A consecuencia del derrame de diez mil litros de pintura tóxica –conocida como anti-fouling– en el río Trainel, afluente del lago Huillinco-Cucao, en Chonchi, diversas organizaciones han comenzado una campaña para boicotear a la industria salmonera que opera en Chile, ya que insiste en operar con malas prácticas y con bajos estándares ambientales, sanitarios y laborales. “Chiloé es el mejor ejemplo de lo que pasa en la región después de 25 años de operación salmonera”, advierte por ejemplo Juan Carlos Cárdenas, de Ecocéanos, quien además denuncia las intenciones de expansión de la industria.
Tras el derrame de líquido anti-fouling, el lago Huillinco-Cucao está amenazado por la industria salmonera que en los últimos años ha tenido una gran penetración en la región, y con ello amenaza también a las pequeñas comunidades rurales campesinas e indígenas que dependen del elemento vital para su economía. Además, el área contaminada en la comuna de Chonchi es de una gran importancia turística para los habitantes, al ser la vía acceso al Parque Nacional Chiloé.
Con este accidente en el río Trainel nuevamente se puso de manifiesto los impactos ambientales, sanitarios y sociales que ha tenido la expansión de la industria salmonera en la región de Los Lagos, explica Juan Carlos Cárdenas. Además, plantea que hace cinco años diversas organizaciones del Biobio, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, vienen trabajando para ponerle límites a la industria, las que concluyeron que es necesario «entrar en una fase para presionar en los mercados nacionales e internacionales usando la fuerza de la ciudadanía organizada, pero también a los consumidores, para detener la destrucción sanitaria y ambiental”.
Juan Carlos Cárdenas, director Ecoceanos.
La campaña está siendo impulsada por comunidades de la pesca artesanal, lafquenches, wuilliches y kawésqar, además de ONGs. Todos apuntan a detener los impactos ambientales, sanitarios y sociales de la expansión salmonera, considerando que -sostienen- “el Estado es un cómplice activo de estos procesos de expansión y destrucción sanitaria y ambiental”, acusa Cárdenas.
Como ejemplo, menciona un megaproyecto de expansión salmonero en Magallanes, que está apoyado por el Ministerio de Economía y la Corfo a través de un programa llamado Salmón Puro Sustentable de la Patagonia. La iniciativa busca llegar a un millón 200 mil toneladas anuales de salmón para el año 2030, lo que cuadriplicaría la producción de esta especie y de truchas para el 2020 en esa zona del país.
El director de Ecoceános explica que la industria salmonera hoy está en un período de gran bonanza económica, ya que el año pasado exportaron casi 5 mil millones de dólares. Esto, porque después de la crisis que vivieron entre febrero y mayo de 2016 en Chiloé, en que la producción cayó casi en un 20% -por los temas de florecimiento de microalgas tóxicas-, “el precio del salmón subió espectacularmente alcanzando casi los 9 dólares el kilogramo, cuando se comercializaba a cinco o seis dólares”, sostiene. Esto ha hecho que en los últimos dos años la industria haya vuelto al ciclo de expansión y aumento de producción.
El boicot
“Vamos a usar a nuestro favor los mecanismos de mercado y los derechos que de ahí se derivan”, manifiesta Juan Carlos Cárdenas, quien llama a sumarse al boicot a la industria salmonera, considerando -dice- que “no varía su comportamiento y que cuenta con un Estado cómplice que genera las condiciones para este proceso de destrucción”. El boicot apunta a dejar de consumir el denominado salmón químico de criadero industrial chileno.
La campaña tiene tres públicos importantes. Primero, los consumidores chilenos que deberán elegir el consumo de pescados y mariscos de origen artesanal de producción local conocida, para que no se alimenten -sostiene Cárdenas- con “esta especie introducida que ha causado gran daño en los ecosistemas acuáticos del país”.
En segundo lugar, la campaña está dirigida a los consumidores de Estados Unidos, ya que recibe casi el 36% de la exportación de salmón chileno y, por lo tanto, “es la principal fuerza que estimula los procesos de expansión territorial”, según explica el especialista, quien recomienda a los norteamericanos a que opten por una producción de salmón que se encuentre mejor regulada.
El gobernador de Washington, Jay Inslee, firma una resolución de protección de cetáceos contra la industria salmonera.
En este sentido, Cárdenas anuncia conversaciones con el Senado de Washington donde recientemente se prohibió las operaciones de los centros de cultivo por considerar que los impactos ambientales eran “intolerables”, por lo que se espera que para el 2025 desaparezca toda actividad de cultivo industrial de salmones.
Esta es una “poderosa señal a la industria en Chile”, apunta Cárdenas, porque se puede abrir una investigación sobre cómo se produce el salmón en nuestro país, sus impactos y que desarrolle acciones contra una eventual “competencia desleal de la producción de salmón químico comparada con la producción en Estados Unidos”.
Finalmente, la campaña apunta al otro lado de la Cordillera, ya que el 100% del salmón que se consume en el vecino país es producción chilena, y un estudio determinó que casi el 70% tenía residuos de antibióticos o químicos. Entonces, explica el director de Ecocéanos, “estamos pidiendo a los chefs que retiren de su menú el salmón producido en Chile por ser una amenaza para la salud pública”.
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