A través de un directo en el canal de Youtube «Vulcan Militar«, el cuestionado empresario ultraderechista Pedro Pool, volvió a lanzar amenazas en contra de la democracia, asegurando que será un dictador y que «matarán a quienes no quieran construir Chile».
Esta no es la primera vez que Pool realiza este tipo de comentarios, anteriormente dijo que buscarían fusilar a los profesores por «ser zurdos», o también que realizaría lo mismo con los ex constituyentes Fernando Atria y Jaime Bassa.
Esta vez, el también ligado a la campaña del Rechazo, entre sus dichos mencionó que sobre el Partido Comunista «hay que perseguirlo y hay que encarcelarlo, entre otras cosas que me las voy a reservar».
Bajo esa misma línea es que aprovechó de emitir una amenaza: «Chile es un diamante en bruto y lo construimos entre todos. Pero entre todos los que quieran, los que no quieran, le vamos a poner una bayoneta en la raja y van a tener que querer«.
Incluso, manifestó que, según él, llegará a ser presidente, pero que «en cuatro años no es mucho lo que se puede hacer, pero yo creo que la gente me va a pedir. Pretendo estar unos 20 años (…) Voy a ser un dictador«.
¿Ley pareja?
El día de ayer se detuvo al vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, que entre otras fue apresado por Ley de Seguridad Interior del Estado, tras sus dichos sobre la lucha del Pueblo Nación Mapuche.
Esta vez, los cuestionamientos caen sobre el caso de Pedro Pool, ya que, a pesar de las graves amenazas que ha lanzado durante el último tiempo sobre la democracia, el Estado de Derecho, incluso afirmando que fusilarán a autoridades y docentes, no ha tenido consecuencia alguna.
La ley en la letra g de su artículo 4, señala expresamente que ésta será aplicada a quienes «propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio (…) noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de Gobierno, o a perturbar el orden constitucional, la seguridad del país».
Y es que esto, según han dicho, podría dar cuenta de una aplicación selectiva y no un «ánimo general de respeto al Estado de Derecho», persiguiendo solo a un sector y no a quienes, como Pedro Pool, buscan terminar con la democracia en el país.
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