Transnacional Minera Aclara judicializa a defensores ambientales en Penco: Acusan estrategia de intimidación y censura

Judicialización de defensores ambientales: Minera Aclara recurre a tribunales contra detractores de proyecto en Penco

La minera Aclara Resources, a través de su filial REE Uno SpA, interpuso un recurso de protección contra dos activistas ambientales de Penco, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, acusándolos de administrar una cuenta de redes sociales que, según la empresa, difundiría información para «enlodar su reputación». Los denunciados rechazan las acusaciones, calificándolas como un intento de criminalizar la protesta social y amedrentar a críticos de su proyecto de tierras raras.

Según documentos revisados por RESUMEN.CL, en una publicación de Javier Arroyo, el recurso —de 55 páginas y en estado de «en relación» ante la Corte de Apelaciones de Concepción— exige la eliminación de publicaciones en las cuentas de Keule Resiste (Facebook e Instagram) y que los imputados se abstengan de futuras críticas. Sin embargo, ambos activistas niegan tener vinculación con la administración de dichas plataformas.

Activistas responden: «Es una persecución infundada»

Arnoldo Cárcamo, habitante de Penco, afirmó a RESUMEN.CL que la minera «no investigó antes de acusarme», aclarando que si bien ha criticado el proyecto, no gestiona las cuentas señaladas. Por su parte, Camila Arriagada, exconsejera regional del Biobío, denunció un patrón de hostigamiento: «Llevamos un historial de conflictos con esta empresa, que usa herramientas legales para silenciarnos».

Arriagada recordó un incidente previo donde fue acusada falsamente de provocar desórdenes en un evento de la empresa, lo que afectó incluso su labor pública. Sobre el recurso, sostuvo: «Nunca administré Keule Resiste. Mis opiniones las expreso en mis redes personales, dentro del marco legal».

Abogado defensor: «Es un abuso del derecho a la honra»

El abogado Cristian Urrutia, representante de los activistas, señaló que el recurso carece de fundamentos probatorios y busca «instrumentalizar la justicia para censurar». «Se vulnera la libertad de expresión, garantizada en la Constitución y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú», afirmó. Urrutia adelantó que solicitarán el rechazo total del recurso, destacando que la estrategia judicial de Aclara «intimida a comunidades que defienden su territorio».

«La judicialización como herramienta de silencio»

En una columna publicada en redes sociales, el sacerdote y psicólogo Marcelo Bustos Peña, párroco de Penco, criticó la judicialización de la protesta ambiental, subrayando que «la defensa del territorio no es un delito, sino un derecho».

Bustos recordó que la Constitución chilena y el Acuerdo de Escazú protegen tanto el medio ambiente como la libertad de expresión, y cuestionó: «¿Cómo puede una empresa dialogar con la comunidad si responde a las críticas con tribunales?». Advirtió que estas acciones generan «miedo y erosión democrática», transformando la justicia en un «muro contra el disenso».

El religioso cerró con un llamado a defender a Penco como «comunidad valiente», donde la voz de los ciudadanos «no debe ser criminalizada».