Amnistía Internacional denunció este jueves al Gobierno de Perú por el uso «ilegítimo de armas letales» de forma «indiscriminada, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión» de las protestas que se desarrollan desde el 7 de diciembre en todo el país.
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara Rosas, afirmó que un equipo de Amnistía Internacional recogió en los últimos días información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.
Dicho informe fue compartido con la mandataria interina Dina Boluarte, durante una reunión celebrada el miércoles en el Palacio de Gobierno, en Lima.
«Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de rutas y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico período de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos», expresó la representante en un comunicado.
La organización señaló que realizó su análisis en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, tomando además datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
«Amnistía Internacional pone en evidencia que efectivamente en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de las protestas», declaró Guevara Rosas en una rueda de prensa.
Racismo sistémico
La investigación da cuenta de que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente indígena (el 80 %), pese a que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como por ejemplo Lima.
De acuerdo al informe de la organización, esta «evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas«.
«No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz», agregó Guevara Rosas.
En enero, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta interina Dina Boluarte y varios ministros de su Gabinete por la muerte de civiles en el marco de las protestas que se iniciaron el pasado 7 de diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo por parte del Congreso, y en reclamo de la renuncia de la actual mandataria y de todo el Parlamento.
El martes, la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú denunció penalmente a Boluarte, así como a ministros de Estado y oficiales de la Policía Nacional, por la muerte de seis manifestantes en la región de Apurímac.
Quienes asisten a las protestas, que aún continúan en las calles de todo el país, también reclaman el adelanto de las elecciones, una Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y justicia para las víctimas de la represión.
Fuente RT
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