El Gobierno de Venezuela envió este miércoles 20 de octubre una comunicación a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitar «su participación activa frente a la masiva, sistemática, grave e intencional privación de derechos fundamentales de la población venezolana migrante en Colombia».
Así lo informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien hizo referencia a distintos delitos que se habrían cometido contra migrantes venezolanos en Colombia —el más reciente de ellos ejecutado contra dos adolescentes en la localidad de Tibú—, y que Venezuela ha calificado como sucesos que «constituyen potenciales crímenes de lesa humanidad«.
Por esta razón, el Ejecutivo venezolano ha pedido la intervención de la representante de la ONU para que actúe de manera inmediata con el propósito «de hacer cesar los delitos de odio, violencia y xenofobia«; y para asegurar que «se investiguen los hechos y se sancionen ejemplarmente a los responsables por acción u omisión».
La vicepresidenta recordó que su país denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al gobierno de Iván Duque por «la persecución, el odio y el exterminio contra los migrantes venezolanos» y reiteró el pedido a Bachelet para que exija al Estado colombiano cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos de los migrantes, «sea cual sea su nacionalidad o estatus migratorio».
Rodríguez añadió que durante los últimos años, en medio del asedio y el bloqueo económico contra Venezuela, se ha incentivado y promovido una «grave política de persecución, xenofobia y violencia» contra los migrantes venezolanos, que es percibida ampliamente en Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
Además citó datos oficiales de Colombia y registros de organizaciones de derechos humanos que contabilizan el asesinato de 2.061 venezolanos en territorio colombiano entre los años 2017 y 2020; y de otros 362 durante el presente año. Además, aseveró que en los últimos cinco años, 836 migrantes de su país han sido reportados como desaparecidos.
La vicepresidenta destacó que gran parte de los migrantes venezolanos tuvieron que salir de su país, forzados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la economía y su vida cotidiana, y que muchos de ellos ahora viven en Colombia, en un contexto donde «la violencia y el terror son el sostén de un sistema político profundamente excluyente e injusto».
Asimismo, atribuyó los hechos de violencia contra la población venezolana a una «campaña sostenida de estigmatización y xenofobia impulsada por las más altas autoridades de ese país, en clara violación a sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante».
«Las acciones u omisiones de las autoridades colombianas en la protección de derechos humanos de las y los migrantes venezolanos, tienen un impacto real expresado mediante delitos de odio, xenofobia y actos de discriminación (…) en todas las áreas de la vida social como el empleo, vivienda, salud, entre otros», agregó.
En ese sentido, la alta representante del Gobierno de Venezuela citó una encuesta realizada en 2020 por el Barómetro de Xenofobia, que indica que 69 % de los consultados asegura que la inseguridad en Colombia aumentó debido a la presencia de venezolanos y que 76 % manifestó sentir miedo, rabia, angustia o fastidio cuando se le acerca una persona de esa nacionalidad.
Por esa razón, consideró que los actos de violencia contra los venezolanos que viven en Colombia deben ser «objeto de la más absoluta e inequívoca condena, pues demuestran la degeneración a la que se puede llegar alimentando matrices de opinión contra los migrantes».
Fuente: RT.
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