Un Chile rehén de los uniformados

Por Juan Pablo Cárdenas S.

En memoria de Marta Cruz-Coke

En los tiempos más duros de la represión pinochetista un carabinero me hizo una curiosa recomendación a propósito de una denuncia nuestra respecto de unos individuos que merodeaban nuestro domicilio. “Lo que ustedes deben hacer cuando vean personas sospechosas cerca de su casa es dispararles primero a matar y luego percutar su arma dos o tres veces más para fundamentar después ante un juez que nuestra voluntad fue la de disuadir a estos extraños de cualquier ataque sin intención de arrebatarles la vida.”

Ese era el criterio que tenían las policías para defenderse ante los tribunales cuando eran acusados de abusos en el ejercicio de su actividad policial. Así como fue la norma que siguieron los abogados defensores de los policías investigados por sus atentados en contra de los Derechos Humanos. Siempre invocando “legítima defensa” para sacudirse de sus graves transgresiones, aunque algunos abogados y jueces concluyeran que sus acciones fueron criminales, y algunos de esos uniformados hasta llegaran a cumplir penas aflictivas ante las contundentes pruebas de su abuso de poder.

La represión que se llevara a cabo durante el Régimen Militar y los gobiernos que le siguieron llevaron al país a sindicar a los carabineros como una de las instituciones más desacreditadas del país, al demostrarse muchos y gravísimos crímenes como el de los tres profesionales comunistas degollados, o el descubrimiento de los hornos de Lonquén donde yacían los cadáveres de algunos de los detenidos desaparecidos que el gobierno de Pinochet se empeñaba en negar.

Todavía no concluye el juicio a un policía que lanzó al rio Mapocho a un estudiante, en un dilatado proceso en que se le acusa de homicidio frustrado. A esto se sumarían las prácticas de malversación de caudales públicos practicados por la alta oficialidad policial como también por las entidades castrenses. Reiterados episodios de enriquecimiento ilícito que todavía se tramitan por los tribunales de Justicia.

Para los estudiantes que fueran maltratados en sus movilizaciones, así como para todos los chilenos que protagonizaron los estallidos sociales, Carabineros fue visto con general desprecio y el apelativo de “paco” se generalizó para referirse a los que debían ser nuestros protectores y no los más severos enemigos de la población.

Cuando, para colmo, muchos de los delitos comunes que hasta hoy se suceden se supone que tuvieron como ejecutores a policías ladrones de automóviles y bicicletas y hasta de abusadores sexuales y otros despropósitos.

Sorprende comprobar ahora la recuperación de la imagen de nuestras policías y Fuerzas Armadas. En menos de un año y coincidiendo con la gestión del presidente Gabriel Boric, otrora uno de los más críticos dirigentes estudiantiles respecto de la actuación de las policías, podemos comprobar cómo los carabineros han pasado de villanos a héroes.

Tanto que las encuestas le dan actualmente el sitial de ser una de las instituciones más prestigiadas del país; prácticamente compitiendo en solvencia con el Cuerpo de Bomberos de Chile. Por el contrario, la clase política, los parlamentarios, los miembros de Ejecutivo y la judicatura son sindicados entre las instituciones y autoridades más desacreditadas e incluso corruptas.

Ciertamente que la explosión del crimen organizado y la acción de los narcotraficantes a escala nacional ha forzado al país a variar la imagen deplorable que tenía de las policías y de los propios militares. Pareciera no haber otra opción que confiar actualmente en las instituciones uniformadas y su uso de la fuerza y de la violencia según les confiere la Ley y los estados de emergencia decretados por las autoridades.

Para este cometido se hace necesario soslayar que el afianzamiento en nuestro territorio de muchas de las bandas criminales tiene explicación en la falta de prevención, indolencia y hasta complicidad de las policías. A lo que se suma, por supuesto, un Estado inepto que debió inhibir el ingreso al país de aquellos inmigrantes propuestos a delinquir, para lo cual también cooptaron y reclutaron a policías para sus aviesos propósitos.

La oposición al gobierno de Boric ha sido diestra y siniestra en fomentar y explotar los sentimientos de inseguridad de la población, así como en exigirle a las autoridades más recursos y atribuciones a la labor policial. Tanto como a los efectivos de la Fuerzas Armadas desplegados al norte y sur del país amparados en estos estados de excepción dispuestos por La Moneda y avalados por la derecha que constituye mayoría en el Poder Legislativo.

Al respecto, llama la atención las cifras del alto número de policías que deciden renunciar a su trabajo, desconociéndose qué rumbo siguen al abandonar sus tareas.

Pero lo más insólito de todo es el inmenso despliegue comunicacional en favor de la imagen de las policías, ahora ensoberbecidas por los millonarios recursos “disuasivos” procurados por el Gobierno, así como por las facultades legales que han ganado para sentirse con mayor respaldo oficial en su tarea represiva.

Es decir, para usar armas cada vez más letales incluso en las faenas del tránsito, donde han sido ultimadas personas que supuestamente trataron de arrollar a quienes solo querían revisarles sus permisos de circulación.

En la práctica cuesta mucho ahora distinguir si los procedimientos policiales y militares se ajustan a la ley y el buen criterio, toda vez que se ha puesto en evidencia la forma en que se dispara y el número de presuntos delincuentes que mueren en las calles y sus guaridas.

La mayoría jóvenes extranjeros que, con mucha dificultad, pueden encontrar amparo en la Justicia y la crónica roja que invade los noticiarios, especialmente de la televisión. Tanto así que los grandes protagonistas de las noticias son los carabineros en acción muy por sobre lo que se difunde respecto de la política, la economía, la cultura y, por cierto, la actualidad internacional.

Al respecto, avergüenza comprobar cómo las instituciones públicas y los medios de comunicación se han convertido en rehenes del mundo uniformado. No solo es la ocupación territorial que estos mantienen y acrecientan a lo largo del país, sino por el influjo cultural que ejercen los uniformes y las armas, los que se sobreponen en el interés de la prensa a las demandas sociales, como a los desafíos del crecimiento y la equidad, cuanto a los propios valores de la democracia y la libertad que se suponía habíamos alcanzado.

De allí que muchos piensen ahora que fue una verdadera suerte para los transgresores de los derechos humanos, y la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata, el advenimiento de un gobierno de centro izquierda atemorizado por la posibilidad de que la insurgencia castrense vuelva a irrumpir en contra de nuestro orden institucional.

Con el agravante de que ahora es la derecha extrema la que muestra los más auspiciosos resultados electorales.

De hecho, la profunda reforma que tanto se prometió respecto de las instituciones policiales ya no es tema en La Moneda y el Parlamento. Derivando todo ahora en elogios y panegíricos a su acción.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Columna publicada originalmente el 24 de mayo de 2023 en Politika.