Telye Yurisch es economista de la Fundación Terram y profesor de la cátedra de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. En entrevista con El Ciudadano, Yurisch reflexiona acerca del memorando de entendimiento entre Codelco y SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, lo cual, a su juicio, vendría a ratificar la total captura del poder político por parte de la empresa de Julio Ponce Lerou.
Respecto a la Estrategia Nacional del Litio anunciada en abril de 2023 por el presidente Gabriel Boric, Yurisch llama la atención sobre la falta de avance en los diálogos con las comunidades que había prometido el gobierno, además de la nula implementación de los institutos que investigarían el litio y los salares.
¿Cómo evalúas la decisión del gobierno de realizar un trato directo con SQM en lugar de una licitación internacional?
Hay tres variantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es que hay una estrategia nacional del litio que se viene implementando, en teoría, desde el año pasado. Pero hay una historia de explotación que viene de mucho tiempo, desde las primeras explotaciones que se hicieron en los 60 y las primeras sociedades de explotación del litio que se dieron en los 80, como la famosa Sociedad Chilena del Litio, que actualmente es la explotación de Albemarle.
No obstante, el tema empieza a tomar fuerza yo diría que con todas las polémicas de financiamiento irregular a la política que se destaparon en el año 2015, que son procesos judiciales que aún no están cerrados. Todas estas acciones que ha hecho SQM, si bien son actos de corrupción, hay algo más complejo y sistémico que tiene que ver con la captura del Estado, que se expresa en distintos hitos. Eso también hay que tenerlo en perspectiva.
Y hay una tercera variante que es toda la problemática del agua en la zona norte de Chile. La minería de litio no es una minería convencional, es una minería que se hace sobre salares. Los salares no son minas, son ecosistemas frágiles. Son lugares donde habita mucha biodiversidad.
La explotación de litio, como se ha hecho durante los últimos más de 30 años, ha sido extrayendo salmuera que después se vierte en piscinas para que se evapore el agua. Y el problema es la evaporación del agua, porque esa agua no vuelve, o mejor dicho vuelve en un tiempo geológico que no es humano. Entonces se genera una afectación al equilibrio hidrogeológico del salar, eso ya está más que comprobado.
¿Extender el acuerdo con SQM podría tener impacto en el ecosistema de la zona?
Este acuerdo finalmente lo que hace es aumentar el tiempo de explotación. El contrato que tiene actualmente SQM con Corfo es hasta el 2030, pero este acuerdo lo amplía 30 años más, y no tan solo lo amplía, sino que aumenta la cuota de recuperación o de producción de litio, de 165.000 toneladas a 300.000, que es lo que más le ha complicado a las comunidades locales.
Entonces por un lado tenemos un comportamiento empresarial que es bastante reprochable e insustentable y a la vez tenemos un salar cuya situación hidrogeológica es incierta. No sabemos cuál es el impacto que estamos generando. Y eso no lo decimos nosotros como ambientalistas, sino que fue acreditado por el mismo Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Parte de la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno tenía que ver precisamente con la inversión en investigación…
Claro, la estrategia propone, por ejemplo, los diálogos del litio. Desde el día uno se planteaba que los diálogos del litio iban a enmarcar toda la explotación futura del litio en Chile, pero imagínate que la estrategia se anunció en abril del año pasado y los diálogos se empezaron a implementar recién en diciembre, es decir, con un rezago de prácticamente seis u ocho meses. No obstante, las negociaciones para explotar el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga vienen todas desde el día uno.
Hay una incoherencia total en la política. El gobierno dice que va a ser algo que va a estar validado por las comunidades, que va a ser con consulta indígena, que va a ser dialogado y participativo, y finalmente hace unos diálogos que no sabemos en qué términos van a contribuir a la implementación de la estrategia, porque son muy tardíos.
Se habló también de dos institutos que en teoría iban a tener una línea base ambiental y una línea base productiva, con eso se iban a definir salares estratégicos y salares a conservar, y uno suponía que posterior a eso venía después toda la implementación de las asociaciones público-privadas. No obstante, nada de esto está hecho. Tenemos una estrategia que no está implementando efectivamente.
¿La Estrategia Nacional del Litio fue un volador de luces?
Efectivamente, la estrategia no se está implementando. Lo único real que tenemos es un acuerdo entre dos empresas para explotar un salar. Esa es la realidad. El gobierno saltó directamente a la negociación con SQM dejando todo estos anuncios de lado o implementándolos a media máquina.
¿Por qué crees que el gobierno se decidió tan rápidamente por pactar con SQM?
Aquí hay varias cosas que hay que ponderar. Claramente el gobierno quiere entrar a producir en el salar. Inicialmente la idea era generar una Empresa Nacional del Litio que todavía no se ha ejecutado. Hay que entender que esto es una discusión parlamentaria y se puede extender más allá del período de gobierno, entonces la decisión que se toma es tratar de tener una participación efectiva dentro de estos dos años, y la manera más controlada para poder ejercer esta participación es esta asociación público-privada con una de las empresas más corruptas de Chile.
Lo que está pasando acá es una captura política del Estado de Chile por parte de SQM. Evidentemente es una captura política, SQM es una empresa que ha tenido una condición preferente para explotar el Salar de Atacama por distintos mecanismos, uno de ellos es, evidentemente, haber financiado irregularmente a la política.
¿Queda espacio para modificar este preacuerdo entre SQM y Codelco?
Yo creo que hay que reevaluar, porque esto es solo un memorando de entendimiento, no es un acuerdo propiamente tal. Se dice que va a haber una participación mayoritaria del 50%+1 a partir del 2030, yo creo que hay que discutir públicamente por qué el 50+1, por qué no el 70% o el 80%. O por qué no plantear una estatización progresiva, aumentar la participación accionaria de Codelco hasta llegar a un control total para el 2060.
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