El Gobierno Nacional anunció en la tarde de este jueves que están evaluando las acciones legales y constitucionales pertinentes para aplicarlas al juez del Juzgado de Garantía de Arica, que ordenó revelar la identidad de los testigos protegidos y de agentes encubiertos en la invesitgación que se lleva a cabo contra la banda «Los Gallegos», célular del Tren de Aragua en el país.
En concreto, el juez había determinado que se revelara la identidad de 57 personas que fungen como testigos protegidos o agentes encubiertos en el caso, no obstante, la decisión fue revertida por la Corte de Apelaciones ante un recurso de protección presentado por la Fiscalía de Arica.
Al respecto, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, calificó la postura del juez como una «conducta equivocada» y hasta «negligente».
«El Gobierno está analizando las facultades constitucionales y legales sobre los que parece una conducta equivocada y eventualmente negligente», expresó Mosalve, citado por 24Horas.
Esta tarea se le fue encargada al ministro de Justicia, Luis Cordero.
«Estamos analizando las facultades constitucionales que tiene el Presidente de la República, específicamente en el artículo 32, que le entrega las facultades de revisar la conducta ministerial de los jueces y de otros funcionarios del Poder Judicial. Esta materia se le ha encargado al ministro de Justicia Luis Cordero» agregó.
De igual forma, aseveró que durante el proceso, no se permitió escuchar a las partes intervenientes, entre ellas al fiscal a cargo de las investigaciones.
«Tampoco se le permitió participar a los abogados del Ministerio del Interior», sostuvo el subsecretari de Interior, citado por MegaNoticias.
Ante la situación, el subsecretario señaló que todos los nombres protegidos se encuentran en manos de la Defensoría Pública, y esta — afirmó Monsalve — no cuenta con la orden ni la potestad de entregarlas.
Durante la jornada de este jueves, se conoció que la Fiscalía Nacional abrirá una investigación contra todos quienes resulten responsables por la divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.