El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el 22 de mayo que el Gobierno de Estados Unidos tiene retenidos 4.000 millones de dólares de utilidades que generó en los últimos cuatro años la empresa Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con sede en Washington.
«Citgo ha dado utilidades promedio, en los últimos cuatro años de secuestro, de 1.000 millones de dólares por año. El Gobierno de Estados Unidos nos tiene represados en Citgo 4.000 millones de dólares de utilidades anuales de 2019, 2020, 2021 y 2022″, expresó Maduro durante su programa televisivo Con Maduro+.
El mandatario señaló que Citgo generaba 900 millones de dólares mensuales, los cuales el Gobierno utilizaba para invertirlos en educación, salud, vivienda, salarios y derechos sociales.
Además, destacó que su país complementaba el mercado nacional de gasolina con la producida por Citgo.
Ante ello, Maduro promulgó la ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, con la cual su Gobierno espera recuperar los bienes del Estado represados en el exterior.
«Tenemos un nuevo instrumento jurídico y constitucional para proteger todo el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas», comentó.
En reiteradas ocasiones, Maduro acusó a la derecha de su país de ser responsable, junto a Estados Unidos, del robo de Citgo.
A principios de mes, la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que no autorizó a la Administración de Maduro hacer transacciones o negociaciones con la empresa Citgo a nivel internacional.
Por su parte, Caracas calificó de ilegal e inmoral la decisión del Gobierno estadounidense, al considerar que el único objetivo de esta es la de causar el «máximo daño posible a los ciudadanos».
En octubre de 2022, el juez del distrito estadounidense de Delaware (este), Leonard Stark, aprobó un cronograma para la subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum.
La orden establece los procedimientos de licitación y venta, la contratación de la banca de inversión Evercore Group y la necesaria consulta al Departamento del Tesoro estadounidense para cualquier decisión sobre el cambio de propiedad de los activos.
Fuente Sputnik
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