Las huellas de la gestión del exalcalde Raúl Torrealba (Ex RN) siguen presentes en la Municipalidad de Vitacura, ya que la actual administración de la alcaldesa Camila Merino (Evópoli), busca solucionar un problema originado por las anomalías registradas en una licitación relacionada con estacionamientos subterráneos.
En 2007 durante el mandato de Torrealba –formalizado en 2023 por fraude al Fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita- el municipio otorgó una licitación a la Sociedad Anónima “Concesión Estacionamientos Municipales de Vitacura S.A.” para llevar a acabo la construcción de estacionamientos subterráneos en Plaza Lo Castillo, otorgándole a cambio la explotación de los estacionamientos superficiales de Alonso de Córdova, por un lapso de 40 años hasta 2047.
La concesionaria también contaba con la opción, bajo ciertas condiciones, de proponer un proyecto para construir y explotar estacionamientos subterráneos en la misma avenida.
Sin embargo, anomalías tanto en la base como en la ejecución del proyecto, produjeron indignación entre los vecinos, generando denuncias de irregularidades y culminando en la terminación anticipada de la licitación, consignó un reportaje de Biobío Chile.
Además, en la práctica el proyecto no beneficiaba ni a los vecinos ni al municipio.
Por la explotación de los estacionamientos superficiales en Alonso de Córdova, la Concesionaria debía pagar un monto mensual de $2.500.000 a la Municipalidad de Vitacura, según lo reportado por medio citado.
Sin embargo, el Concejo Municipal junto con la alcaldesa Merino acordaron por unanimidad terminar anticipadamente la concesión, por causa de “incumplimientos del contrato”.
Sin embargo, existe una parte del contrato que sí se cumplió y según la licitación, estaría vigente hasta el final del mismo en 2047; la cual se refiere a la construcción y goce de los estacionamientos subterráneos de Plaza Lo Castillo. Sin un tope tarifario, la concesión cobra actualmente $52 pesos por minuto.
A la espera del dictamen de la Corte Suprema
Según el concejal Felipe Irarrázaval (RN) acudió a la Contraloría General de la República y solicitó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) revisara infracciones a la ley de defensa para la libre competencia.
Esto, debido a que la concesionaria realizó modificaciones irregulares al polémico “Proyecto Zoccalo” de estacionamientos subterráneos en Alonso de Córdova. Con respaldo del propio municipio, la obra se modificó alejándose del proyecto inicial e incorporando un centro comercial.
Esta alteración fue la gota que colmó el vaso para vecinos y locatarios, quienes se agruparon en la Asociación Alonso De Córdova-Nueva Costanera para, junto al concejal Irarrázaval y la alcaldesa Merino, denunciar las vulneraciones y detener el proyecto.
La Corte Suprema deberá determinar la legalidad del contrato y si se mantiene o no.
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