A principios de junio de este año, Jacqueline Van Rysselberghe, confirmó su renuncia al Servicio Médico Legal (SML), tras la polémica generada por el peritaje, en el que declaró como enajenado mental a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el cual que fue invalidado por el ministro en visita, Carlos Aldana.
La militante de la UDI fue contratada el pasado abril para realizar pericias psiquiátricas y brindar apoyo al programa Brecha Psiquiátrica, orientado a disminuir listas de espera sobre salud mental en el organismo.
Según reveló Reseumen, Van Rysselberghe debía realizar «pericias psiquiátricas conforme a la metodología y normativa interna de la institución, y asistencia a los juicios orales a los que pudiese ser citada», con la finalidad de contribuir a disminuir las listas de espera en lo que respecta a pericias de salud mental.
El contrato establecido por los meses de abril, mayo y junio, contemplaba el pago de un honorario de $350.000 por cada informe de pericia psiquiátrica realizada. Para recibir esta suma la psiquiatra debería «elaborar y presentar un informe de desempeño que contendrá la agenda de las pericias con su respectiva asistencia, el registro de los informes periciales realizados y entregados para despacho al solicitante».
Asimismo, se estableció que el pago de los honorarios se realizaría «el día 05 del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa visación del Jefe de Presupuesto y Finanzas, una vez recepcionado el informe de desempeño y la boleta de honorarios respectiva».
Sin embargo, según pudo constatar Resumen, el primer mes de trabajo de la ex presidenta de la UDI en el SML de Concepción cerró sin informe ni honorario.
«Resumen acreditó que la médica Van Rysselberghe no presentó antecedentes e informes para los cuales fue contratada en el mes de abril, sobre los cuales se podría ejecutar el pago de honorarios», afirmó el medio digital en su reportaje.
Sin embargo, la situación no quedó ahí. El medio citado volvió a revisar la documentación publicada por el Servicio Médico Legal concerniente al mes mayo, siendo el segundo y último mes en que la militante UDI ejerció como contratada al interior del organismo; y el hecho se repitió ya que no se consignó ningún informe sobre las pericias realizadas.
Según un informe del SML «el perito no presenta informe de trabajo el presente mes, por lo cual su cancelación queda pendiente hasta la presentación de antecedentes».
Adicionalmente, en el registro de transparencia activa, se puede apreciar que Jacqueline Van Rysselberghe no recibió remuneración líquida mensualizada en ninguno de sus dos meses de trabajo den el SML, a la par que no consignó los informes estipulados en sus contrato, por lo que no se conoce con exactitud la cantidad de peritajes realizados y considerados por la institución.
El medio citado contactó, tanto al Servicio Médico Legal del Biobío como a Van Rysselberghe, para obtener información sobre el tema de los informes y los peritajes y hasta el momento en que se publicó el reportaje no había obtenido respuesta.
El polémico peritaje que llevó a Van Rysselberghe a renunciar al SML
El polémico peritaje por el que Van Rysselberghe debió renunciar al SML fue realizado al sargento en retiro de Carabineros, José Otárola Sanhueza, de 82 años de edad, quien en marzo pasado fue condenado 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los delitos de homicidio calificado de 19 personas, ocurrido en septiembre de 1973, conocido como la Matanza de Laja y San Rosendo.
Dicho informe fue invalidado por el ministro en visita, Carlos Aldana, ordenó designar a un nuevo perito psiquiátrico para examinar al excarabinero.
La polémica surgió luego de que Aldana solicitara al SML de Concepción realizar un examen psiquiátrico sobre el estado mental del ex uniformado, tras una petición de su defensa, que pide bajar su condena-que cumple en la cárcel El Manzano- por presentar una patología mental.
En el documento del SML realizado por la psiquiatra y expresidenta de la UDI se establecía la enajenación mental del excarabinero Otárola Sanhueza
Sin embargo, el abogado querellante, Patricio Robles, cuestionó el peritaje realizado por Van Rysselberghe, en el que declararía imposibilitado mentalmente a Otárola para cumplir su condena en el recinto penitenciario, argumentando que la psiquiatra no fue contrada para causas de Derechos Humanos.
Ante la posibilidad de que el condenado por la masacre de Laja y San Rosendo pudiera quedar sin condena gracias a los peritajes psiquiátricos realizados por la exalcaldesa de Concepción, los querellantes expusieron el largo historial de declaraciones y gestos de la militante UDI a favor de Augusto Pinochet y violadores de los derechos humanos durante la dictadura por lo que se apuntaba a que debió inhabilitarse.
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