“Este Gobierno no va a promulgar una ley que permita el enfrentamiento cuerpo a cuerpo para recuperar terrenos”, así lo aseguró la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la discusión del proyecto de ley sobre usurpaciones.
Durante su intervención ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles, Tohá hizo referencia a que existen otros mecanismos para enfrentar esta problemática y que deben estar plasmados en la normativa jurídica que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles.
Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes (independiente-Revolución Democrática) cuestionó: “¿Qué sucede si la consumación de la usurpación se extiende en el tiempo por meses, años o incluso décadas?”.
“Hablemos de las tierras indígenas: los dueños originales despojados a través de la llamada ‘pacificación de La Araucanía’ ¿estarán autorizados para emplear medios violentos para terminar esta usurpación? ¿Eso es lo que se busca? ¿La guerra?”, enfatizó la parlamentaria.
Vale mencionar que la iniciativa legal, combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, establece una sanción de tres años de presidio por usurpaciones no violentas y cinco años de usurpaciones si son violentas.
Entre las indicaciones aprobadas en su trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana está el procedimiento administrativo para solicitar la restitución anticipada al tribunal, para recuperar el bien raíz; se descartó la necesidad de establecer un plazo para celebrar la audiencia y la necesidad previa de recurrir a una demanda civil; se aprobó la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria; también que los directores de Serviu puedan deducir acciones y querellas respecto a ocupaciones o hechos constitutivos de delito, que se hayan cometido en el territorio de su competencia y se estableció que no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble que se encontrase ocupando, y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
El proyecto de ley ha sido fuertemente criticado por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -en forma armada- tratar de recuperarlo, reseña Cooperativa.
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