Tras filtración de examen en Hospital de Los Ángeles: ¿Qué hago si descubro que filtraron mi ficha clínica?

Tras lo ocurrido en el complejo asistencial “Dr. Víctor Ríoz Ruiz” ubicado en la ciudad de Los Ángeles, el hospital “instruirá un sumario interno administrativo en contra de quien o quienes resulten responsables por la filtración de datos confidenciales del paciente”, señalaron a través de un comunicado público.

Además, el documento agrega que “se pondrán los antecedentes a disposición del Ministerio Público”.
El hecho abre un interesante debate sobre cuáles son los derechos de las personas respecto a su ficha clínica.

La ley 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes, estipula que “la información que surja de la ficha clínica, de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, es considerada como dato sensible y por tanto tiene la calidad de reservada”.

Por otro lado, la ley aclara que “quienes no estén relacionados directamente con la atención no tendrán acceso a la información, salvo las excepciones legales”.

Sólo podrán tener acceso a al contenido de la ficha clínica o parte de ella:
-El paciente o su representante legal.

• Otras personas u órganos habilitados por la Ley, o por el titular mediante poder simple otorgado (suscrito) ante Notario.
• Los tribunales, siempre que la información contenida se relacione con las causas que conoce.
• Los fiscales del Ministerio Público y abogados, previa autorización del juez cuando la información se relaciones con las causas que llevan.
• Superintendencia de Salud, Fondo Nacional de Salud (FONASA), Instituciones de Salud Previsional (Isapres), de acuerdo a la interpretación de las normas sobre acceso a información clínica de beneficiarios por parte del Fonasa y las Isapres.

Como habrás visto, la filtración de la que fue víctima aquella persona en Los Ángeles no entra bajo ninguna de estas excepciones.

Finalmente, el comunicado emitido por el hospital de Los Ángeles, hace un llamado “a sus funcionarios y funcionarias” a respetar la privacidad de las personas y “reforzar su ética profesional en cuanto a la atención y la integridad de los usuarios y usuarias”.