Sin pudor bancada RN interpela por bandas criminales internacionales: Todas ingresaron ilegalmente durante el Gobierno de Piñera

Bancada RN promovió resolución de la Cámara para expresar su preocupación por el ingreso al país de bandas criminales transnacionales

Por medio de la solicitud de acuerdo,  aprobada este jueves 28 de diciembre por 69 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas manifestó  al Presidente de la República “su profunda preocupación por la política migratoria que se está aplicando, así como por el ingreso al territorio nacional de bandas criminales transnacionales”.

El texto, fue promovido desde la bancada de Renovación Nacional encabezada por Frank Sauerbaum y Marcia Raphael,  dando cuenta de una inmigración ilegal descontrolada y que ello  ha implicado el arribo de una importante cantidad de personas cuya identidad no fue pesquisada.

“Entre algunos de estos inmigrantes ilegales presentan historial delictual e integran bandas criminales transnacionales. Entre los grupos delictuales presentes en el país, mencionados en el documento, están el “Tren de Aragua”, “Los Pulpos” y el “Cartel de Jalisco”, se señaló.

Para los autores, parte de la problemática radica en actuaciones del Gobierno, al que se le acusa de tener una “política migratoria flexible”. Asimismo, se le atribuye escaso control y acciones administrativas erradas.

Sin embargo, omitieron un punto determinante en su planteamiento legislativo. Todas las bandas que señalaron ingresaron ilegalmente durante de Gobierno de Sebastián Piñera, es decir, mientras ellos eran oficialismo.

Las bandas criminales internacionales que ingresaron ilegalmente durante el Gobierno de Piñera

Durante los años 2022 y 2023, decenas ha sido los casos informados sobre el desbaratamiento de agrupaciones criminales. El último caso comunicado a la opinión pública, fue este 26 de diciembre, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Calama y OS7 de Carabineros, que  “permitió detener a una peligrosa banda criminal integrada por al menos seis ciudadanos venezolanos y un colombiano, a quienes se imputan tres delitos de secuestro extorsivo, además de otros ilícitos, como tráfico de drogas y homicidio frustrado”, informó la Fiscalía.

Se señaló asimismo desde el Ministerio Público, que con esta acción, se había permitido “desarticular una estructura criminal, que se hacían llamar los Piratas del Tren de Aragua, y que generaron una serie de delitos en la zona, muchos de ellos cometidos también en Santiago, y que terminaban en la región”, se señaló desde prensa de la Fiscalía.

Sin embargo, la presencia en Chile de las bandas transnacionales denunciadas por la bancada de Renovación Nacional, habían sido comunicadas abiertamente durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Un informe del Observatorio del Narcotráfico, alertaba en septiembre del año 2021, que  brazos de dos carteles mexicanos y uno colombiano habían sido detectados en Chile entre 2020 y 2021.

“Los años 2020 y 2021 estarán marcados por el avance de tres carteles internacionales de droga en Chile: los mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, ligado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, además del Cartel del Golfo, del Valle de Cauca, en Colombia”, se comunicaba en el reporte replicado por medios de prensa.

Con respecto a la presencia del Tren de Aragua en Chile,  el primer delito por el que se relaciona a esta banda, es en el año 2021, con el de tráfico ilegal de personas en Tarapacá, según reporte internacional de InSight Crime.

En mayo del año 2022, Mala Espina Check reportaba: “El Tren de Aragua es una megabanda criminal proveniente de Venezuela que llegó a Chile en 2021. Ha sido localizada en Tarapacá, La Serena, Valparaíso, Quilpué, Talca y Temuco, entre otras ciudades de suelo nacional”.

Durante el 2022 y 2023, diversos brazos del Tren de Aragua en Chile han sido desbaratados. De norte a sur. Actualmente, el Ministerio Público ha pedido presidio perpetuo a líderes de esta banda en Puerto Montt, por trata de personas.

FFAA y Gobierno de Piñera al tanto del desborde y situación irregular migratoria

En septiembre del 2022, se dio a conocer sobre los 400 mil documentos filtrados por el grupo de hackers «Guacamaya», donde  se encontraban comunicaciones internas entre autoridades del gobierno anterior y los Jefes de la Defensa Nacional, junto a detalles operacionales de la institución castrense, y deficiencias en las labores de Inteligencia.

Entre los archivos, se identificó la “MINUTA ‘FRONTERA ZONA NORTE’” documento que analizaba la “situación fronteriza en ZN (Zona Norte) en cumplimiento de tareas por DS 265”, decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas a apoyar a las policías en el control del tráfico ilícito de personas, tras su modificación en enero de 2021.

Los detalles de la minuta fronteriza detallaban que  “a la fecha, solo producto del apoyo tecnológico, se han avistado más de 56.000 personas cruzando o intentando cruzar ilegalmente a Chile, concentrados en el LPI (Límite Político Internacional) Norte con Perú entre los Hitos 1 al 20 (10.394 personas), y LPI Este con Bolivia, en el área general de Colchane (45.793 personas)”.

También entre los puntos mencionados, trascendió en aquel tiempo, el  caso de Colchane. El documento advertía de la necesidad de aplicar “mejoras urgentes” en la unidad de Colchane, pueblo de la Región de Tarapacá que concentra los ingresos irregulares. “(En) la región de Tarapacá, que concentra el mayor número de inmigrantes ilegales, junto con requerir mejoras en la infraestructura de las bases de patrulla, es posible proponer lo siguiente”, señalaba el documento.

Cabe consignar que en septiembre del 2021, Luis Toledo, jefe de Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, señalaba a Radio Pauta: “En la situación del norte de Chile debe ponerse especial atención. El ingreso de la droga, cuando es terrestre, es generalmente a través de pasos no habilitados cercanos a Colchane; otros cercanos a la Región de Antofagasta y también en Arica, pero allá existe más control. Pero las mayores cantidades están en la Región de Tarapacá”.

 En julio el 2022, a la ministra vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco,  se le consultaba por el aumento y casos reciente de la época,  sobre ataques aparentemente por encargo y la situación particular de una enfermera, como también de la existencia de bandas extranjeras criminales, señalaba: “Es importante que estas situaciones no se salgan de control y en eso tiene que haber una acción conjunta de todos aquellos llamados a ocuparse del tema. Nosotros, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, somos el último eslabón de la lista desde el punto de vista de las medidas que se deben tomar, porque los tribunales no son los que fijan políticas públicas respecto al tema delictivo, son los que aplican la ley respecto de aquellos casos en que se configuran delitos”.

En julio del 2022 las policías advertían que los crímenes por encargo han aumentado en Chile. “El sicariato se ha asociado al crimen organizado con un uso masivo de armas de fuego y fuertes vínculos con el narcotráfico”.

Desde las políticas populistas de Piñera en el marco del conflicto Colombia-Venezuela el 2019, que intensificaron la crisis migratoria en Chile, las denuncias por ingresos irregulares obtenidas por la PDI y fuentes migratorias aumentaron explosivamente, sin embargo, muy por debajo a lo observado por las FFAA, según filtración Guacamaya.

Por año, se reportó oficialmente los siguientes datos:

2018: 6.310

2019: 8.048

2020: 16.848

2021 (hasta el 30/06): 31.910

Ciper Chile, publicó un reportaje señalando que el 17 de marzo de 2022 los abogados José María Hurtado y Mijail Bonito, ex asesores del Ministerio del Interior y creadores de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, estrenaron su nuevo estudio jurídico: Hurtado & Bonito. La firma ofrece principalmente el servicio de asesoría a extranjeros que buscan residir en Chile o que desean regularizar su estatus migratorio bajo la nueva norma que ellos mismos crearon y defendieron durante su tramitación en el Congreso. El estudio opera en alianza con el bufete venezolano Chacón Vallecillos y Asociados.

Piñera estableció una arbitraria y forzada política de retorno a inmigrantes haitianos desde fines del 2018, a personas de trabajo. El 7 de noviembre, el gobierno del empresario inició la salida de diversos grupos. Un avión de la fuerza aérea traslado a 176 migrantes haitianos a su país natal, siendo el primero de una serie de «vuelos humanitarios» criticados por grupos de inmigrantes como «deportaciones forzadas».

Sin embargo, un 22 de febrero del 2019, el expresidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para entregar, junto a su par Iván Duque, “ayuda humanitaria” a los venezolanos y para respaldar una posible caída del Gobierno de Nicolás Maduro a manos de, en ese entonces, el autoproclamado Presidente Encargado de la nación, Juan Guaidó..

“La fe está más fuerte que nunca y no hay ninguna fuerza capaz de detener la fuerza incontenible de la libertad, de la democracia, que han expresado los venezolanos y sus amigos latinoamericanos durante los últimos meses y años”, señalaba Piñera en el acto.

“No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo. No dejo de preguntarme cómo una persona puede tener tanta ambición y estar dispuesto a causarle tanto dolor y sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo por el solo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece. Llegó el momento de decir fuerte claro que Maduro es parte del problema y no de la solución. La democracia es la solución para Venezuela”,dijo Piñera a su arribo a Cúcuta.

Piñera quiso instalarse como un líder internacional, como un “salvador de la democracia” y un “defensor de los derechos humanos”, mientras se preparaba el escenario de que Chile sería sede de la Cop 25 y Apec. Sin embargo, se levantó el estallido social en el País, con millones de personas movilizadas exigiendo justicias sociales y finalmente el gobierno terminó violando derechos humanos de miles de personas, como uno de los más atroces episodios en la historia democrática del País, con los eventos mundiales suspendidos y con su estrepitosa caída en su “liderazgo” internacional.

En una entrevista en la Deutsche Welle de Alemania en marzo del 2018, Piñera señalaba que apoyará utilizar todos los mecanismos políticos y diplomáticos para ayudar a Venezuela a “recuperar su democracia”, que no reconocerá elecciones presidenciales y seguiría apoyando a los emigrantes venezolanos. “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”.

La exvocera del gobierno de Piñera, Cecilia Pérez aseguró a medios a inicios de junio del 2019 que se seguirá recibiendo migración venezolana «hasta que el país lo resista. Para que los chilenos estén bien. Eso significa poder tener las demandas pertinentes para poder atender salud, educación, vivienda y trabajo», esto, mientras se señalaba desde fuentes oficiales que más de 300 mil venezolanos pretendían ingresar al País desde esa fecha hasta fines del 2020″.

«La oposición no tiene altura moral para venir a cuestionar nada. Ellos nunca establecieron un orden en materia de migración. Nunca les preocupó que los migrantes haitianos estuvieran con dignidad viviendo en nuestro país. Por lo tanto, que no vengan a darnos lecciones a nosotros de lo que significa la solidaridad hacia los migrantes y el orden de nuestra casa en materia de migración», sentenció Pérez.

A dos años de la ida de Piñera a Cúcuta, el diputado Leonardo Soto en una entrevista con El Desconcierto,  señalo que “cómo no van a tener un problema migratorio si Sebastián Piñera, el Presidente que ellos han respaldado durante cuatro años, fue a Cúcuta, al mismo Colombia-Venezuela, a pedir que vengan más inmigrantes”.

De acuerdo a información pública en un reportaje de Ciper Chile, se señaló en febrero del 2022, que funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones informaron la caída de la principal base de datos del área: el Sistema B3000, un archivo que contiene la ‘hoja de vida’ de todas las personas extranjeras residentes en Chile desde 1993, información que permite la emisión de visas o decretar expulsiones, entre otros procedimientos”, señala la indagación.

El primer año de gobierno de Boric y la presencia de bandas criminales internacionales

Varios hitos marcaron con respecto a la presencia de bandas criminales internacionales durante el primer año de gobierno, cuya tendencia ha seguido este 2023. Algunas de ellas a continuación:

En noviembre del 2022 reformalizaron a 34 imputados de Clan Los Gallegos en Arica, de los cuales 29 eran extranjeros. En enero de este 2023, la Pdi allanó 40  casas vinculadas a la banda, cúpula del tren de Aragua en Arica, con casos vinculados a homicidios, narcotráfico y diverso tipo de armamentos.

Uno de los hechos vinculados a la banda criminal es el secuestro de una víctima en mayo del 2022, a quienes trasladaron hasta el sector del vertedero, atado de manos y pies, para luego golpearlo y estrangularlo y finalmente enterrar su cuerpo al interior de un inmueble el que fue encontrado en el mes de junio. El sitio era utilizado como una casa de tortura por parte de la agrupación.

En julio del 2022, se reformalizó en Puerto Montt a cinco ciudadanos extranjeros involucrados en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Ya habían sido formalizados a fines de marzo del año pasado, sindicados como parte de un grupo que pertenecería al Tren de Aragua y que se dedicaba a ingresar a mujeres por pasos no habilitados al país, trasladarlas al sur y ahí obligarlas a ejercer la prostitución.

De acuerdo a la información judicial, el modus operandi de la organización consistía en captar jóvenes venezolanas dentro de Chile, Colombia y/o Venezuela, ofreciéndoles acogida en el país, para luego cobrarles por ingresarlas clandestinamente y explotarlas sexualmente, restringiendo su libertad de diversas formas.

El 27 de enero de este 2023, una red ilícita fue detenida por la PDI y enviados a prisión preventiva acusados de obligar a sus víctimas a prostituirse en Santiago Centro (Plaza de Armas). Los acusados son seis extranjeros venezolanos y un chileno.  Los detenidos cometían sus delitos desde 2021 en ese sector, al igual que en el Barrio 10 de Julio, en la misma comuna.

los imputados están siendo acusados como autores del delito de asociación ilícita para la comisión de delitos reiterados de trata de personas con fines de explotación sexual y al menos seis delitos de trata de personas con la misma finalidad. Entre las víctimas estaba una adolescente extranjera ejerciendo la prostitución en el sector de Plaza de Armas.

«Ella fue obligada a realizar estas labores a modo de pago por una supuesta deuda que contrajo con los perpetradores, quienes la trajeron de Iquique hasta Santiago cuando estaba sin dinero. Ejercía esta labor en habitaciones del Portal Fernández Concha», señalaron desde el INDH.

En enero de este 2023, se condenó a 15 años de cárcel a dos sujetos sicarios de ciudadanía colombiana que dieron muerte a hombre que los contrató para matar a su esposa. La víctima había acordado en abril del 2021, con uno de los conenados, pagarle la suma de $600.000 con el objeto de dar muerte a su cónyuge y, eventualmente, a su hijo. Sin embargo, al juntarse con ellos y luego de pagarles, estos lo apuñalaron y lo mataron.

El jueves 9 de marzo de este 2023, se decretó judicialmente la expulsión del territorio nacional desde Puerto Montt, de siete ciudadanos colombianos, en calidad de autores de delitos consumados de oposición a la autoridad, amenazas y maltrato de obra a carabineros en ejercicio de sus funciones causando lesiones graves, menos graves y leves, daños; además de microtráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones y robo con intimidación frustrado. Ilícitos perpetrados en octubre y diciembre del año pasado, en la comuna.

El 27 de octubre del 2022, se concretó la expulsión de 49 ciudadanos extranjeros luego de cometer graves ilícitos en el País. 45 nacionales colombianos y 4 ecuatorianos, con diversas causas ilícitas que incluye el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando. El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, señaló que la gestión se hizo: “sin overoles blancos, sin espectáculos y respetando el debido proceso”.

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