Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior y Policía, aseguró que no se permitirá la rearticulación de este grupo parapolicial, surgido durante el golpe de Estado de 2019. Cuál es la situación de los detenidos y cuáles serán las acciones para anular este grupo.
Como Defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox tuvo que ver de cerca los estragos causados por quienes apoyaron al golpe de Estado de 2019. Tuvo que sufrirlo personalmente, cuando hombres armados se metieron en su oficina en la Defensoría, o cuando asaltaron su casa, lo cual obligó a ocultar a su familia.
La historia de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) empezó en octubre de 2019, al calor de los días previos al golpe de Estado. El surgimiento de este grupo parapolicial está grabado en la memoria de Cox, quien fue uno de sus principales adversarios.
En su auge, la RJC estaba integrada por cientos de jóvenes de clase media-alta, muchos con familiares políticos de partidos de derecha, empresarios, hasta barrabravas de clubes cochabambinos y delincuentes comunes. Durante las semanas previas y posteriores al golpe, atravesaban la ciudad en decenas de motos, armados de palos, cuchillos y pistolas, con la noticia de que iban a hacer prevalecer el golpe por la fuerza.
Cox contó que «fue una experiencia dura. Primero en octubre de 2019, cuando en sus movilizaciones buscaban que todos cuestionen a nuestro Gobierno», acusado de haber cometido fraude en las elecciones del 20 de octubre a favor de Evo Morales, candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En ese momento, varias agrupaciones de lo que posteriormente se conocería como pititas habían acudido a su Defensoría para pedir que la institución se sume a las protestas. Pero Cox se negó. Y les dijo: «Si van a movilizarse como plataformas ciudadanas, deben reclamar al Tribunal Departamental Electoral, o al Órgano Electoral. Si creen que existió fraude, esas instancias tienen que aclararlo».
Como la Defensoría no se acopló al reclamo golpista, se iniciaron «actos de agresión en mi contra», recordó Cox. Primero, los motoqueros le insultaban por la calle. En noviembre, días antes del golpe «fueron a tomar mi oficina. Eran mujeres de algunas plataformas cuestionando que nosotros no respaldábamos el tema del fraude inexistente».
El entonces defensor pidió resguardo policial. Pero le duró tres días, porque el 8 de noviembre la Policía de Cochabamba se amotinó y se puso a trabajar codo a codo con la RJC. Con el pasar de las horas, se sumaron a la revuelta los uniformados de los nueve departamentos. El golpe ya se había concretado.
Desarticular a los perseguidores
En 2021, como viceministro de Régimen Interior y Policía, a Cox le toca identificar a quienes fueran sus perseguidores. Este grupo civil violento actuó al amparo de la Policía Nacional y del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien actualmente está preso en Estados Unidos por corrupción.
El viceministro aseguró que cumplirá con las recomendaciones del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado a finales de 2019 a partir de un convenio entre el Gobierno de facto, representado por Jeanine Áñez (2019-2020) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La finalidad era investigar todas las vulneraciones de derechos en el marco del golpe.
«Ahora corresponde cumplir con lo que dice el informe de GIEI: debe desarticularse este grupo organizado que obra de forma paramilitar y parapolicial, porque tienen armas no convencionales, armas de fuego», explicó Cox.
Durante los días previos y los meses posteriores al golpe, en 2019, él ya había realizado el mismo pedido como Defensor del Pueblo: «Le he pedido al exministro de Gobierno Arturo Murillo, al Comando General de la Policía, al Ministerio de la Presidencia. He mandado distintas notas para que desarticulen a ese grupo», dijo Cox.
Pero «nunca les dio la gana, porque la Delincuencia Juvenil Cochala era el brazo operativo represor de un terrorismo de Estado. Ahora nos toca cumplir con estándares de Derechos Humanos, respetando derechos, sin ser abusivos como fue su Ministro de Gobierno del Gobierno de facto».
En los últimos meses y semanas, varios líderes de la RJC fueron detenidos por delitos cometidos en el marco del derrocamiento de Evo Morales (2019-2020).
Yassir Molina, los hermanos Mario y Pablo Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado se beneficiarán con medidas sustitutivas, por lo cual en los próximos días podrían cumplir prisión domiciliaria hasta la realización del juicio.
Se los acusa de cometer delitos como organización criminal, privación de la libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación o tenencia de sustancias explosivas, entre otros.
«A mí no me la contaron»
Para desarticular la RJC, Cox dispone del apoyo de las fuerzas policiales (y su tecnología), en un trabajo coordinado con el Órgano Judicial. «En mi rol de defensor, me consta que en 2019 y 2020 han operado como brazo del Ministerio de Gobierno, con permisividad para portar armas, para hacer destrozos, amenazar, perseguir a quien pensaba diferente», dijo.»Todos esos hechos me permiten tener objetividad, porque a mí no me la contaron. Alguien me ha dicho: ‘Es medio antiético que ahora como viceministro puedas ejecutar acciones de venganza como víctima'», agregó.
Pero la diferencia, según Cox, radica en que «me constan todos los hechos denunciados, porque he recolectado documentación, videos, pruebas. Sé que ha pasado, me consta. Doy fe: por eso les digo ‘Delincuencia Juvenil Cochala'».
Luego del golpe, la Policía y la RJC comenzaron a trabajar juntas. Ante ese panorama, Cox optó por resguardarse. Pero cometieron en Sacaba la masacre del 15 de noviembre. «A raíz de eso asumí una postura mucho más dura. Dije que hubo masacre, violencia de Estado, represión sangrienta en contra de la población».
Pero en ese momento, y aún hoy, esa versión es rechazada por parte de la población. «Era una teoría que nadie aceptaba. Toda la Delincuencia Juvenil Cochala, todas las plataformas decían que fue un enfrentamiento, que no hubo masacre ni represión del Estado», contó el actual viceministro, número 2 del Ministerio de Gobierno.
En las semanas que siguieron al golpe, Cox se quedó encerrado en su oficina en la Defensoría. Pero no porque fuera su elección, sino porque afuera lo esperaba una turba de golpistas ansiosa por enseñarle a palazos a defender los derechos humanos.
Entonces recibió la visita de la comisión de la CIDH, liderada por Paulo Abrao. «Algo que de verdad agradezco de corazón son las palabras que nos dijo en esa ocasión: que teníamos que seguir valientes, porque la población, los pobres, solo nos tenían a nosotros para que los defiendan», evocó el viceministro.
Le vino bien la fortaleza que le transmitió Abrao, porque «los de la Delincuencia tomaron mi casa durante tres días y tres noches, amedrentado a vecinos. Amenazaron a mi familia, pero yo no renuncié». Cox relató que también tomaron su oficina, pero se mantuvo firme en su decisión de continuar con su trabajo.
Las protestas de pititas y miembros de la RJC siguieron en la entrada de la Defensoría. Llegaron al punto de no permitir el ingreso de alimentos por varios días. Esta situación motivó que la CIDH emitiera una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida del defensor.
La RJC «ingresó con armas de fuego a mi oficina. Con gases lacrimógenos intentaron sacarme, pero no han logrado que renuncie ni lograron matarme, gracias a Dios», dijo Cox.Por ello, sostuvo: «Como viceministro de Régimen Interior y Policía, me consta cómo han procedido, cuáles son los delitos que han hecho, cómo han correteado a hermanos del MAS».
Cox contó que las tropelías de la RJC continuaron hasta el mismo día de las elecciones, el 18 de octubre de 2020, cuando ganó Arce la presidencia para que Bolivia recupere la democracia: «Cuando hemos ganado las elecciones, ellos hasta a un hombre le han hecho perder un ojo porque hacía campaña por el MAS. A otro le han cortado la cara en Colcapirhua (Cochabamba). A una señora han agarrado a patadas».
Con los principales cabecillas de esta banda procesados ¿cómo continuará la labor del Ministerio de Gobierno? «Vamos a hacer acompañamiento y veeduría, como corresponde, para que los procesos penales avancen hasta la sanción de mujeres y hombres de la Delincuencia Juvenil Cochala».Y agregó: «Nunca más debemos reeditar esos hechos, que deben aclararse y sancionarse».
Cox indicó que los integrantes de la RJC, aunque están tras las rejas, todavía cuentan con apoyo de algunos uniformados para acceder a telefonía móvil. «No vamos a permitir que se intente rearticular a este grupo desde las cárceles, como hacen Yassir Molina y Fabio Bascopé conectándose con la Delincuencia de Cochabamba».Y detalló: «Hay conectividad irregular ilícita que ha estado funcionando. Vamos a sancionar a quienes permiten que suceda».
Asimismo, explicó que atacarán a las fuentes de financiamiento de este grupo irregular: «Quienes han pagado a la Delincuencia en 2019 nunca más podrán dar plata a movimientos subversivos, violentos, delincuenciales. Se va a esclarecer quiénes han financiado, quiénes quieren continuar financiando».
Con esta finalidad, «vamos a desplegar equipos de la Policía boliviana para que se haga inteligencia suficiente, para que se esclarezca quiénes son los responsables y que no se animen a rearticular y a desplegar ingentes cantidades de dinero para que se movilicen grupos que solamente amedrentan, generan odio, violencia y muerte», aseguró Cox.
Cortesía de Sebastián Ochoa Sputnik
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