Este miércoles 18 de mayo, Júba Wajiín dio a conocer su triunfo frente a empresas mineras que buscaban explotar su territorio para extraer oro del subsuelo. En el año 2011, la comunidad que está ubicada en la montaña de Guerrero en México, supo, gracias al Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», que el 80 por ciento de su territorio estaba concesionado a dos empresas mineras sin que se les hubiera informado ni consultado.
Al enterarse de este hecho, Júba Wajiín acordó iniciar un proceso de impugnación legal que cancelara las concesiones que otorgaban permisos para explotar sus territorios. Mediante un amparo, buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la inconstitucionalidad de la Ley Minera por no contemplar la consulta, que es un derecho de los pueblos originarios tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La comunidad de Júba Wajiín acompañó su lucha con la realización de videos para ser mostrados en los espacios judiciales de toma de decisiones y posteriormente para darla a conocer de manera general.
En octubre de 2015, cuando la demanda de Júba Wajiín estaba próxima a ser analizada por la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), las dos empresas: Hochschild y Zalamera, peruana y mexicana respectivamente, desistieron simultáneamente de los títulos de concesiones que el gobierno les había otorgado.
La cancelación de las concesiones mineras en el territorio de Júba Wajiín, resultado de la organización comunitaria con asesoría de Tlachinollan, representa un triunfo inédito para una comunidad indígena. La cancelación beneficia de manera directa a al menos once núcleos agrarios de seis municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.
“Las empresas transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN, dicha ley se ha invocado en años recientes para despojar a comunidades indígenas y campesinas por todo el territorio nacional. Frente a la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios”, establecieron en conferencia de prensa la comunidad Júba Wajiín y Tlachinollan.
La SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo interpuesto por Júba Wajiín. Por ello, nos sumamos al llamado que Júba Wajiín y Tlachinollan hacen para que la SCJN conozca el fondo del caso y determine la inconstitucionalidad de la Ley Minera. El Máximo Tribunal de Justicia mexicano tiene la oportunidad histórica para establecer criterios amplios sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a proyectos mineros de gran escala, diseñados sin consulta.
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Video realizado de manera colaborativa entre colectivos como un acuerdo surgido tras el Encuentro de «Video para el Cambio» (V4C) llevado a cabo en la Ciudad de México en el 2013.
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