La ministra del Interior, Carolina Tohá, se pronunció sobre el veto por parte del Ejecutivo al proyecto de ley que regula las usurpaciones ilegales de inmuebles, asegurando que “no queremos sacrificar” el espíritu inicial, sino frenar “esta aberración que se le puso en el camino”, al referirse a la habilitación de una legítima defensa privilegiada permanente.
“Queremos vetar ciertos aspectos que son muy conflictivos, pero al mismo tiempo no queremos sacrificar otros aspectos que son positivos y que estaban en el espíritu inicial del proyecto”, dijo al agregar que “el espíritu inicial del proyecto era elevar las penas, transformar este delito como uno permanente, que habilita la acción de la policía en cualquier momento, y en eso estamos de acuerdo”.
En conversación con ADN Radio, aclaró que “en lo que sí hay disputa es en la habilitación de una legítima defensa privilegiada permanente, y que no se agregó en la Cámara de Diputados, sino que se agregó en el Senado”, y “otra cosa que queremos vetar es que, en el afán de aumentar las penas, con lo que había acuerdo, se igualó la pena para la usurpación que se hace con violencia o intimidación, con amenazas o hiriendo a alguien, con la que, por ejemplo, rompe un candado o salta una reja”.
“Si alguien usurpa un bien con amenazas o una pistola en la cabeza, recibe la misma pena que alguien que salta una reja. La pena debería ser más baja en este último caso”, consideró al tiempo que añadió que “estos aspectos queremos vetar, y la técnica que usaremos las estamos estudiando, porque no queremos que se caiga la parte buena de la ley y donde hay acuerdo”.
“También queremos excluir a los campamentos de esta modalidad, porque es un caso distinto, y no quisiéramos que todas estas personas sean detenidas o se les aplique la legítima defensa privilegiada”, aseveró la secretaria de Estado.
En sus declaraciones, Tohá defendió que “consideramos que, éticamente, es nuestro deber vetar la ley (…) Lo que tenemos claro es que va a haber veto, tenemos 30 días para esto, pero los aspectos fundamentales donde hay acuerdo no los vamos a tocar”.
“El Ejecutivo estaba de acuerdo con esta ley, pero no con esta aberración que se le puso en el camino”, aseveró y explicó que “la legítima defensa privilegiada en las usurpaciones es una prerrogativa permanente, o sea, lo puedes aplicar dos meses después de que fue usurpado el bien. Entonces, alguien puede preparar un grupo de personas, armarlas, e ir por sus propios medios a repeler la usurpación”.
“Nosotros somos partidarios de que rijan las reglas generales. Si un bien está siendo usurpado, y los propietarios están dentro, tienen derecho a repeler el ataque, están en su propiedad, en una legítima defensa privilegiada, pero por 12 horas, no en esta modificación permanente”, sentenció.
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