Guerra sin condiciones ni oportunidades libran campesinos de Brasil

Aunque Brasil es noticia esta semana por razones específicas, es oportuno recordar el horror que en las últimas décadas han vivido los campesinos y trabajadores de las tierras en el gigante latinoamericano.

Una verdadera guerra desigual se dibuja en los millones de hectáreas productivas que conforman el país con mayores extensiones de tierra del continente.  Se cuentan por miles los campesinos asesinados al ser considerados obstáculos en los planes productivos de grandes y multimillonarias transnacionales de alimentos; todo eso con la venia de gobiernos quienes miran a su pueblo como papeletas de votación.

Específicamente, desde 1985 al 2017, fueron asesinados 1898 agricultores, según denuncia de la Comisión Pastoral de la Tierra, de los cuales solo fue resuelto judicialmente el 1,6% de los casos.

Estudios de organizaciones internacionales y del Movimiento Sin Tierras de ese país,  aseguran que Brasil es el país más violento del mundo para los campesinos, quienes hallaron en la ocupación de tierra el acceso a estas, ante las expropiaciones y explotaciones de los grandes terratenientes. Olvidando que por siglos fueron los campesinos e indígenas los  mejores custodios de las más de 8 millones de hectáreas que componen la extensión territorial del país.

Desde la llegada de Michel Temer al poder, reseña un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el número de muertes en el campo aumentó 22% con relación a 2015, y se triplicó en comparación con el año 2000. De mayo de 2016 a finales de 2017 la guerra en el campo cobró la vida de más de cien personas entre labradores, indígenas y líderes del MST, añade el texto.

En este período aumentaron 86% las amenazas de muerte a los campesinos, 68% el intento de asesinatos, y 185% la prisión de trabajadores del campo e indígenas; cifras que indican que en Brasil, donde el 60% de la tierra pertenece a un 1% de la población, el conflicto agrario entre latifundistas y lugareños del campo, está vigente y tristemente, más violento.

Estos números hacen de Brasil el país más peligroso del mundo para los campesinos, activistas y defensores del medio ambiente. Según la ONG Global Witness fueron contabilizados 448 asesinados entre 2002 y 2013. Las Naciones Unidas también denunció la bestialidad que sufren los habitantes del campo brasileño: «Estamos preocupados ante el aumento de víctimas entre campesinos y activistas. Brasil necesita empezar a lidiar con la impunidad», dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos en mayo pasado,  señala un trabajo de la periodista experta en política y derechos humanos, Agnesse Marra.

La década de los 80 fue el último periodo violento recordado hasta la llegada del siglo XX cuando se reactivó. Esa fue la época del retorno de la democracia, el nacimiento del Movimiento Sin Tierras y la creación de una nueva reforma agraria, que no fue implantada como esperaban los campesinos, ya que en los últimos treinta años la concentración de latifundios aumentó 375%, y no llega a 10% la expropiación de tierras destinadas a los campesinos, según estudio de la Universidad Estatal Paulista (Unesp).

Para 2014, según el Instituto Nacional de Colonización y de Reforma Agraria (Incra), más de 186 mil familias brasileñas esperan por un pedazo de tierra para producir alimentos.

Aunque los gobiernos que antecedieron a Temer no marcaron posición con los terratenientes, expropiaron más tierras que gobiernos anteriores y devolvieron territorio a las comunidades indígenas; no obstante dieron apertura al agronegocio, con una economía basada en la exportación de materias primas, concediendo todo tipo de ayudas a los latifundistas para expandir la frontera agrícola, refiere también el trabajo de Marra.

Con Temer, continúa Marra,  la fuerza volvió al bando de los terratenientes. El nuevo presidente de Agricultura, Blairo Maggi, es el mayor productor de soya del país, y como parte de su gestión cerró el ministerio de la Reforma Agraria y “desde el Congreso, la mayoría bancada del agronegocio ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para paralizar el reconocimiento de tierras indígenas y liberalizar áreas de protección medioambiental para destinarlas a la minería”.

El problema de la tierra y su desigual reparto, está ligada al desarrollo de los pueblos del mundo, y es el gran generador de las problemáticas de los derechos económicos, sociales  y culturales de los países, donde una posible reforma agraria se plantea en vano ante poderes económicos y políticos, generalmente enemigos de la redistribución de la tierra, y agraciados a una concentración que beneficia a las familias ricas y a las empresas extranjeras que tratan de establecerse en los países con el mínimo de gastos.