Virginia Reginato: El festival de corrupción de los $100 mil millones de su mafiosa administración. Desfalcos, faltas a la probidad y notable abandono de deberes

Por Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

Virginia María del Carmen Reginato Bozzo, simpatizante de la derecha, su carrera política comenzó, en plena dictadura cívico-militar, siendo voluntaria en la Secretaría Nacional de la Mujer en 1975, institución donde posteriormente se desempeñó como secretaria comunal de Viña del Mar, en 1981, y secretaria provincial de Valparaíso, en 1982. Posteriormente pasó a integrar el Consejo de Desarrollo Comunal (CODECO) de la Municipalidad de Viña del Mar entre 1983 y 1988. Luego se desempeñó como secretaria regional de la Secretaría Nacional de la Mujer.

En las elecciones municipales de 1992 fue elegida como concejala por Viña del Mar para el período 1992-1996, siendo reelegida en dicho cargo para los períodos de 1996-2000 y 2000-2004, cumpliendo dicha función hasta ese último año, para posteriormente ser electa edil de dicha comuna desde el período 2004 a 2021… Período alcaldicio plagado de irregularidades e ingentes desfalcos. He aquí su biografía delictual.

Investigaciones de Contraloría

El organismo fiscalizador se  hizo eco, a través de un dictamen, de la denuncia formulada por el entonces concejal Víctor Andaur y el diputado Rodrigo González. La auditoría se dirigirá principalmente al Departamento de Seguridad, que a juicio de los denunciantes habría violado la Ley de Protección a la Vida Privada.

La Contraloría ordenó dos investigaciones en la Municipalidad de Viña del Mar. Una de ellas es por la presunta recopilación y almacenamiento de datos sensibles de los funcionarios y de vecinos de esa ciudad.

En el dictamen, la Contraloría justifica su decisión, además, con el testimonio de Lidia González Peña, una exfuncionaria municipal que también denunció las mismas prácticas y sindicó como responsable al coronel (R) de Carabineros José Pazo Muñoz.

Según González Peña en la unidad habían personas contratadas con antecedentes que recibían dineros de manera ilegal, porque la ley les prohíbe trabajar en una repartición pública sin han tenido líos con la justicia.

La culpa es de los campamentos

Según consignó El Dínamo, Reginato se manifestó cuando se le interpelaba respecto a un déficit galopante que se dejaba sentir en la Municipalidad; al respecto manifestó “no son tan menores los gastos en que incurrimos con los campamentos. Nosotros tenemos que llevarles el agua, el aseo, las calles y eso no es menor«. Asimismo precisó “no estoy diciendo que por eso sea el déficit, se han juntado muchas cosas y en eso estamos trabajando para dar las soluciones, para tener mayores ingresos y para tener regularizado el tema del financiamiento”.

En el intertanto, el sacerdote de la Diócesis de Valparaíso, Marcelo Catril, le contestó un par de frases a Reginato, luego de que esta dijera lo anterior.

Pues bien, Catril disparó a través de Twitter: “Expreso mi mayor indignación por respuesta del municipio de Viña del Mar al decir que la deuda que tienen es por el gasto que han hecho en los campamentos. Yo soy cura del campamento Manuel Bustos y estoy seguro de que no es así… siempre se joden los pobres”.

Homofobia

Reginato se defendió en medio de la polémica que se generó después de que el municipio se negara a izar la bandera LGBT. “Sólo se acepta la bandera chilena y la viñamarina“, aseguró a través de su cuenta de Twitter.

Desde el Movilh catalogaron de homofóbica a la alcaldesa de Viña del Mar tras rechazar la petición realizada por los movimientos de la 2018 cuando se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.diversidad sexual a izar la bandera multicolor el 17 de mayo de

Otras actividades conmemorativas se realizaron en otras dependencias públicas, como en la Intendencia y hasta en el mismo Palacio de La Moneda. Sin embargo, desde la municipalidad se informó a las organizaciones que, según lo dispuesto por los decretos y normativas, solo se podían izar banderas del pabellón patrio.

Remoción del Director del Departamento de Salud

Virginia Reginato, en 2018, solicitó la renuncia del director del departamento de Salud, Georg Hübner.

Se había acusado a Hübner de eventuales prácticas antigremiales y no dar respuesta a funcionarios, quienes se habían movilizado, para conformar una mesa de trabajo para entregar una solución a diversos problemas laborales.

Hübner señaló que le fue comunicada la resolución de sacarlo del cargo de director, sin motivos técnicos de fondo, por lo que él considera que esto tuvo una motivación netamente política. Asimismo, defendió su labor en el cargo ejercido argumentando que precisamente había generado grupos de trabajo.

El exdirectivo de salud de Viña Del Mar señaló que el organismo transitaba por una gestión difícil, ya que no hbíaa existido continuidad en los diversos directivos.

En un comunicado, el Consejo de Asociaciones gremiales, directivos y técnicos de atención primaria Viña del Mar, señalaron su “rechazo unánime” a la decisión de pedir la renuncia a Hübner, y afirmaron la necesidad de que el cargo de director de Salud Municipal sea “predominantemente técnico”.

Servicios dudosamente prestados

Es enero de 2019, si hay algo que salta a la vista una auditoría efectuada en esa época a la Municipalidad es la cantidad de trabajadores contratados por servicios dudosamente prestados. El municipio hizo un copy/paste de informes mensuales de trabajadores contratados a honorarios sin antecedentes que acreditaran que cumplieron con las labores solicitadas. El monto que se pagó por esto superó los $20 millones.

Las irregularidades que se detectaron se asocian con procesos licitatorios que se realizaron desde 2015. En octubre de ese año, el municipio firmó la última modificación de las bases administrativas para contratar a 173 trabajadores a través de una licitación pública. Los funcionarios prestarían servicios en las direcciones de Provisiones y Servicios, Desarrollo Comunitario, Turístico y Comunicaciones, entre otros. Un mes después se adjudicó la licitación y la duración del contrato sería por tres años.

Lo llamativo es que cuando el municipio elaboró las bases administrativas para esta licitación no estableció las funciones que debían cumplir estos trabajadores, no indicó su perfil educacional ni tampoco precisó la experiencia que tenían. Nada de eso estaba. Ese vacío en las bases no permitió definir, antes de efectuar la contratación, si era posible que se cumpliesen esas labores con el personal de planta que ya estaba contratado en el municipio.

La situación se repitió al año siguiente. Una nueva licitación se celebró en febrero de 2016 para proveer al municipio de personal para los servicios de Ambiente, Infraestructura y Recursos Materiales y Rentas. Esta vez el total de trabajadores contratados fue de 154 por los mismos tres años.

Es decir, en el transcurso de cinco meses se contrataron a 327 trabajadores por vía externa. El cálculo que se hizo al año después constató que para 2017 había 324 trabajadores de planta que cumplían idénticas funciones que los externos. A pesar de que había personal suficiente en el municipio, se duplicaron los servicios. Con esto queda totalmente en entredicho el criterio de eficiencia y economía de la que muchas veces hizo alarde Virginia Reginato.

Como si no hubiese sido un principio asumido de por sí en la administración de la alcaldía, recién en 2018 se instruyó a los departamentos del municipio que para las próximas licitaciones se indicaran los perfiles, las labores y la experiencia de los funcionarios que serían contratados. Recién ahí se les ordenó que debían entregar información para demostrar que lo que aparecía firmado en el papel efectivamente se había realizado y no correspondía a un servicio dudosamente prestado, un servicio fantasma, como detectó la Contraloría.

Sumado a la duplicación de funciones que antes se mencionaba, otros funcionarios fueron contratados a honorarios en el municipio durante 2017 siendo, a la vez, trabajadores en las empresas contratistas que le prestaban servicios a la misma alcaldía. Un ejemplo. Uno de los trabajadores -se mantiene su identidad protegida en el informe de Contraloría- encargado de supervisar las áreas verdes concesionadas de la municipalidad de Viña tenía en el registro de asistencia el mismo horario que debía cumplir en la empresa contratista Alto Jardín S.A. Por lo mismo, el libro del departamento de Parques y Jardines reveló que por meses varios no registraron asistencia y, aun así, se desembolsaban fondos para el pago de sus supuestas funciones. Esto también ocurrió con las contratistas Siglo Verde S.A., Araya, Prevención y Seguridad S.A., Ignacio Vidal Barraza, Cosemar S.A.y González y Fierro Limitada.

Esta última entidad, una de las más mencionadas en el informe, es una sociedad contratista que provee de mano de obra principalmente a municipalidades. De cinco trabajadores contratados por el municipio de los cuales no existe información suficiente para acreditar que cumplieron con sus labores, tres trabajaban paralelamente en la empresa González y Fierro. De hecho, el que recibió más plata por un servicio dudosamente prestado fue un trabajador de esta empresa, Jaime Moreno Valenzuela.

Valenzuela fue contratado durante 2017 y se le pagaron poco más de $6 millones. En el informe que elaboró el municipio se consignó que su actividad era obtener y preparar el material fotográfico para el plan de incendios y otras dos relacionadas al mismo tema. Tiempo después habría dejado de trabajar en la empresa contratista y se habría pedido una nueva contratación a honorarios en el municipio para que siguiera desempeñando funciones.

Al trabajador de la misma empresa Felipe Valderrama Escobar se le pagaron casi cinco millones de pesos y en el detalle de su actividad solo se indica “de peritaje técnico de especies nativas y exóticas”.

A pesar de que el municipio contestó las observaciones que se le hicieron en este ítem, la Contraloría indicó que no aportaba ningún nuevo antecedente que les permitiese acreditar que se realizaron los servicios y que respaldaran la pertinencia de los pagos.

Al interior del municipio se hablaba de los trabajadores que tienen “chipe libre”. Se reconoció que hubo un débil control de los servicios que prestan los trabajadores que son contratados a honorarios y los informes que se deben entregar sobre su situación. Por lo mismo, se ha llegado a periodos en que hay excesos de personas contratadas y la manera de justificarlo, o de camuflarlo, ha sido duplicando los cargos.

Esta era una preocupación que existía desde el concejo municipal, lo que también quedó consignado en informes anteriores. Se manejaban cifras aproximadas que 1.200 trabajadores al menos un cuarenta por ciento no contaba con las competencias profesionales para desempeñarse en los puestos que ocupaban. Por lo mismo, fue uno de los puntos que se le solicitó a la Contraloría investigar.

“Es una situación que se ha generalizado y no hay como comprobar los informes de las personas. Está instalado en la cultura del municipio porque funciona como un botín electoral”, comenta un abogado que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Los supuestos pagos indebidos que detectó la Contraloría podrían configurar una defraudación fiscal. Ese fue uno de los motivos por el que el abogado Luis Cuello, en representación de dos organizaciones de Viña, presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

“Habría una defraudación en la que estarían implicados, a lo menos, uno o más funcionarios municipales que consintieron una operación que infringe normas administrativas generándose un perjuicio fiscal. Por eso la querella se acota a estos elementos donde consideramos que pueden existir responsabilidades penales”, sostuvo Cuello.

Al administrador municipal Claudio Boisier le correspondía la responsabilidad administrativa de dar buen uso de los recursos municipales; mientras que la responsabilidad política recae en Reginato.

Backstreet Boys y la auditoría de la Contraloría

El Municipio de Viña del Mar presionó a TVN y Canal 13 en 2019 para que, a última hora, ficharan un nombre de alto impacto en el pasado Festival de Viña. Así, los Backstreet Boys fueron anunciados apenas 48 horas después que la Contraloría presentara una auditoría que detectó un déficit por $17 mil millones en las arcas municipales. Entre las 56 observaciones que realizó el ente fiscalizador, hay pagos indebidos a empresas y desembolsos por horas extras no realizadas, además de constatar que las cifras entregadas en cuentas públicas de 2015 a 2017 no coincidían con las proporcionadas, en sus informes oficiales, por la Dirección de Control del municipio.

Para mayor abundamiento, los problemas económicos en la Municipalidad de Viña del Mar datan de 2009, cuando el Casino Municipal tuvo una caída de sus ingresos (que bordeó los $25 mil millones al año para la alcaldía) por la irrupción de nuevos casinos, por lo que el municipio tuvo que recurrir a un leaseback (arriendo) de un inmueble para paliar un déficit que bordeaba los seis mil millones de pesos. En 2012 hubo un nuevo déficit de la alcaldía y ya asomaban excesivas horas extras –el principal punto de conflicto de los últimos años-, que implicaron disminuir el presupuesto destinado a obras públicas en la comuna.

En el informe que emitió la Contraloría se lee que en 2017 el municipio gastó $5.540 millones en horas extraordinarias, que se suman a los $7.077 millones en pagos por honorarios y programas comunitarios, lo que representa el 14,93% del total de gastos del presupuesto anual y el ítem más alto del presupuesto, mientras que por materialización de proyectos y obras civiles se gastaron $3.775 millones, equivalentes al 4,47% del presupuesto municipal y que solía ser el fondo con más recursos. En 2017 hubo 1.347 casos en que el monto pagado por horas extraordinarias equivalía a entre el 40% y el 100% del total de las remuneraciones que recibían funcionarios de planta y a contrata. En algunos casos, se verificó que el trabajador no estaba en su puesto de trabajo. En otros, indica Contraloría, estaban de vacaciones o con licencia médica, pero igualmente pasaron horas extras.

Según las remuneraciones de febrero de 2019, y al revisar la planilla pagos por la Ley de Transparencia se constató que de los 675 trabajadores de planta de la municipalidad viñamarina, 633 (93.7%) hicieron –supuestamente- horas extras. En promedio, la mayoría por 40 horas al mes, aunque hay un caso que registra 166 horas extraordinarias pagadas, por casi un millón de pesos, que se sumó al sueldo del funcionario. En el caso del personal a contrata, de los 341 empleados municipales, y también en febrero del año en cuestión, 324 trabajadores (95%) recibieron bonos por horas extras. Nuevamente, se repiten casos donde las horas superan las 80 y el monto extra en el sueldo supera el medio millón de pesos. En la suma total de personas de planta y a contrata, de 1.016 trabajadores municipales, 957 (94.1%) recibieron suplementos en sus ingresos por horas extraordinarias.

Como una manera de afrontar el déficit, en enero de 2019, la municipalidad publicó en el portal Mercado Público una licitación para realizar un nuevo leaseback –esta vez por inmuebles donde funcionan sus departamentos operativos- por $7 mil millones. La licitación quedó desierta.

Ni siquiera el banco en el cual la municipalidad tenía las cuentas fue capaz de entregar este leaseback, porque no hay credibilidad de pago.

Por otro lado, en el informe de Contraloría se registró que la Municipalidad de Viña del Mar renovó patentes de alcoholes a nombre de personas fallecidas. También puso en la mira el arreglo al reloj de flores, que quedó destruido en mayo de 2017 por la caída de un árbol, y que fue reparado y reinaugurado en julio de ese año. La auditoría señaló que la municipalidad cedió 887 plantas, costeó $22 millones para ornamentación y retiro de escombros y compró $2,6 millones en 3.200 especies florales –aunque eso era responsabilidad de la concesionaria- y pagó $64 millones a la empresa González y Fierro Ltda. (ya citada) por siete trabajadores que no fueron verificados qué labores desempeñaron.

Algunos apuntaron al poder de la entonces jefa de gabinete de Reginato, María Angélica Maldonado, conocida por algunos como “Manam”. La abogada recibía un sueldo de $6.026.505 brutos, según consta en Transparencia, de febrero de 2019. Ese monto la conviertió en la jefa de gabinete mejor pagada de Chile en una alcaldía, superando -por ejemplo- a su par de la comuna de Santiago, quien recibía $5 millones brutos. Además, su sueldo, bajo la modalidad de honorarios, es solo levemente inferior al que tenía la propia Reginato, quien percibía $6.600.747.

Irregularidades en cobro de entradas y concesión del casino municipal

La Contraloría Regional de Valparaíso emitió en agosto de 2019 un informe que de nuevo puso las miradas sobre la gestión de Virginia Reginato. Este documento emitido por el órgano fiscalizador acusa el no cobro de entradas del Casino Municipal de la ciudad y una presunta delegación – ilegal por lo demás – de la administración del recinto, a la sociedad Enjoy S.A. 

Esto significaría una gran reducción de los fondos fiscales que se obtienen de este salón de juegos, y una falta grave a las bases de la licitación del mismo, además de unpotencial conflicto con el Servicio de Impuestos Internos, por lo cual la municipalidad debía presentar un informe que abarcara aquellos cuestionamientos.

Este oficio se emitió debido a la denuncia de la por entonces concejala PPD de la ciudad Jardín, Marcela Varas, quien el 12 de febrero de 2019 evidenció ante la Contraloría Regional esta serie de irregularidades en la administración y el funcionamiento del Casino de Viña del Mar.

En el marco del no cobro de entradas, cuyo valor era de $3.800 pesos por persona que ingresa al salón de juegos, el total de los fondos recaudados por este concepto debe ir a la municipalidad, cada mes. El 66,6% de este monto es destinado al fondo de indemnización de los trabajadores de puerta del Casino, mientras que el 33,3% restante se debiera otorgar a la Corporación Cultural de Viña del Mar. Además, la empresa debe cancelar al SII un total de 0,07% UTM por concepto de ingreso a las salas de juego.

Asimismo, los términos de la licitación establecían una multa de 50 UF por cada día de atraso en que la empresa se demorara en cancelar este monto mensual. La Contraloría comenzó a investigar esto debido a que, gracias a la información proporcionada por la concejal PPD, se constató que hubo un atraso en el pago del monto por concepto de entradas. Lo que se debía pagar en agosto de 2018 se terminó cancelando a la municipalidad en abril de 2019, y esto fue solo de las entradas que efectivamente cobraron. Según el relato que pudo armar la concejala , estas no se estarían cobrando desde el año 2012 de manera regular, debido a que por la Ley del Tabaco, el Casino alegó a la alcaldía que estaba perdiendo mucha afluencia de público y se tomó esta medida, la cual se habría mantenido hasta el 2018.

El no hacer el pago de esto dentro de 30 días, ya era motivo suficiente para que la municipalidad terminase la concesión con Antonio Martínez y Compañía, que se la adjudicó desde 1999, cuando se efectuó la licitación. Sin embargo, también hubo un pero en ese tema.

Antonio Martínez y Compañía celebró un contrato con Enjoy S.A. por “prestación de servicios integrales”, acuerdo que fue objetado por la municipalidad en la época. Debido a esto las empresas habrían celebrado otro contrato por “prestación de asesoría técnica”, el cual sí fue aprobado por el municipio. Sin embargo, esto genera dudas debido a que la administración del Casino, por lo que se establece para esta concesión, no puede ser traspasada a un tercero, pues esto constituiría una ilegalidad y un quebrantamiento de las bases de la licitación celebrada entre la municipalidad y Antonio Martínez y Compañía.

Demanda contra Reginato y 24 funcionarios municipales

La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas contra la alcaldesa de Viña del Mar y otros 24 funcionarios de la municipalidad, la que se desprende de una auditoria efectuada en enero de ese año (ya abordada en este texto).

El objetivo del juicio fue  buscar las responsabilidades por $138 millones defraudados y que ese monto fuese restituido en su totalidad.

Según informa El Mercurio de Valparaíso, el ente contralor respaldó su causa en seis argumentos, abarcando aristas como contratos a honorarios y pagos a empresas; entre otros.

Respecto a Virginia Reginato, el documento del estamento fiscalizador la mencioóa en el ítem relacionado con gastos en representación, protocolo y ceremonial.

El texto sostuvo que “esa autoridad comunal no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan los desembolsos que en definitiva resultaron objetados, por lo que corresponde perseguir su responsabilidad civil extracontractual, pues aquello configura una omisión culpable y actuar negligente”.

Además de esto, se alegó la reparación del Reloj de Flores, debido a los pagos que se hicieron a la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., instancia por la que el ente contralor buscó determinar la responsabilidad civil extracontractual de la líder comunal. En ese sentido, el documento detalló que Reginato “sin advertir que aquellos montos referentes a retiro de escombro y ornamentación floral no resultan procedentes, atendido que dichos gastos debían ser asumidos por la empresa”.

Escolaridad récord y amistad con la jueza María del Pilar Labarca

Mario Olavarría, exalcalde de Colina, fue acusado por la DC, en 2008, por el presunto delito de fraude a raíz de la denuncia en contra de la edil viñamarina, quien en ese municipio del norte de la capital de nuestro país cursó de tercero básico hasta cuarto medio… en un solo semestre. 

En febrero de 2020 la alcaldesa de Viña del Mar se refirió a las acusaciones de irregularidades en la obtención de su certificado de estudios, esto luego que se filtrara un audio donde la jueza (María Labarca) que la sobreseyó en 2013 del delito de falsificación de instrumento publico reconociera un estrecho vínculo entre ambas.

“Es un hecho bastante conocido, es una amistad de muchos años (…) amiga de mi madre, de años mil, tenemos esta relación”, detalló la jueza María del Pilar Labarca, amiga de Reginato.

Funcionarios y fraude al Fisco

En julio de 2022, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar condenó a Pablo Staig y Manuel Echeverría, ambos exfuncionarios de la municipalidad de la «Ciudad Jardín», como autores de un fraude al Fisco cifrado en cerca de 9,4 millones de pesos.

En la causa -conocida como Horas Extras 1-, los imputados fueron sometidos a un procedimiento abreviado, por lo que cumplirán la pena en libertad y solo deberán pagar -a modo de multa por el perjuicio económico- 940 mil pesos.

Ambos fueron formalizados en octubre de 2020, por pagos de horas extras indebidas que en ese entonces fueron cifradas en cerca de $56 millones.

No obstante, la investigación fue avanzando y el Ministerio Público reformalizó a un monto inferior: 9,4 millones de pesos, situación que fue duramente cuestionada por el abogado Ricardo Sacaan, querellante que representa a la exconcejala Marcela Varas.

“El monto del perjuicio financiero económico, ha sido de cinco mil millones de pesos. Estamos hablando de funcionarios públicos que asumieron la administración de nuestros intereses, de nuestros recursos, y el dinero se lo llevaron para la casa”, indicó el abogado.

Contrataciones y posible tráfico de influencias en municipio

La Controlaría investigó posibles irregularidades en contrataciones con montos que serían excesivos, además un posible tráfico de influencias al interior de la Municipalidad de Viña del Mar, relacionado con los bajos costos cobrados por el Hotel O’Higgins, para un evento de la asociación “Ciudad de Dios”.

Según los antecedentes conocidos en octubre de 2019, se informó sobre grupos de personas, entre ellos funcionarios municipales y externos, que se reunían para realizar cultos religiosos en oficinas y/o en dependencias del municipio, salones del conocido hotel de la ciudad jardín y la Quinta Vergara, lugares donde se habrían organizado almuerzos y actividades a costa de los recursos públicos.

Presión para no fiscalizar

En enero de 2019 el diputado Andrés Celis habló respecto de la presión que se ejercía durante la era Reginato para evitar posibles fiscalizaciones.

“Mi hermano mayor (Raúl Celis de RN) fue Intentende entre 2010 y 2014 por la V región. A mí se me citó a una reunión en su oficina donde estaba presente la alcaldesa con el presidente de RN Carlos Larraín. Se me señaló que era en el fondo para presionarme por parte de mi presidente ante la solicitud de la alcaldesa de Viña”, contó.

El diputado agregó: “Yo por cierto que no fui a esa reunión, porque me parecía el colmo que usaran a mi hermano para que no siguiera fiscalizando”.

Celis también contó que en su momento él creó una Comisión de Fiscalización “que duró dos semanas porque los concejales extrañamente en su mayoría no siguieron asistiendo”.

Municipio paralelo

De acuerdo al concejal Alejandro Aguilera (2021):

El 20 de marzo de 2019, los concejales de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar (Giannici, Varas, Andaur y Puebla) interpusieron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso una acusación en contra de la actual alcaldesa (ex), Virginia Reginato Bozzo, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa por una serie de hechos de amplio conocimiento público y que han sido a la postre el sello transversal de, al menos, los últimos ocho o diez años de su mandato alcaldicio. Uno de los objetivos esgrimidos por los concejales, según explica el abogado patrocinante de la acusación, era lograr la destitución de la alcaldesa antes de la discusión presupuestaria de diciembre de 2020, cuestión que en definitiva no ocurrió. Sin embargo, otras aristas deben ser conocidas por la opinión pública y que imponen mayor urgencia al pronunciamiento del TER ya que involucran las próximas elecciones municipales en la comuna.

La abundancia de argumentos presentados en el documento de aproximadamente cien páginas incluso es avalada por las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Control Interno de la Municipalidad (2012-2014), por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar (a propósito de la querella que presentamos como Frente Amplio en 2018) y también por la Contraloría General de la República (2015-2017), que en más de una oportunidad se ha expresado al respecto: horas extras imposibles de realizar, déficit presupuestario sostenido en el tiempo, falta de control sobre contratos lesivos con el municipio, delegación de responsabilidades en mandos subalternos, etcétera. Sin embargo, de todos los antecedentes entregados al TER el que a mi juicio tiene mayor impacto coyuntural, tanto política como electoralmente y muy a propósito de las próximas elecciones, es el antecedente que constata la existencia de una “verdadera planta paralela” de funcionarios contratados a honorarios que excede a los cerca de 700 funcionarios de planta y los cerca de 300 a contrata. Este “Municipio Paralelo” ha crecido sostenidamente en el tiempo desde el año 2010, completando a la fecha un aumento del 124% en la planta a honorarios del ítem 21.03 (ítem normal de contrataciones) y un 105% en contrataciones a honorarios en programas comunitarios (ítem 21.04), contrataciones todas que, según la ley, en ningún caso deben ser continuas en el tiempo.

Esta es la descripción concreta de las redes clientelares territoriales tanto de la alcaldesa Reginato como de su núcleo más cercano al interior del municipio. Estas redes, según los informes presentados en la acusación, significaron un gasto del 32% del presupuesto anual ($100.000 millones) en el año 2017 y que, por ejemplo, equipara el gasto en este ítem al municipio de Las Condes, cuyo presupuesto triplica al de Viña del Mar.

Proyectos

Fue un descuido de la inmobiliaria a cargo conocer la animación digital de un nuevo mall en terrenos del sector Agua Santa. El revuelo generado en las redes sociales obligó a la empresa a bajar el video. Después de algunas cavilaciones comunicacionales por parte de la inmobiliaria a cargo, e información conseguida en el municipio, se pudo constatar la aprobación en el mes de junio de 2020 de un anteproyecto de “centro comercial” con más de 600 estacionamientos en 50.000 metros cuadrados construidos, en la isla final de la principal vía de acceso a la comuna, de cuya saturación todos los viñamarinos sabían y experimentaban a diario.

Bajo la consigna “Viña piensa su futuro”, la alcaldesa convocaba a los vecinos a “canalizar sus ideas y sueños” mediante un simulacro de participación ciudadana en el marco de la discusión del nuevo Plan Regulador Comunal. Después de varios anuncios fallidos, a mediados de 2019 el municipio anunciaba la postergación del proceso. Se especuló bastante sobre las razones para aquello, desde motivos electorales hasta problemas de pago con la consultora a cargo.

Presupuestos falsos

Reginato debió declarar en calidad de imputada en el marco del denominado caso Presupuestos Falsos.

La información consta en una resolución fechada del 2 de marzo de 2021 en la que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ordenó la toma de testimonios a una serie de funcionarios y exfuncionarios de la casa edilicia que presidía Reginato, tras la solicitud. del presidente de la Fundación Viña Transparente Javier Gómez.

La investigación se abrió tras una querella criminal presentada por el propio Gómez, en la que se acusó a la administración comunal de aprobar presupuestos municipales adulterados entre 2011 y 2018.

Todo ello, versa la acusación, a fin de ocultar el déficit que según destapó la Contraloría (mucho tiempo atrás) alcanzaba los $17.500 millones.

“Respecto de (la) alcaldesa Virginia Reginato, se accede a la diligencia, pero en atención a los antecedentes contenidos en querellas e informe de Contraloría Regional N°577, se le citará en su oportunidad a prestar declaración en calidad de imputada”.

Acusación de crimen organizado

La alcaldesa Ripamonti detalló que, según sus hallazgos, existía una “máquina para desfalcar” dentro de la Corporación Municipal de Viña del Mar. “Cuando hablo de denuncias graves, estoy hablando de crimen organizado”, añadió.

“Tenemos denuncias, declaraciones juradas, por delitos que revisten carácter de crimen organizado. Eso encontramos, una estructura completa, principalmente en la Corporación de Viña del Mar, para hacer defraudación de dineros públicos”, aseveró Ripamonti.

Además, la máxima autoridad municipal indicó que “nos encontramos con funcionarios de la Corporación Municipal y del municipio de Viña del Mar, que por este trato que hemos tenido, se acercaron para denunciar hechos muy graves. Al respecto, tomamos ciertas acciones”.

Asociación ilícita y horas extras imposibles

El 4 de septiembre de 2021 una ampliación de querella por asociación ilícita y fraude al Fisco ingresó el abogado Gómez, denunciante del denominado caso Horas Extras, en contra de altos funcionarios de la exadministración de Virginia Reginato en Viña del Mar.

Se trata de un libelo en contra de 34 jefes de servicio, la propia exalcadesa de la ciudad jardín, además de su brazo derecho y exjefa de Gabinete, María Angélica Maldonado.

Según estipula la acción legal ingresada ante el Juzgado de Garantía viñamarino, a todos los funcionarios se les acusa de montar una organización destinada a cometer delitos al interior de la casa edilicia.

En la presentación de 17 páginas, Gómez argumenta que todos los jefes de servicio sindicados asignaron horas extras al personal de su dependencia más allá de un límite posible de realizar, de acuerdo a lo que se desprende de un sumario administrativo realizado por la Contraloría General de la República en el municipio.

De acuerdo a la querella, existía un orden “permanente y jerarquizado de la organización”. En el primer nivel, aparece mencionada la exalcaldesa Reginato y María Angélica Maldonado.

La entonces jefa comunal era quien firmaba los decretos de horas extras, por lo tanto “es la responsable primera de las defraudaciones”, reza el documento.

Maldonado, en tanto, “era quien tomaba las decisiones políticas”, agregó.

En el segundo escalafón figuran los mandos medios. Es decir, los 34 jefes de servicio que -de acuerdo a Gómez- determinaban las horas extras más allá de lo físicamente posible.

En otras palabras, “más de 24 horas de jornada laboral, entre horas extras y ordinarias”, explicó el querellante.

“Otros funcionarios han delinquido por omisión, donde se encuentran los funcionarios garantes o fiscalizadores, que tienen como deber velar por la cautela del patrimonio municipal”, añade. Entre ellos aparecen los directores jurídicos, control y finanzas.

En el último peldaño, en tanto, figuran 443 empleados de la administración comunal que percibieron dineros por los sobre turnos asignados. Todos ellos mencionados con nombre y apellido en el informe de Contraloría que confirmó las denuncias hace ya seis años.

Así las cosas, a través de la querella Gómez solicitó también una serie de diligencias, entre ellas la toma de declaración a una veintena de funcionarios de la Contraloría, exempleados municipales y concejales de la comuna.

Asimismo, solicitó una auditoría de las horas extras desde 2010 a 2019 a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, con el propósito de “determinar los montos indebidamente pagados”.

Cotizaciones impagas y generación de deuda

Con el objetivo de lograr la restitución de más de $879.240.239 correspondientes a los pagos de intereses y multas en los que incurrió la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social por el no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones de los trabajadores de la entidad, entre el 2016 y 2021, el municipio presentó una demanda civil en contra de la exalcaldesa Virginia Reginato y del exadministrador municipal, Claudio Boisier.

La acción judicial fue encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, en su calidad de presidenta del directorio de CMVM, y fue reiterada  ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, tras ser notificada a los demandados.

“Nuestra administración tiene otra obligación: ayudar a la denuncia y persecución de delitos de los que hayamos tomado conocimiento. En este sentido, nos parece inaudito que cualquier ciudadana o ciudadano que deba dinero a una casa comercial sea perseguido o embargado, y que hoy día existan personas que han desfalcado, asaltado, saqueado la salud y la educación municipal de las personas más vulnerables y no ocurra nada”,  señaló Ripamonti.

El Director Jurídico de la CMVM, Abbas Abi Raad, explicó que “en el marco de la estrategia judicial tendiente a solucionar, de alguna manera, el desorden con el que nos encontramos, el artículo Nº 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, permite perseguir el pago en exceso (de intereses, reajustes y costas procesales) en el que incurre la Corporación por el pago tardío de las cotizaciones previsionales”.

También precisó que esta acción civil incluye la solicitud de medidas precautorias tanto en contra de Virginia Reginato -en su calidad de expresidenta de la CMVM durante su período como alcaldesa- como del exadministrador Municipal, Claudio Boisier, para asegurar los resultados del juicio.

En el caso de la exjefa comunal, tenía que ver con la prohibición de celebrar actos y contratos sobre un bien inmueble a su nombre en Viña del Mar. Sobre Boisier, se apuntó al congelamiento de las cuentas corrientes.

La demanda notificada a Reginato, establece que “la deuda ($879.240.239) se genera durante el período alcaldicio de Virginia Reginato, e involucra a Claudio Boisier, en su calidad de Gerente General de la Corporación Municipal y luego como Administrador Municipal. En estas funciones, ambos tuvieron directa injerencia y responsabilidad en el pago de las cotizaciones previsionales”.

En el libelo se especifica que el no pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales generó una deuda por intereses y multas de más de $273.194.111, a lo que se suma que durante el período 2018-2021, el exadministrador municipal dejó de entregar la subvención que estaba comprometida por el Municipio a la Corporación para el pago de las cotizaciones previsionales, generando una deuda de $606.046.128.

Por ello, el monto final a cobrar considera “reajustes, intereses y costas, específicamente por las multas generados por no haberse pagado oportuna e íntegramente, las cotizaciones previsionales del personal dependiente de la Corporación Municipal, entre el año 2016 y 2021” explicaba el escrito.

El director jurídico de la CMVM precisó que el monto cuyo pago se persigue a través de la demanda civil, se suma al capital adeudado por el no pago de cotizaciones durante la administración de Reginato, que asciende a $6 mil millones, correspondiente al período noviembre del 2020 a junio.

Horas Extras 1

La Unidad Anticorrupción descartó tres de los cuatro anexos con listados de funcionarios que habrían recibido pagos improcedentes.

Se consideraron pagos retroactivos a través de fallos judiciales, labores que cumplían con el criterio de Contraloría y una presunta vulneración en el derecho a descanso.

Dos de los imputados fueron parte de un procedimiento abreviado acordado con Fiscalía, que pidió una pena de 541 días y una multa del 50% de lo defraudado.

De esta manera, tras la investigación hecha por el Ministerio Público se acusó a Pablo Staig, exdirector (S) de Administración y Finanzas y exadministrador municipal, y a Manuel Etcheverría, exdirector del Departamento de Finanzas, de un fraude al Fisco de $9.404 millones que se le pagaron a 41 funcionarios entre julio de 2014 y marzo de 2015.

Lo anterior, pese a que el monto inicial imputado en 2020 era de 56 millones de pesos por concepto de horas presuntamente mal pagadas a más de 400 funcionarios, variación que significó la reformalización.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Patricio Toro, señaló que los acusados actuaron conjuntamente pagando «improcedentemente» horas extras a funcionarios de planta y contrata «no obstante no corresponderle pagos por dichos conceptos en relación a la imposibilidad física de realizarlas al encontrarse los beneficiados ausentes por permisos administrativos, licencias médicas o feriados legales, principalmente«.

Toro agregó que «procedía el pago proporcional (de horas extras) por ausencias, exclusivamente para aquellos que –de acuerdo a lo resuelto por Contraloría- estaban incorporados a un sistema de turnos o que de manera excepcional se encontraran insertos en un programa de trabajo que permitiera mantener la continuidad de la prestación de la función pública«. 

«Ese trabajador podría, incluso, haber trabajado sin dormir«.

De esta manera, es que de los cuatro anexos con pagos supuestamente irregulares, en el transcurso de la investigación se descartaron tres, precisó el persecutor.

«Se tuvo certeza absoluta de que solo el anexo 2 no ofrece ninguna duda respecto de su absoluta e irregular procedencia respecto del pago de horas extras porque físicamente eran imposibles de realizar y porque además esos funcionarios no estaban sujetos ni al sistema de turnos ni a un sistema compatible con un sistema de turnos», dijo Toro.

Respecto de ese anexo, “lo que se hizo con la Contraloría es establecer los días que el trabajador tenía disponibles para trabajar. De las 24 horas que compone el día, se le descontó una o una y media de horario de colación y todo el resto lo dejó disponible para ejecutar sus trabajos normales o extraordinarios”.

De forma ejemplificadora, Toro tomó el caso de una funcionaria de la unidad de Ceremonias y Protocolo: “Se hace una sumatoria de las horas ordinarias y las extraordinarias, hay un total que son 124, pero se contrastan esas 124 con las horas que tenía disponibles para trabajar en ese mes, que en el caso de, por ejemplo, Marcela Marín, eran 23. Ahí se aprecia esta diferencia de 101 horas”.

“Ese trabajador podría, incluso, haber trabajado sin dormir, exagera en el fondo el cálculo, llega al extremo», dice Toro, quien precisó que el pago de horas extras investigado corresponde «entre el 50 y 130% respecto de las remuneraciones brutas del trabajador”.

En cuanto al resto de los anexos, Toro indicó que el 3 estaba compuesto por unos 400 funcionarios y «ahí Contraloría aplicó una fórmula de cálculo distinta para llegar a esta conclusión de que había horas extras que no procedían. Es la de agregar o descontar, además de la hora de colación o de traslado, también horas de descanso (…).. Fue considerada la posibilidad de que efectivamente esos funcionarios no hayan descansado o se haya vulnerado su derecho a descanso de las 9 horas o más, puede ser«.

En cuanto al anexo 7, dice el fiscal Toro en relación con pagos retroactivos de horas extras suspendidas a través de recursos judiciales: «Se produjo un conflicto: se le debería pagar a todos los funcionarios recurrentes o también a otros que estuvieran en la misma situación y es ahí donde la Municipalidad incurrió en una irregularidad –así lo detectó Contraloría- de pagar a más funcionarios de los que correspondían, pero como fue una materia debatible en tribunales, donde se acogieron esos recursos y se les tenía que pagar esas horas extras que le fueron suspendidas, luego por criterio de la Contraloría –a partir de esas resoluciones judiciales- se puede entender que era extendible el pago de horas extras a otros funcionarios».

«Entonces, ahí hay duda de la procedencia del pago y la Fiscalía optó por no continuar con la acusación respecto de ese anexo», indicó el representante del Ministerio Público.

En cuanto al último anexo descartado, el 8, Toro sostuvo que se trata de horas proporcionales a un número acotado de funcionarios, «pero las funciones que integran esta nómina podría entenderse que caben dentro del criterio que ejercen funciones no por sistema de turnos, pero cumplen funciones urgentes, necesarias, importantes, impostergable«.

Horas Extras 2

La Fiscalía confirmó la apertura de la arista «Horas Extras 2», en 2021, que dice relación con el presunto delito de fraude al Fisco cometido durante la administración Reginato al interior de la Municipalidad de Viña del Mar.

El fiscal, Cristian Andrade, enfatizó en que se trataba de una investigación paralela a la ya conocida públicamente (Horas Extras 1).

En la indagatoria, tres funcionarios fueron formalizados por un perjuicio de 56 millones de pesos, monto que se habría defraudado entre junio de 2014 y marzo de 2015.

«Esta reapertura no dice relación con otras personas investigadas y con otros periodos investigados, respecto de los cuales hay investigaciones en curso, hemos separado investigaciones respecto de estas otras personas que aparecen denunciadas, querelladas, investigadas, como la ex alcaldesa Virginia Reginato«, indicó el persecutor.

«Respecto de estas personas, nosotros vamos a seguir investigación y si existen delitos, los vamos a perseguir penalmente, pero es una causa diversa«, agregó Andrade.

Alcaldesa y Gerente de la Corporación Municipal con orden de arresto

En octubre de 2021 la alcaldesa Ripamonti, afirmó que tiene siete órdenes de arresto en su contra por no pagos de Virginia Reginato.

A esa altura, no era un desconocimiento que la Corporación Municipal de Viña del Mar estuviese en una eventual quiebra, puesto que cuando se adeudan cotizaciones previsionales, las AFP pueden perseguir la restauración de estos montos a través de órdenes de arresto.

En esa época, la jefa comunal ya había confirmado un déficit de más de 19 mil millones de pesos desde la anterior administración.

El gerente de la Corporación Municipal, Jorge Cea Valencia, también está con orden de arresto por incumplimiento de pagos de deudas previsionales que se arrastran desde el mandato de Virginia Reginato.

Finiquitos

Una querella criminal por fraude al fisco presentó la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti, en febrero de 2022, en contra de su antecesora, Virginia Reginato, y el exadministrador municipal, Claudio Boisier Troncoso. ¿La razón? Abultados finiquitos que permitió a altos funcionarios percibir millonarios desembolsos desde las arcas fiscales.

La presentación de 21 páginas apunta justamente a los dineros recibidos por tres servidores públicos. El monto total supera los $150 millones.

El desglose va así. El primero en aparecer es el propio Claudio Boisier, uno de los hombres de confianza de Reginato, quien recaló como administrador municipal en abril de 2018. La alcaldesa lo convocó en medio de la crisis desatada por el déficit de casi 17 mil millones de pesos destapado por Contraloría.

En la oportunidad pasó de ser gerente de la Corporación Municipal a administrador municipal. Es decir, el segundo al mando del municipio.

Ripamonti acusa que, en medio del traspaso, Boisier recibió un finiquito de 2.844UF (equivalentes, en esa época, a 76,6 millones de pesos), pese a que su salida se dio por “mutuo acuerdo”, lo que -de acuerdo al libelo- no obligaba a la Corporación desembolsar tales dineros.

El monto se disgrega en tres factores: indemnización convencional por años de servicios, feriado proporcional y 57 días de feriado legal por años de servicio.

La segunda funcionaria que figura en la acción judicial es Patricia Colarte. En diciembre de 2004 llegó a la Corporación Municipal, contratada como directora de Educación en la Administración Central. Seis años después, en 2010 presentó su renuncia voluntaria para recalar menos de una semana después como la flamante Seremi de Educación en la región de Valparaíso. Se le pagó un finiquito de 21,5 millones de pesos: 15,3 millones como indemnización voluntaria, poco más de 600 mil por feriado proporcional y 5,5 millones por 50 días de feriado legal pendiente, detalla la querella.

Todo ello, cuando la corporación estaba representada por Boisier.

El tercer caso es más complejo. Corresponde al de Rodrigo Macuada Murray, el exadministrador del Cementerio Santa Inés, organismo dependiente de la Corporación Municipal.

El funcionario arribó al cementerio en 1992 y se desempeñó sin mayores sobresaltos hasta que en 2019 se le acusó de prácticas antisindicales, lo que derivó en sendas demandas del sindicato de trabajadores y de la Dirección del Trabajo, luego de que se ocuparan guardias para sepultar cadáveres. Todo se selló con el pago de unos $30 millones como compensación en beneficio de 27 empleados.

Según detalla la presentación de Ripamonti, los hechos descritos fueron acreditados e incluso reconocidos por el propio Macuada ante la Inspección del Trabajo, por lo que -de acuerdo a la querella- le correspondía “la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

En lugar de ello, añade el escrito, y en contra de la decisión del gerente general del cementerio, Pedro Retamal Villagra, “quien era de la posición de aplicar la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato se terminó invocando el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa”.

Todo ello -acusa Ripamonti- “debido a la orden expresa impartida por el administrador Municipal Claudio Boisier Troncoso”.

Con todo, el 1 de junio de 2019 Rodrigo Macuada Murray suscribió un finiquito con la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, a través del cual la corporación se obligó a pagar casi 57 millones de pesos: $3,7 por el mes de aviso, indemnización (11 meses) 41,4 millones, feriado legal pendiente (81 días) $10,4 millones y feriado legal proporcional $1,3 millones.

La situación de Macuada se aborda en extenso en la querella. De este caso, el escrito apunta que “pese a la mala gestión de Macuada”, que “le costó millonarias indemnizaciones a la Corporación Municipal”, se le terminó entregando millonarios recursos.

“No puede ser visto sino como un premio, cuando lo que correspondía evidentemente era el despido disciplinario”, fustiga.

Asimismo, la acción judicial abre las dudas respecto de la validez que tendría el pago con fondos públicos de vacaciones, “de las que existen legítimas sospechas si fueron ejercidas, lo que debe ser investigado”.

Antes de concluir, el escrito se refiere al caso del Claudio Boisier. Lo califica como “grave”, pues el dejó “la Corporación Municipal de Viña del Mar para trabajar para la I. Municipalidad de Viña del Mar, ambas representadas por la alcaldesa (Reginato)”.

“De suerte que no se requiere mucha perspicacia para advertir que el pago de la indemnización voluntaria era una manera de enriquecer, con cargo a fondos públicos, al trabajador, perjudicando patrimonialmente a la Corporación”, critica el documento.

“La investigación deberá determinar el perjuicio patrimonial causado a la Corporación, debiendo tener presente que por concepto de pago de los finiquitos antes señalados, egresaron aproximadamente del patrimonio de la corporación una suma ascendente a más de $155.000.000”, concluye.

Contratación de cercanos. Fiesta y Champagne

La Contraloría General de la República remitió los antecedentes de un reciente informe al Consejo de Defensa del Estado, luego de detectar nuevas irregularidades en la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), bajo la administración de la exalcaldesa, Virginia Reginato.

Las conclusiones fueron dadas a conocer por el ente fiscalizador en un informe de 113 páginas. En él se da cuenta del desembolso de cuantiosos recursos en fiestas y cajas de champagne, además de la contratación de dos sobrinas de una de sus mujeres de confianza.

Contraloría también estableció que la Corporación registra pérdidas acumuladas al 2019 de $7.711 millones. Además, un déficit en el ítem trabajo que alcanza la suma de más de $9 mil millones.

Dentro de los principales hallazgos del ente contralor aparece la contratación de María Carrasco Maldonado y María Rouse Maldonado.

¿El problema? Resultaron ser sobrinas de una de las mujeres de confianza de Reginato: María Angélica Maldonado, exjefa de Gabinete de la Municipalidad de Viña del Mar. Esta última también figura casada con Javier Aravena Segovia, exdirector de la Casa del Deporte de la CMVM.

De acuerdo a lo estipulado por la Contraloría, las sobrinas se encuentran desde el año 2012 contratadas por la CMVM, para prestar servicios de coordinación justamente en la Casa del Deporte en el primer caso, y de coordinación de Educación y Salud para el segundo, por un sueldo mensual de $2.171.315 y $3.003.372, respectivamente.

La Contraloría también detectó cuantiosos desembolsos en fiestas al interior de la Corporación. En total, se verificaron gastos por $49.941.677, por celebración de fiestas patrias, aniversario del sindicato, Navidad, vino de honor y compra de cajas champañeras.

Por esa causa, la Contraloría no solo dio un tirón de orejas a la antigua administración al recordarle dictámenes anteriores que disponen que el uso de los recursos otorgados a las corporaciones debe resultar concordante con las finalidades que le corresponda cumplir, sino también enviaron los antecedentes al Consejo Defensa del Estado.

En el informe aparece también el nombre de Patricio Gatica Montecinos. Se trata de un asesor comunicacional contratado por la Corporación viñamarina, pero que al mismo tiempo percibió $3,6 millones por un contrato suscrito con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. También figura como personal de apoyo del exdiputado UDI Osvaldo Urrutia.

Por si fuera poco, también se comprobó en total un pago de 38 horas extraordinarias diurnas a 7 diversos trabajadores por sobre las registradas en el reloj control.

Tricel inhabilitó a Virginia Reginato

La exedil de Viña del Mar había sido electa para integrar el Concejo del municipio, sin embargo, con la medida del Tricel no podía ejercer este último cargo.

Un duro golpe recibió en 2021 la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinara inhabilitarla de ejercer cualquier cargo público por un periodo de cinco años tras ser acusada de abandono de deberes.

En la resolución del Tricel, el organismo explica que “si bien la destitución del cargo de alcaldesa resulta improcedente en estos autos, solo porque en la actualidad la requerida ya no sirve el cargo que ostentaba a la data del requerimiento”.

“No obstante la señora Reginato Bozzo queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada”, añaden en el documento.

Permiso de edificación a edificio con riesgo de derrumbe por socavón

Una publicación de El Ciudadano apunta a la presunta responsabilidad de la Municipalidad de Viña del Mar, conducida en ese entonces por Virginia Reginato, por haber recepcionado las obras del edificio Kandinsky, el mismo que está a punto de sucumbir por el enorme socavón.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ha señalado al Ministerio de Obras Públicas por el colapso del colector de aguas lluvias que ha puesto en riesgo de derrumbe al edificio Kandinsky en el límite entre Concón y Viña del Mar. La edificación tuvo que ser evacuada, afectando a 25 personas, 11 de las cuales la utilizaban como «segunda vivienda». Sin embargo, surgen preguntas sobre quién otorgó el permiso para construir este edificio.

Según el «permiso de edificación» del edificio Kandinsky, emitido el 9 de junio de 2011, este fue aprobado durante la gestión de la exalcaldesa Virginia Reginato. El permiso fue otorgado por el director de la Dirección de Obras Municipales, el arquitecto Julio Ventura. La construcción, a cargo de Besalco Inmobiliaria S.A, se ubicó en el Loteo Reñaca Bajo-Reñaca y se acogió a la ley N°19.537 de copropiedad inmobiliaria. Los representantes legales de la constructora eran Paulo Bezanilla y Eduardo Nestler.

La mujer de los $100.000 millones

Si bien hace tiempo que terminó la administración de Virginia Reginato en Viña del Mar, todavía sigue dando de qué hablar. Y es que la última auditoría forense reveló resultados devastadores para la ciudad durante la era de la exalcaldesa.

Según el trabajo realizado por el equipo de auditores del Grupo Panal, y encargado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, entre los años 2016 y 2021 se detectó un total de 63 anomalías en la administración Reginato, contando entre ellas irregularidades en el control financiero, control de presupuestos, contratación de funcionarios y adquisición de bienes.

La auditoría reveló el pago de casi $23 mil millones por concepto de horas extras a funcionarios municipales, siendo estos con una altísima frecuencia; el 90% de los funcionarios de la administración anterior recibió pagos de horas extra en más de la mitad de los 66 meses de administración de Virginia Reginato. Los $22.979 millones gastados en horas extra superan, por ejemplo, al presupuesto municipal anual de la comuna de Concón.

El informe forense, además, constató una baja en la recaudación en los años 2018 y 2019, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas. Debido a esto, durante los años mencionados el municipio viñamarino no pudo ingresar a las arcas un total aproximado de $65 mil millones de pesos. En total estamos hablando de una pérdida de $100 mil millones.

Asimismo, el Grupo Panal detectó la ausencia de 1.115 bienes de inventario municipal. Entre ellos, tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal que permanecen inubicables.

Otra de las irregularidades que destacan en la auditoría es el “incremento injustificado” de arriendos destinados a la unidad de Seguridad Ciudadana, subiendo de 142UF a 250UF entre enero de 2015 y enero de 2016. Además, se detectaron 143 Decretos alcaldicios para modificaciones presupuestarias y presupuestos y gastos anuales sin respaldo y con valores idénticos entre 2020 y 2021.

Finalmente, huelga manifestar que esperamos con prontitud y celeridad que la Fiscalía tome cartas en el asunto y lleve al banquillo de los acusados a esta corrupta mujer que tanto perjuicio le provocó, tanto económico como de imagen, a una comuna entera. El nombre de la depravación, envilecimiento y mafia es y será sinónimo de Virginia Reginato, la militante de la UDI que hizo un festival de corruptela en Viña del Mar.