El juicio en contra de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, se postergó este lunes 28 de marzo por segunda vez luego de una audiencia caótica en la que la acusada se descompensó supuestamente por una crisis nerviosa.
Después de un forzado receso, el Tribunal Primero de Sentencia de Anticorrupción estableció que la nueva fecha de inicio del juicio será el 4 de abril. La primera convocatoria había sido el pasado 10 de febrero, pero ese día se cambió para el 28 de marzo debido a fallas técnicas e impugnaciones de los abogados defensores.
Sin embargo, esta segunda convocatoria también fracasó, ya que en la sesión previa a la declaratoria formal de inicio del juicio de nuevo hubo gritos y quejas de los abogados de la acusada, más constantes interrupciones y fallas de audio que impedían escuchar a los oradores, entre los que había testigos, fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales. Además, los periodistas fueron sacados de la sala virtual.
Áñez participaba de la sesión desde el penal de Miraflores, en donde se encuentra presa desde el año pasado, cuando se desvaneció y tuvo que ser atendida por los médicos. Estaba acompañada por su abogada, Norka Cuéllar, y vestía una camiseta que tenía estampado su propio rostro y el lema «presa política».
El tribunal ordenó el receso de la sesión a la espera de que la exsenadora se recuperara, ya que el juicio no podría iniciar sin ella presente. A través de la pantalla se veía cómo lloraba y se cubría el rostro con las manos. Lo mismo le ha ocurrido en otras presentaciones judiciales en las que ha alegado descompensación por ataques de ansiedad.
La nueva postergación reavivó el intercambio de acusaciones entre el gobierno de Luis Arce y la familia de Áñez.
El Ministerio de Justicia y Transparencia aseguró en un comunicado que las autoridades respetan el debido proceso, pero ante los intentos de la defensa para obstaculizar el juicio, se debe recordar que la interrupción injustificada de un proceso de este tipo es un delito, ya que retarda la aplicación de la justicia.
«Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones», advirtió.
Fuente: RT.
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