvo el presidente Gabriel Boric con el Plan Nacional de Búsqueda, lanzado el pasado 30 de agosto, Día del Detenido Desaparecido, cuyo objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el mandatario.

Actualmente el número de desaparecidos asciende a 1092 personas, de los cuales 50,82% corresponde a obreros o campesinos. El 95,7% son hombres y un 96% de quienes los buscan son mujeres. Asimismo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en la comuna de Quinta Normal, permite corroborar que la edad promedio de los desaparecidos es de 29 años. El 13,6% de ellos tenía menos de 21 años, es decir, eran legalmente menores de edad en aquella época. Finalmente es posible determinar que el 52,76% de las desapariciones se realizaron en la Región Metropolitana y otro dato no menor, el 37,92% de las víctimas no tenía afiliación política.

Según la ONU, la desaparición forzada se ha usado regularmente como estrategia para infundir el terror a los ciudadanos, cuya sensación de inseguridad no se limita al círculo más cercano del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y la sociedad en general.

Lo cierto es que las familias de los detenidos desaparecidos parecen no conocer los efectos del tiempo, ni las inclemencias de la memoria y reconocen que cada día es una chance para encontrar a sus seres queridos “y aun así, a pesar del viento frío que entra sin permiso por la puerta de par en par abierta, nos gusta dormirnos acunados por la tibieza terciopela de su recuerdo”, escribió Pedro Lemebel en su crónica El Informe Rettig (o “recado de amor al oído insobornable de la memoria”).


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