Viceministra Gabriela Alcón: «No existe una crisis sanitaria, que hace un año sí había, tanto crisis sanitaria como crisis económica»

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que la afectación a medios de comunicación públicos por funcionarios del Gobierno de Jeanine Añez es por 1,3 millones de dólares. Además, la autoridad alertó que las nuevas movilizaciones de la oposición pretenden «desestabilizar» al Gobierno de Luis Arce.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció que durante el Gobierno de facto se causó un daño económico a los medios del Estado por más de un millón de dólares. De esta manera, sostuvo que también se vulneró el derecho al acceso a la información de poblaciones que viven mayormente en áreas rurales. En diálogo dio sus percepciones sobre las manifestaciones que la oposición comenzará en los próximos días contra el Gobierno de Luis Arce.

La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta en su mayoría por parlamentarias y parlamentarios del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Durante las últimas semanas aprobaron varias leyes que son resistidas por la oposición, la cual no dudó en movilizar a los comités cívicos de todo el país y otras instituciones afines —como el Colegio Médico y organizaciones estudiantiles—.

Así convocaron a un paro cívico contra el Gobierno de Arce, que comenzará el próximo lunes 8 de noviembre y —amenazan— será indefinido, por lo cual recomendaron a la población a aprovisionarse de productos de la canasta básica. En el oficialismo evidenciaron intenciones de desestabilizar al presidente elegido democráticamente.

El ambiente político nacional se caldea, cuando faltan pocos días para que se cumplan dos años del golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019).

Alcón comparó la actual situación del país con la que se vivía justo un año atrás, cuando aún detentaba el poder el gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), quien actualmente está presa, acusada por múltiples delitos cometidos durante su mandato.

La viceministra consideró que «no existen motivos para hacer un paro. ¿Qué ocurría hace un año? Teníamos un decrecimiento económico del 11%. Hoy, el último informe del Ministerio de Economía nos dice que en el primer semestre tuvimos un crecimiento del 9,4%».

Y enfatizó: «No existe una crisis sanitaria, que hace un año sí había, tanto crisis sanitaria como crisis económica. Hoy están garantizadas las vacunas para el total de la población vacunable arriba de 18 años».

En este sentido, remarcó que «un 63% de la población vacunable ya tiene la primera dosis. El 54% tiene el esquema completo. Y estamos empezando a vacunar a menores de 16 y 17 años».

Y algo muy importante: en todo el país no faltan lugares donde hisoparse de manera gratuita. Algo impensado durante el Gobierno de Áñez, cuando un test de COVID-19 podía costar más de 150 dólares, si es que se lo conseguía. «Un año atrás las pruebas costaban 1.500, 1.200, 700 pesos bolivianos», aseguró Alcón.

Por ello, remarcó que la finalidad de estas protestas —que este 4 de noviembre ya empezaron en varias ciudades— es «desestabilizar al Gobierno».

La viceministra analizó que la nueva movida de la oposición está encabezada por «grupos cívicos que no han podido ganar una elección».

En Bolivia, los comités cívicos son instituciones creadas por empresarios y políticos de albores del siglo XX, cuya finalidad era dar un cariz social a los gobiernos dictatoriales que apoyaron tradicionalmente, incluido el de Áñez.

Las leyes en cuestión

Las protestas de los cívicos y sus organizaciones aliadas están dirigidas contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley 342 de Desarrollo Nacional Económico.

La Ley 1386 es rechazada por los sectores gremiales —pequeños comerciantes—, quienes consideran que la normativa pondrá trabas a su trabajo. Desde el Gobierno nacional afirmaron en reiteradas oportunidades que esta ley no tiene por objetivo perseguir a vendedores de mercado, sino a grandes empresarios.

Y señalaron que este conflicto fue provocado por sectores empresariales, quienes pactaron con las dirigencias gremiales para desgastar al Gobierno con reclamos y paros.

En el caso de la Ley 342, varias alcaldías grandes en población, como La Paz, El Alto y Santa Cruz, la rechazan porque vulneraría su autonomía municipal.

«Señores: Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre y Santa Cruz y todas las instituciones lo van a respaldar por completo. Queremos libertad, democracia y que este Gobierno indolente nos escuche», dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en conferencia de prensa.

«Vamos a trabajar para que no exista hambre y para que no falte la atención en salud. Será un paro de armonía, de fe, de libertad y por una Bolivia diferente», garantizó el cívico.Y volvió a invocar el espíritu del movimiento pitita: «Convocamos a ese pueblo cruceño valiente para que retome esa pita de libertad y de democracia [se refería a las sogas con las que bloqueaban calles durante el golpe de 2019]. Este puede ser nuestro último round de los bolivianos», dramatizó.

En este aspecto, Alcón remarcó que los sectores que convocan al paro no están unidos. Y mencionó a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), que exigió la «inmediata aprobación» de la Ley 342.

«Hay sectores que se están pronunciando, como gremiales y transportistas, que no van a acatar porque un paro no afecta al Gobierno: afecta a la población boliviana, al gremial, al maestro, al transportista, al pequeño productor», dijo la viceministra.»El paro va a afectar a esas personas que se ganan cada día el pan, que están trabajando, emprendiendo, buscando mejorar después de la crisis sanitaria y económica que hemos vivido en el país», aseguró.

«Estamos mejorando las políticas económicas dirigidas a microempresarios, pequeños empresarios. Los indicadores económicos son reales: vamos a llegar a casi un millón de nuevos empleos», generados durante el Gobierno de Arce, que el próximo 8 de noviembre dará también su informe al cumplirse un año de su gestión.

Más denuncias contra el Gobierno de facto

La viceministra indicó que preparan denuncias ante el Ministerio Público contra varios funcionarios de Áñez, acusados de haber causado un daño económico a los medios del Estado por Bs 8.965.988 —alrededor de 1,3 millones de dólares—, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

La viceministra remarcó que también «se ha afectado el derecho a la información de la población, porque se ha bajado la señal en un 80%. Nos han dejado sin medios de comunicación, especialmente radios de pueblos indígenas, que llegan a comunidades».

Alcón comentó que poseen pruebas de que hubo contrataciones y asignaciones irregulares. Además, en la sede de Bolivia TV de Cochabamba encontraron escudos metálicos que habían sido utilizados por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) durante el golpe.

La viceministra también recordó que durante el Gobierno de facto fueron vulnerados los derechos de las y los periodistas independientes, quienes rechazaron difundir información falsa (por ejemplo, que en Bolivia no hubo golpe).

«Sabemos que durante ese periodo se ha amenazado a los periodistas. Eso está en el informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI). Allí señala claramente lo ocurrido con los medios del Estado y las amenazas de muerte».

Y más que amenazas. En ese mismo informe se exige la investigación de la muerte del periodista argentino Sebastián Moro, corresponsal del diario argentino Página 12. Existen indicios de que habría recibido una golpiza de parte de grupos pititas de La Paz, quienes le habrían ocasionado un accidente cerebro vascular (ACV) y posteriormente la muerte.

Cortesía de Sebastián Ochoa Sputnik