Imagen portada: “Chilean helicopter H-255 in an airsoft park in the UK». Fotografía: Dogtag Airsoft”, publicada en The Guardian.
Impunidad y despojo: El helicóptero de la “Caravana de la muerte” convertido en juguete en un parque de Inglaterra
Imagen. Reportaje de Londres 38: “Impunidad corporativa en Chile: El helicóptero de las FFAA usado para desaparecer personas que hoy es parte de un campo de juego en Inglaterra”
El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en ese marco, se realizaron diversos actos conmemorativos en diferentes localidades del país, incluido un reporte de Informe Especial en TVN titulado: “Desenterrando la verdad de La Veleidosa”, como también, los anuncios del Gobierno por indicación para levantar el secreto del Informe Valech.
Asimismo, volvió a la memoria el caso del helicóptero militar chileno PUMA H-255, utilizado durante la dictadura de Augusto Pinochet en los llamados «vuelos de la muerte» para desaparecer personas, el que fue vendido en 2003 a un empresario británico y hoy es un atractivo en un campo de paintball en Inglaterra.
Este hecho, revelado por Londres 38 en un reportaje a inicios de este 2024, resalta la impunidad corporativa y estatal que ha marcado la historia reciente de Chile.
El helicóptero fue parte de la «Caravana de la Muerte», un operativo militar en el que decenas de prisioneros fueron ejecutados o lanzados vivos al océano. Sebastián Velásquez Díaz, abogado de derechos humanos, explicó a Londres 38 que «cuando un helicóptero desaparece de la custodia del Ejército mediante actos comerciales, se borra una evidencia material crucial que podría haber ayudado a esclarecer estos crímenes.»
A pesar de su estado oxidado y desmantelado, el H-255 aún conserva su matrícula y el escudo del Ejército de Chile, un recordatorio tangible de su oscuro pasado. «Este helicóptero fue utilizado para lanzar personas vivas al mar, como parte de una práctica macro-criminal ya coordinada desde octubre de 1973,» señaló Velásquez, destacando la importancia de este caso para la memoria histórica del país.
En mayo de 2003, el helicóptero fue vendido a Virgilio Cartoni, un empresario relacionado con la venta de armamento, quien lo revendería a Ross Beare, dueño del campo de paintball en Inglaterra. Esta transacción se realizó sin que la aeronave fuera periciada por un tribunal ni se tuviera acceso a su bitácora de vuelo, lo que, según Velásquez, «contribuye al negacionismo ante los crímenes cometidos», caso que fue destapado por el medio The Guardian durante el 2023.
Este caso es un ejemplo de cómo el Estado chileno, a través de sus instituciones militares y civiles, ha facilitado la impunidad. «La alianza entre las Fuerzas Armadas y el empresariado en la venta de bienes que son relevantes para las investigaciones en derechos humanos demuestra un claro intento de encubrir la verdad,» afirmó el abogado.
El caso del H-255 se suma a otros episodios en que las Fuerzas Armadas han obstaculizado la justicia. «La precariedad de la justicia transicional en Chile permitió que personas como Carlos Mardones Díaz, quien estaba a cargo del Comando de Aviación del Ejército durante estos hechos, nunca fueran condenadas,» agregó Velásquez.
En 2018, altos mandos del Ejército, incluidos los tripulantes del vuelo en que tres detenidos desaparecidos fueron arrojados al mar, fueron procesados por asociación ilícita y secuestro calificado. Sin embargo, la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas ha dificultado el esclarecimiento completo de estos crímenes. «La vocación de impunidad corporativa del Ejército y otras instituciones es respaldada, históricamente, por el Estado,» concluyó Velásquez.
Este caso pone en evidencia la complicidad del Estado chileno en perpetuar la impunidad, al no exigir a las Fuerzas Armadas la entrega de información que podría llevar a la justicia y la verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos.
Cifras de víctimas de la dictadura
De acuerdo a publicación del Plan Nacional de Búsqueda, diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, han establecido que “al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990”.
De acuerdo a ello, se estima “sin certeza, la siguiente cantidad de víctimas”:
- Víctimas de desaparición forzada: 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas).
- Personas ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos: 377
“A la fecha se ha logrado establecer responsabilidades penales respecto de la desaparición forzada de víctimas, condenado a agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades”, publica el Plan Nacional de Búsqueda.
Se destaca, que estos procesos “han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada”.
Plan de búsqueda: «Desenterrando la verdad de La Veleidosa» (TVN – Informe Especial)
Un equipo de Informe Especial de TVN, liderado por el periodista Alejandro Meneses, profundizó en las nuevas pericias que se están realizando actualmente para encontrar restos óseos de detenidos desaparecidos en la mina La Veleidosa en Tocopilla, región de Antofagasta. Mira a continuación, el reporte completo:
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