Tres meses de suspensión por graves casos de Acoso Sexual, pero seguirá en el Poder Judicial: Las redes de protección del Juez de Rancagua Luis Barría

Por Angela Pong

El 02 de febrero de 2021 la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió sancionar al magistrado, Luis Barría Alarcón, con la suspensión de su cargo por tres meses recibiendo la mitad de su sueldo, debido a un sumario abierto que confirmó la veracidad de las denuncias por reiterados acosos sexuales a las funcionarias del Juzgado de Garantía de la región de O’Higgins.

Aquella decisión, fue ratificada esta semana por el pleno de la Corte Suprema; suspensión de tres meses con goce de medio sueldo «por su responsabilidad en el cargo materia del presente sumario«. Sin embargo, salvo por la suspensión, el máximo tribunal no se refirió a la solicitud del Tribunal de Rancagua, la medida destinada a dar protección a las víctimas, que sería el traslado del juez, algo que el máximo tribunal no resolvió en esta ocasión. Pero a pesar de darse por acreditados al menos dos de las denuncias -en otras dos fue sobreseido-, el Juez Luis Barría seguirá trabajando en el Poder Judicial.

A pesar que otros medios sacaron a la luz este caso en 2020, El Ciudadano pudo acceder a documentos de la causa y registros fotográficos exclusivos que aportan firmeza y veracidad a las denuncias por acoso sexual reiterado por parte del magistrado Barría, quien es reconocido por su actuar profesional en el «Caso Caval», entre otros. Además, el abogado de las víctimas, Gastón Gaete, conversó con este medio dando detallados antecedentes, respecto a lo ya ratificado por el máximo tribunal.

La resolución de la sanción por parte de la Corte de Apelaciones rancagüina en febrero pasado, se confirmó luego de que la Corte Suprema decretara en octubre de 2020 esta medida cautelar, ya que en junio del mismo año se presentó ante el máximo tribunal, una denuncia anónima que acusaba al magistrado por reiterados acosos sexuales a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua.

En aquella oportunidad, la Corte Suprema remitió el caso a la Corte de Apelaciones de Rancagua, y ordenó que se abriera un sumario administrativo, por lo que comenzó una investigación a cargo de la fiscal judicial de ese entonces, Natalia Rencoret, quien tuvo que realizar una rueda de interrogatorios a gran parte del personal del Juzgado de Garantía de Rancagua, lugar desde donde provino -probablemente- la denuncia anónima. 

Sin embargo, el juez Luis Barría siguió trabajando hasta noviembre del año pasado, meses después de comenzar un sumario administrativo en su contra, lo que corresponde a una excepcional irregularidad, ya que un funcionario público que está siendo indagado por un sumario de esa naturaleza, debe dejar de ejercer sus funciones hasta que concluya la investigación, lo que da cuenta de la red de protección que mantiene entre sus superiores jerárquicos, no siendo la primera ni la última vez que actuaron en la causa. 

Así, se desprendieron los testimonios de las funcionarias víctimas de los hechos, y otros  funcionarios que declararon como testigos. Cuatro casos revelaron situaciones con un actuar promiscuo y abusivo por parte del juez indagado, pero una funcionaria -que sus colegas reconocieron como la mayor de las víctimas, por la gravedad y reiteración de los hechos que sufrió de parte del magistrado-, no denunció por miedo. Además, uno de los testimonios más relevantes fue el de una funcionaria quien acusó al juez Barría por hechos ocurridos el 2006, por lo que la fiscal Rencoret lo declaró prescrito.

“… recuerdo estaba tomando audiencias con él en la sala 2º del Tribunal de Rancagua, se hizo un receso, él salió de la sala y producto de una consulta que hizo un interviniente, en este caso un defensor, fui en su búsqueda, me paré a su lado mostrándole la agenda del día, comienzo a manifestarle lo pedido y en ese instante él pone su mano por detrás de mí cuello, luego la baja a la zona de la espalda hasta llegar a mi trasero. Recuerdo me puse roja, sentí un calor inmenso en mi rostro, nunca lo he podido olvidar ni tampoco como estaba vestida (traje negro con un beatle morado), me tiré hacia atrás, a fin de que sacara su mano, y volví a ingresar a la sala, me senté en mi puesto de trabajo, no podía soportar las ganas de llorar y le pedí a mi compañera Jeanette Véliz que me reemplazara”, fue parte de la declaración de la víctima en el sumario.

Una fuente cercana a la causa, conversó con El Ciudadano y confesó que la decisión de prescripción fue errónea, ya que los hechos se habrían mantenido en el tiempo en carácter de “reiterados”. Además, en el sumario se esgrime que la misma víctima notificó de lo sucedido a su jefe de ese entonces, Carlos Gordon Olave, quien no le dio ninguna respuesta y justificó, como en otros casos los hechos, diciendo “que a las niñas les gustaba”, dejando en impunidad de los hechos y permitiendo junto con el actuar de su sucesor en el cargo, Rodrigo Valenzuela, junto a otros superiores, que se reiteraran las conductas durante los años posteriores, hasta incluso inicios del año 2020.

La fuente reitera que la víctima volvió a denunciar estas situaciones en 2015 al administrador del tribunal, Rodrigo Valenzuela, pero este no remitió la denuncia ni realizó una investigación al respecto, porque según reconocen varios funcionarios, tiene una íntima amistad con el juez Barría. 

La responsabilidad de esos administradores por las conductas del juez, aún se mantiene pendiente, ya que además de ser graves faltas administrativas como superiores de las víctimas, su desidia, omisión y desprestigio de ellas puede ser también constitutiva de delito, porque su protección del juez Barría permitió que existieran nuevas víctimas del juez, constituyéndose en su cómplice y encubridor.

Finalmente, la fiscal judicial acreditó la veracidad de los cuatro casos por denuncias de connotación de acoso sexual. Sin embargo, basándose en lo que establece el Acta 103 de la Corte Suprema, sólo pudo formular cargos contra el juez Luis Barría por dos denuncias, en que se señala “haber acosado sexualmente a las funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua doña (…) y a (…), a quienes mediante distintas acciones, que de manera explícita o implícita se referirían a requerimientos de carácter sexual no consentidos por la ofendida, tales como tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas”, relata el sumario.

A continuación, se adjunta el comienzo de la acusación que realizó la fiscal judicial, Natalia Rencoret, que fue firmado en octubre de 2020.  

Poco después de formular cargos, la fiscal judicial fue nombrada como ministra de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por lo que quedó a cargo de la indagatoria un segundo fiscal judicial de la corte rancagüina, Álvaro Martínez, quien se declaró inhabilitado para tomar el caso por su cercanía con el magistrado Barría, por lo que la causa quedó paralizada por casi un mes.  

Así, se decidió remitir a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Talca. Pese a esto, la jurisdicción de la Región de O’Higgins fue quien siguió tomando decisiones del caso, a pesar que la mayoría de sus integrantes son amigos o mantienen estrecha relación con el juez, cuestión que se ha declarado públicamente y también en el sumario y pese a lo cual, impunemente han seguido resolviendo. Actualmente, las dos víctimas que siguen con la causa están aterrorizadas por haber denunciado a un magistrado que se jactaba de sus amistades en la Corte de Apelaciones y que mantiene también cercanos en todos los demás organismos afines en la región, que lo han protegido, encubierto y amedrentado  a las víctimas y testigos, para evitar que pague una sanción proporcionada a los hechos cometidos, tanto en la causa administrativa, como en la penal, que ni siquiera ha sido formalizada pese a la contundencia de los hechos, según las fuentes consultadas. 

El administrador del Juzgado de Garantía de Rancagua, Rodrigo Valenzuela Correa, sabía de estos acontecimientos desde mucho tiempo antes de que se hiciera la denuncia formal ante la Corte Suprema en junio de 2020.  Pero eso no es todo, en el sumario administrativo declaró en tres oportunidades como testigo del indagado juez Barría, donde, según la fuente anónima, mintió diciendo que él desconocía los hechos de connotación sexual, que le fueron informados en varias ocasiones durante años por una de las víctimas y que no sabía nada respecto de la identidad de las mismas y testigos, a pesar que por su cargo era informado de quienes y cuando prestarían declaración en la indagatoria. 

Sin embargo, se acreditó en la investigación que sí tenía conocimiento desde antes, a lo menos, tras otro sumario que se le realizó a la funcionaria que acusó de los hechos ocurridos en 2006.  En esa investigación, quedó registrada su declaración de que notificó al administrador sobre hechos de acoso sexual y laboral por parte del Juez Luis Barría hacia su persona; pero extrañamente ese sumario “se perdió”, justo cuando la funcionaria lo necesitaba para acreditar su denuncia y hasta la fecha no existe ningún responsable sancionado por esa pérdida. 

Otras figuras que se han catalogado como “protectores” del juez Barría, son dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, uno de ellos es el ministro, Michel González, quien es el mayor implicado en los hechos junto con el administrador, ya que el ministro ejercía como visitador del Juzgado de Garantía en el año 2020, tal cual habría ocurrido en múltiples veces desde que es jefe de ese tribunal, a pesar que mantiene un estrecho vínculo de amistad con Valenzuela y Barría, compartiendo y saliendo de viajes en múltiples ocasiones junto a sus familias. Pese a esto, y con un sumario en contra del magistrado en que se inhabilitó al ser expuesta públicamente su conocida amistad, siguió ejerciendo como fiscalizador en el tribunal y prestando luego declaración en el sumario a favor de su amigo. En otra causa, en que el juez Barría reclamó por supuestas filtraciones a la prensa y como medida de amedrentamiento en contra de las víctimas -que está en curso-, el ministro González no se inhabilitó, como tampoco para supervisar el mismo tribunal en que sigue trabajando su otro amigo.

Fue así, que las funcionarias pidieron en la visita a fines de 2020 una entrevista con él, para que las ayudara y les entregara medidas de protección, a lo que este se comprometió, según indica una fuente para este reportaje. Sin embargo, en el informe que realizó en esa oportunidad, no notificó la solicitud de adoptar medidas de protección a las denunciantes que trabajan en el tribunal, y pese a la información que recogió y a requerimiento de su amigo juez, declaró en el sumario en su favor y negó conocer a las víctimas y testigos, a quienes él mismo había entrevistado. 

El artículo 153 del Código Orgánico de Tribunales, establece que el ministro en visita en su ejercicio levantará un informe donde señale a quién entrevistó y de haber temas urgentes, tiene que adoptar medidas e informárselas al pleno de la Corte de Apelaciones.

El ministro Michel González, al declarar como testigo a favor del Juez Barría en el sumario, además insistió en que sí se tomaron medidas de protección en el Juzgado de Garantía. Una fuente señala a El Ciudadano que esto no es cierto, que el tribunal no ha sido intervenido con medidas de protección como apoyo psicológico para las funcionarias después del sumario administrativo hasta el día de hoy, ni a petición del ministro visitador, ni de la Corte de Apelaciones. 

Otro lazo amistoso conocido que tiene el juez Barría en la Corte de Apelaciones es con el ministro, Pedro Caro, quien quedó inhabilitado para llevar el sumario. Sin embargo, se tomaron sus declaraciones donde confesó que efectivamente en 2019, en el marco de otro sumario, fue notificado de las conductas del juez y no cursó la denuncia, pese a que tiene el deber de hacerlo y que esa omisión es un delito, en el que incurrió para ayudar a su amigo y respecto del cual aún no se inicia una causa en la Fiscalía.

Las celebraciones del ministro y el juez en el Tribunal

En exclusiva, nuestro medio tuvo acceso a fotografías donde se aprecia las conductas impropias o al menos cuestionables realizadas dentro del Tribunal de Garantía de la capital de O”Higgins por las autoridades judiciales que se han señalado en este reportaje, así, se aprecia al actual ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua  Michel González Carvajal, vestido de huaso y con su boca abierta hace el ademán de morder la cara de una funcionaria, en un ámbito de estrecha confianza y cotidianidad con una subalterna

todo aquello dentro del Tribunal, en una actividad realizada hace algunos años a propósito de las Fiestas Patrias. Del registro fotográfico aparece al menos cuestionable, que un Ministro que realiza este tipo de conductas no se inhiba de intervenir en las investigaciones que recaen sobre el Magistrado Barría, referido también, a otras funcionarias del mismo Tribunal.

Esta foto data de la época en que el actual Ministro de la Corte de Apelaciones era Juez titular del Tribunal de Garantía de Rancagua, donde se puede apreciar una conducta al menos indebida para un Juez de la República; se aprecia esta escena en el estacionamiento del Tribunal de Garantía, donde si bien se puede comprender la ocasión de una festividad, resulta incomprensible que en un funcionario público regido por el deber de probidad y decoro, tenga este tipo de actos en que a simple vista se aprecia una conducta pública y sexualizada con una funcionaria del tribunal, quien se encuentra en inferioridad jerárquica en relación al actual ministro titular de la Corte de Apelaciones y que curiosamente, pese al contenido explícito de la foto, declara junto con él en el sumario, a favor del juez Barría. Cabe agregar que esta fotografía no fue acompañada en el sumario seguido en contra de él. 

En la segunda fotografía se aprecia al cuestionado Juez Luis Barría detrás de una funcionaria, precisamente una de las víctimas acreditadas en el sumario por acoso sexual, dándole de beber algo que aparenta ser un líquido, también dentro del ámbito de celebraciones del mismo Tribunal de Garantía de Rancagua. 

En la tercera fotografía , se aprecia al Magistrado Barría con sus manos en la zona abdominal de dos funcionarias, cuestión que coincidiría con las conductas impropias realizadas por juez actualmente suspendido de sus funciones, a un costado con una víctima y al otro, con la misma funcionaria señalada más arriba que presta declaración en su favor y que es fotografiada junto al ministro González. De fondo, se aprecia el estacionamiento del Tribunal de Garantía de Rancagua.

En la cuarta Fotografía se aprecia de izquierda a derecha  acostados, al juez Luis Barría con camisa clara  y jeans claros, y a la derecha también en la misma posición al actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la época Juez de Garantía de Rancagua y luego de ellos, el Administrador del mismo tribunal Rodrigo Valenzuela, donde se aprecia el grado de amistad o al menos la confianza que mantienen  los tres, de modo que resulta al menos cuestionable que el actual ministro, no se inhabilite en las causa seguidas en contra del cuestionado magistrado Barría y continúe participando como superior en decisiones relativas al Tribunal de Garantía en que tantas amistades, cercanías y complicidades mantiene aún hasta la fecha.

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Así, luego de lo descrito, lo complejo o cuesta arriba que ha sido el proceso en la protección de las víctimas, a lo que se suman entre otras las fotografías, se puede comprender la real magnitud de las redes de protección que todavía subsisten en la Corte de Apelaciones, apreciando en el material exclusivo entregado a este medio la naturalidad de la conducta del Ministro y el Juez suspendido, junto a la amistad de ambos con el administrador del Tribunal en que ocurrieron los acosos investigados, y el evidente lazo de amistad y compañerismo que los une.

El abogado, Gastón Gaete, defensor de las dos víctimas, interpuso ante el Juzgado de Garantía de Rancagua una querella criminal en contra del juez Luís Barría, por abusos sexuales reiterados, sancionado por el artículo 366 del Código Penal. Este se declaró admisible por el tribunal el 23 de febrero, y fue remitida al Ministerio Público.

 “… la casi totalidad de los magistrados que se han desempeñado en calidad de titulares o suplentes, siempre han mantenido el respeto debido con nuestras labores y en especial un decoro básico por nuestra calidad de funcionarias y mujeres; respeto que, sin embargo, ha sido quebrantado de manera brutal, sistemática y múltiple por el querellado Sr. Barría Alarcón…” señalaron las víctimas en la querella.

El Ministerio Público ya tenía abierta una investigación del caso luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua abriera el sumario en 2020, pero el abogado Gaete indica que es sorprendente que hasta la fecha el organismo no ha formalizado.

“En otros casos similares la fiscalía ha tomado otra actitud, entonces suponemos que el Ministerio Público tiene interés de que el caso no siga adelante. Es evidente que hay un conflicto de interés, y es por eso que nosotros solicitamos a la Fiscalía Nacional que sacara la causa del Ministerio Público de la jurisdicción de O’Higgins a otra región” declaró tal como ha ocurrido en múltiples casos de connotación social ocurridos en la misma región.

Ante la sanción considerada insuficiente por la defensa y las víctimas, se realizó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. “La decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de suspender del cargo por tres meses rebajándole la mitad del sueldo al juez Luis Barría, es insuficiente y debería abrirse un cuaderno de remoción”, esgrimió Gaete.

“Aclaro además, que esta sanción todavía está sujeta a ratificación por parte de la Corte Suprema, quien puede facilitar que se le abra un cuaderno de remoción. » Es impresentable que habiéndose acreditado casos de connotación sexual no se haya destituido al juez”, concluyó.

De este modo, el Juez Luis Barría hoy es sancionado, sin embargo, a pesar de la gravedad de las denuncias, dos de ellas acreditadas, se le mantendrá en el Poder Judicial. Las víctimas, y conocedores del caso, apuntan a que aún se mantiene la protección a Barría, lo que con la última decisión del máximo tribunal -suspensión por tres meses con goce de medio sueldo- parece ser cierta.