Tribunal Supremo de España revoca el establecimiento para zona de bajas emisiones en Madrid

El Tribunal Supremo no admitió a trámite un recurso presentado por el colectivo Ecologistas en Acción para intentar salvar Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital española.

«No concurre ninguno de los supuestos de interés casacional invocados», responde el Tribunal Supremo al recurso de los ecologistas, en lo que supone la anulación en firme del proyecto.

De esta forma, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en julio de 2020, donde se anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales —como no cumplir trámites de información pública o de memoria económica— tras un recurso del actual Ayuntamiento de la ciudad.

El actual alcalde, José Luis Martínez Almeida (del conservador Partido Popular) llegó al consistorio en 2019 tras una campaña electoral que, sobre todo, se centró en criticar a su sucesora alegando que Madrid Central cercenaba la libertad individual de los conductores y congestionaba la ciudad.

La anterior alcaldesa, la izquierdista Manuela Carmena, dedicó buena parte de su acción de gobierno a implantar Madrid Central, que transformó casi la totalidad del distrito centro de la ciudad (472 hectáreas) en una zona de bajas emisiones.

Para ello, el plan —que entró en vigor en noviembre de 2018— restringía en dicha área el tráfico de los vehículos, con excepción de los residentes, transportes públicos y los medios de transporte menos contaminantes, estableciendo la imposición de multas para quienes ignoraran las restricciones.

Según un informe de Ecologistas en Acción, en el primer año natural de funcionamiento de Madrid Central, la capital española registró sus mejores datos de calidad del aire en una década, reduciendo la contaminación en un 20%.

Además, la implantación de Madrid Central disuadió de la imposición de multas a España desde la Comisión Europea después de que Bruselas emitiera un ultimátum en 2017 alertando de que la ciudad superaba los límites de dióxido y nitrógeno establecidos por la Unión Europea.

«Independientemente de disquisiciones jurídicas, resulta claro que el empeño de tirar por tierra las actuaciones del gobierno municipal anterior y la obsesión de defender la libertad de circular en coche frente al derecho a respirar aire saludable, hace que Madrid se quede sin ningún plan serio de lucha contra la contaminación», denunció Ecologistas en Acción tras conocer la anulación de Madrid Central.

Pese a los empeños del Ayuntamiento por tumbar el proyecto del anterior gobierno municipal, los regidores madrileños se encuentran trabajando en una nueva ordenanza para establecer su propia zona de bajas emisiones, según recordó este 11 de mayo la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

En concreto, Villacís pidió a los ciudadanos seguir actuando «como si Madrid Central siguiera existiendo» y, además, afirmó que la decisión judicial «no va a ser problemática» porque «la nueva ordenanza que reconoce la zona de bajas emisiones va a ver la luz ya».

Más allá de la batalla política, la suspensión de Madrid Central genera un escenario de incertidumbre administrativa, ya que no se sabe si se anularán también todas las multas impuestas a los ciudadanos por incumplir las restricciones de tráfico, cuyo monto ascendía a 36 millones de euros en 2020.

En el plano sanitario, la decisión dificulta aún más la protección de la salud de los ciudadanos de Madrid, que según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) en coordinación con investigadores de Suiza y Países Bajos es la ciudad de Europa con un mayor porcentaje de muertes atribuibles a la contaminación por CO2.

Cortesía de Sputnik

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