Toma del INDH: «Estamos dispuestos a deponer la toma si se garantiza el cumplimiento de las demandas elevadas por sobrevivientes y familiares»

La mañana de este lunes se sacó un comunicado público desde la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En él, las y los integrantes de esta ocupación, iniciada en julio de 2021, evalúan entregar el edificio a la Asociación Nacional de Funcionarixs Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH), para evitar un desalojo violento y se dirigen al gobierno.

ANDEDH emplaza al Gobierno a pronunciarse sobre las víctimas de violencia estatal

En el comunicado se hace un repaso sobre el contexto que propició la ocupación del recinto como acción de lucha contra la violación a derechos humanos perpetuados desde octubre de 2019, denunciando, como han hecho desde un principio, la responsabilidad del director del INDH, Sergio Micco, en la inexistencia de una política de reparación integral para les sobrevivientes de la violencia estatal en el marco del estallido social.

«Nos encontramos con una pared gigante, llamada SERGIO MICCO. Fue durante los intentos de diálogo, en mesas de negociación con el organismo, donde quedó en evidencia que los motivos de la grave inacción del instituto se debía a la gran cruzada de Micco por resguardar a los responsables políticos de la violación sistemática de los derechos humanos, altos mandos y autoridades tales como el otrora presidente de la república, Sebastián Piñera. La complicidad del director con el gobierno anterior quedó expresada en la negación absoluta a las demandas contenidas en el petitorio, particularmente las que implicaban un cuestionamiento hacia el ejecutivo, además de las constantes maniobras por boicotear el diálogo», sentenciaron.

El espacio se ha vuelto un lugar de coordinación para las víctimas de represión estatal, sus familias y organizaciones sociales, quienes hoy exigen al nuevo gobierno políticas de reparación efectivas e integrales. Hoy, además de denunciar la inoperancia de Micco, desde la toma acusan la solicitud de desalojo del edificio próxima a vencer, el 23 de marzo, y la criminalización de la protesta, que se manifiesta a través de una investigación por «usurpación violenta» dirigida por PDI.

Es debido a lo anterior que «para evitar un escenario que expone a les sobrevivientes y familiares, decidimos tender puentes fuera de las instancias formales del instituto, comprendiendo que las intenciones de Micco y su directorio son perseguir judicialmente, amenazando y re victimizando a los integrantes de la toma. Parte fundamental de estas conversaciones han sido con la Asociación de Funcionarios del INDH quienes desde un principio estuvieron junto a las víctimas y sus familias», señalan desde la toma.

Haciendo eco del último comunicado de la ANDEDH, las y los manifestantes emplazan al nuevo gobierno para que dé respuesta a las demandas contenidas en el petitorio de la toma y por ende «podamos acceder a la propuesta de la Asociación de Funcionarios, haciendo entrega del edificio para dejarlo en manos del sindicato«, señalan.

Petitorio

Desde la toma expresan la necesidad de ser consecuentes con las demandas por libertad, justicia y reparación. En virtud de eso señalan estar «dispuestos a deponer la toma si se garantiza el cumplimiento de las demandas elevadas por sobrevivientes y familiares, quienes merecen un proceso
reparatorio y de justicia donde el Estado de Chile se haga responsable por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos agudizadas en contra de nuestro pueblo desde el 18 de octubre de 2019″.

Las exigencias son las siguientes:

1. Reconocer las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
2. Iniciar el procedimiento judicial correspondiente ante los crímenes de lesa humanidad mandatados por Sebastian Piñera Echeñique, puesto que es el responsable político de las consecuencias que viven nuestrxs compañerxs y sus familias. Además, deben ser enjuiciados todos los agentes del estado que accionaron de forma directa violentando a nuestro pueblo.
3. No permitiremos que sigan impunes los responsables políticos y directos, pero además para que no haya repetición exigimos la disolución de Carabineros de Chile y la refundación de los demás agentes del Estado.
4. Reconocer la prisión política en Chile y la libertad sin condiciones a nuestras compañeras y compañeros presos políticos quienes son enjuiciados por ser luchadores sociales que buscan mejorar las condiciones de nuestro pueblo.
5. Que se respete y aplique el principio de probidad para evitar los conflictos de interés que han ocurrido en los diferentes juicios que se han aplazado, puesto que han utilizado el mecanismo de extender de forma excesiva la prisión preventiva y han aplazado los procedimientos en lo que se buscan enjuiciar a los agentes del estado y particulares que han sido mandatados a asesinar a nuestrxs compañerxs.
6. Reabrir aquellos procesos judiciales en los cuales no se ha cumplido el principio del debido proceso, en específico los casos de calcinados que se ejecutaron en la revuelta y donde aún no existe investigación ni enjuiciamiento de los responsables.
7. Exigimos de forma urgente una ley de reparación integral para todas las víctimas de la represión estatal la cual no tan solo se encargue de lxs afectadxs directxs como lo son lxs sobrevivientes y presos y presas políticas, puesto que las experiencias que los obligaron a vivir también han generado repercusiones en sus familiares.
8. Ampliación del Programa Integral de Reparación Ocular hacia todos los que hemos sido sobrevivientes del terrorismo de Estado, junto a sus familias.

Desde la toma instan al nuevo gobierno a responder públicamente las demandas. «El ejecutivo no puede ser cómplice de la cruzada impulsada por Micco para criminalizarnos, porque sería formar parte e instruir un desalojo que significaría un violento proceso de revictimización para quienes vivieron la violencia estatal», concluyeron.