El desperdicio de alimentos se ha convertido en un tema de gran preocupación para la opinión pública mundial.
En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) estimaba que aproximadamente 1/3 de los alimentos del mundo se arrojaban a la basura cada año.
Es por ello que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja una mayor conciencia mundial sobre el problema.
La meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible exige reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos a nivel minorista y de consumo para 2030, así como disminuir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.
Basados en este propósito, el Parlamento de Catalunya tiene previsto en su sesión de este miércoles 4 de marzo, aprobar la ley contra el despilfarro alimentario, que incluye medidas con incidencia en todos los sectores que participan en la cadena alimentaria, reseñó el diario La Vanguardia.
Una de las medidas más destacadas es la obligación para los restauradores y servicios de catering que atiendan más de 100 personas, es ofrecer envases biodegradables para que los clientes se lleven a casa la comida que no hayan podido consumir.
Esta posibilidad deberá ser comunicada tanto verbalmente como de forma clara en los menús de bares y restaurantes, que además deberán ajustar las raciones para evitar el despilfarro. Las casas de comida también deberán permitir que sus clientes traigan sus propios envases.
Además, en el caso de servicios de catering y comedores escolares, se establecerán programas educativos para reducir la cantidad de alimentos que terminan en la basura.
En lo que respecta al sector de la distribución, los supermercados que superen los 400 metros cuadrados de superficie no podrán tirar los productos que hayan sobrepasado la fecha de consumo preferente, que serán expuestos para la venta al público en espacios separados del resto, quince días antes de su vencimiento, promoviendo su venta con una reducción del precio de venta al público.
Los productos de este tipo que finalmente no se vendan tampoco podrán terminar en el vertedero, sino que los comercios deberán suscribir acuerdos con entidades que les den salida siguiendo una escala de prioridades, cuyo primer peldaño serán las políticas de prevención para evitar que sobre producto.
Si no se evitan los excedentes, se intentará que su destino sea el consumo humano, después el consumo animal y finalmente los usos industriales o la generación de energía.
La nueva norma obligará a todos los sectores de la cadena a disponer, en el plazo de un año, de un plan estratégico de lucha contra el despilfarro alimentario que cuantificará cuánta comida se tira –los datos que recojan se incluirán en un registro– y definirá las medidas oportunas en cada caso.
En el caso de la administración, se obligará a incluir en los concursos públicos de servicios alimentarios cláusulas contra el despilfarro, se impulsarán programas educativos para concienciar a los más jóvenes y se creará una especie de directorio donde los productores con excedentes puedan encontrar empresas y entidades que puedan aprovecharlos.
En este sentido, una de las principales novedades que incluye esta ley es la regulación de la figura de los espigadores, que se dedican a recoger del campo las frutas y verduras que el agricultor ha descartado –normalmente porque tienen mal aspecto– para darles un uso alternativo.
Por último, el Govern y el Consell Català de l’Alimentació crearán un distintivo o sello de calidad para identificar y reconocer los establecimientos y empresas de todos los sectores “que alcancen prácticas o políticas notables en la reducción del desperdicio alimentario, más allá de los requerimientos normativos” que se recogen en la ley.
Raúl Moreno diputado socialista que adelanta la iniciativa, explicó que el resultado es una ley que servirá como “primera piedra” para un cambio de hábitos en la sociedad, ya que incidirá tanto en la toma de medidas contra el despilfarro como en la concienciación social con respecto a este problema.
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