La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) manifestó su profundo sentir por la medida adoptada por el Ejecutivo a través de decretos revocatorios a Contraloría.
A través de un comunicado, señalaron que “hay una renuncia a la agenda de derechos humanos. A las declaraciones recientes, por parte del oficialismo, referidas a quien encabezara el estado en tiempos del estallido social se agrega otra grave situación”.
Pese a que la ministra del Interior, Carolina Tohá declaró que las pensiones de gracia se mantendrían debido a la “gravedad del daño causado por los agentes del Estado”, sin embargo, algunas víctimas denunciar no haber recibido el pago acordado.
La Codepu señaló que esta medida “no tiene consideración con las víctimas, se les retraumatiza y es contraria a lo afirmado por el propio gobierno”
Además, agregó que “transgrede obligaciones de derechos humanos en materia de justicia y reparación, lo que compromete su responsabilidad ante la comunidad internacional”.
Finalmente, Codepu anunció que presentará todas las “acciones legales que permitan revertir esta errónea decisión”.
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