Financiamiento cultural en Chile: El sofisticado arte de pasar el gorro

El disgusto siempre rodea los resultados de los Fondos de Cultura. Más allá de las polémicas puntuales, existe una dependencia del Estado, las consecuencias del arte convertido en mercancía y el artista en un trabajador “especial”. Algunos exigen más recursos públicos y otros más aportes de privados, aunque también hay de los que se marginan. Mientras tanto, las creaciones siguen lejos y las platas y el acceso se concentra en las ciudades más grandes y en los sectores más acomodados.  

En 2009 una actriz se encadenó al Consejo Nacional dela Cultura y las Artes (CNCA) protestando por la “peyorativa” razón que esgrimían los evaluadores que no seleccionaron su proyecto Fondart. Desde que este fondo se creara en 1992, los reclamos por la forma en que se entregan los recursos, la idoneidad de los evaluadores (y en ocasiones, la sobrecarga de trabajo) y la repetición de nombres (entre ellos instituciones de renombre) han sido recurrentes.

Estos últimos años han sido intensos. Basta recordar los 99 millones adjudicados al Centro Mori de Benjamín Vicuña, Gonzalo Valenzuela y el ingeniero Cristóbal Vial en 2009, a los que se suman los 166 millones recibidos en 2012 para su “fortalecimiento institucional”; o los 12 millones que en 2011 recibió Lastarria 90, fundado por Felipe Braun y el actual Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, que si bien alegó estar desligado legalmente, aparecía como copropietario de la casa donde funciona.

«Dejémonos de ser los chilenitos tontitos que reclamamos por todo», decía la actriz Anita Reeves, presidenta del jurado de los Fondos 2012. Pero más allá de la capacidad de gestión de estos agentes, de los beneficios sociales que traerían o de las afinidades políticas de sus dueños, uno de los temas que sobresalía era a quién debían ir las platas del Estado.

“Hay que entender que se trata de concursos públicos y que no se hace otra cosa que evaluar y contrastar proyectos donde su principal criterio de selección es la calidad, ya sean de consagrados o emergentes”, explica Javier Chamas, jefe del Departamento de Fomento de las Artes y las Industrias Creativas del CNCA.

Respecto de la relación de autoridades y los proyectos seleccionados, expresa la certeza “que no ha habido en el pasado ni presente fuerzas para intervenir el trabajo de los más de 500 evaluadores externos que realizan la tarea”.

Autoridades del CNCA reunidos con seleccionados 2013

CAJA DE PANDORA

El CNCA se creó en 2003, con lo que, a través dela Ley de Donaciones con Fines Culturales y el Fondo Nacional de Desarrollo dela Cultura y las Artes (Fondart), el Estado asumía un rol relevante de apoyo a la creación, que multiplicó las posibilidades de concretar proyectos pero en un contexto precario y dependiente.

Con el tiempo se sumaron nuevas líneas y aumentaron considerablemente los recursos, pero esto aún es insuficiente. “La asignación que se da a Cultura en el Presupuesto Nacional es paupérrima. Si bien en Educación está cada vez más cerca de las cifras correctas (22%), no obstante sus magros resultados (que es otro tema), en cultura no alcanzamos aún el 0,5 %”, afirma Patricia Díaz Inostroza, Doctora © en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago, quien se ha desempeñado como jurado de proyectos de investigación para el Fondo de la Música (Fonmus).

Y así lo confirman las cifras: Los resultados del Fondart Nacional 2012 indican que de un total de 1700 proyectos postulados sólo 121 fueron seleccionados (favorecidos con recursos), es decir, un 7%. El monto total de los 1770 sumaba más de 28 mil millones, mientras que se entregaron poco más de 3 mil millones de pesos. En 2013, aumentaron los seleccionados y los recursos, pero los postulantes fueron menos.

Pero no son sólo los dineros: La mayor cantidad de proyectos seleccionados en 2012 se sitúan en la RM (78%), Valparaíso (6%) y Bío Bío (3%), habiendo regiones que presentaron menos de 10 proyectos y ninguno fue seleccionado. Por otro lado, según comuna, la mayoría de los seleccionados se ubican en Providencia (17%), Ñuñoa (10%), Las Condes yLa Reina(4%).

Es sabido que la elaboración de un proyecto es engorrosa, especialmente en fondos como el audiovisual, lo que ha generado una nueva clase de especialistas del “formulario”, tal como lo reconoció el propio Ministro (“piratas del sistema”, les llamó exactamente).

Por lo mismo, auto-marginados o frustrados ante el desgaste de las postulaciones, diversos proyectos artísticos han incursionado en modalidades de financiamiento colectivo a través de plataformas como goteo.org o idea.me, o realizando campañas entre amigos y desconocidos.

Constanza Escobar, socióloga dela Consultora Asides, que ha trabajado con artesanos y gestores culturales de zonas rurales, explica que aunque las Oficinas de Cultura de los municipios orientan a los postulantes, la terminología y la utilización de la plataforma web es difícil  para su nivel de manejo, considerando que la conectividad no es masiva. Además, hay desconocimiento de otras vías de financiamiento de que no sean las del Estado.

Precisamente, los dos últimos años el procedimiento de postulación digital trajo numerosas críticas por su ineficacia. A la polémica respecto al desempeño de las empresas involucradas (la chilena DCL y la brasileña DRUID) se sumó la desvinculación de Gonzalo Martin, ex subdirector del CNCA investigado por la Contraloría, entre otras cosas, por la compra de insumos computacionales a su ex empresa Adexus.

“Hemos tenido distintos proveedores estos dos años y la experiencia del presente concurso (2013) fue mucho mejor que la del año anterior. Hay que distinguir que durante este concurso el único gran problema fue el atochamiento de postulaciones generadas los días de cierre. En ningún momento la plataforma dejó de funcionar,  siempre se pudieron ingresar proyectos”, asegura Javier Chamas del CNCA.

No obstante, el último año el 98,4% de los postulantes hizo el proceso a través de la plataforma digital. Es decir, de los casi 8.700 proyectos recibidos,  sólo 139 fueron entregados en papel.  “Por lo tanto, aunque desde sus inicios se ofreció la alternativa de postular de forma tradicional (papel), entendimos que nos enfrentábamos a un proceso gradual y evolutivo y así lo están demostrando  las cifras”, afirma.

Cruz Coke junto al músico Carlos Cabezas, y Javier Chamas, del CNCA

PLANO DETALLE

Evidentemente, hay otras cosas puntuales. Federico Schumacher, compositor miembro de la Comunidad Electroacústica de Chile (Cech) e investigador, indica, por ejemplo, que el funcionamiento del Consejo de la Música y su Fondo es errático, empezando por la ambigua y estática clasificación a los tipos de música que pretende estimular (clásica, popular, folclórica), negando espacio a otras manifestaciones musicales en los márgenes. Además, critica que los recursos se estén concentrando en la industria, en detrimento de la creación, desviando los fondos hacia a los agentes comerciales que producen valor agregado y no a centros culturales, corporaciones, asociaciones, etcétera.

“Hay músicas que no funcionan en la lógica de la compra-venta y los mediadores no las van a incluir en sus catálogos. Si hay un modelo que está en crisis es el de la industria musical; no entendemos por qué el énfasis está puesto ahí y no en el desarrollo de investigación en nuevas tecnologías”, señala.

Bárbara Negrón, Directora General del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), considera positivo que se destinen recursos al desarrollo de la industria creativa, pero no cree que los fondos concursables sean la mejor herramienta: “Los fondos resultan más apropiados para proyectos de creación artística y otros ámbitos como la investigación o las becas, pero cuando se trata de dinamizar una industria o fortalecer los procesos de distribución o difusión, demuestra poca eficacia”. Y cita como ejemplo los 125 millones destinados al funcionamiento de una sala de cine chileno en el Cine Huérfanos como parte de una estrategia para aumentar la audiencia.

“Esto que debía haber sido una política de mediano y largo plazo, terminó durando un solo año porque no ganó el concurso 2012. Finalmente la inversión de un año prácticamente se perdió. Este tipo de apuestas no pueden estar sujetas a concursos anuales. Lo mismo pasa con festivales que cumplen un rol muy importante y requieren un enorme esfuerzo de parte de los organizadores pero que terminan siendo apoyados un año si, otro no”, comenta.

A fines de septiembre del año pasado, la Cech, que organiza el Festival Ai-Maako hace 12 años y es un ejemplo de gestión cultural produciendo un evento de música experimental de nivel internacional, en distintas ciudades de Chile y con entrada liberada, declaraba en un comunicado desistir de la postulación a la convocatoria del Fonmus 2013, ya que les era imposible cumplir con la exigencia del 25% de cofinanciamiento en dinero (Nº 5 de las actuales bases para actividades presenciales).

“La Cech se financia sólo con el aporte de sus miembros (…) Pensamos que la disposición aludida no se justifica en el contexto de géneros musicales que usualmente no tienen presencia en medios de comunicación masiva ni en la industria del entretenimiento”, indicaban.

La actual administración incluyó el cofinanciamiento en dinero en casi la totalidad de los Fondos, contraviniendo la tradición de mecenazgo que se ha dado en Chile – casi siempre en bienes y servicios (canjes no monetarios), y limitando en parte las iniciativas sin fines de lucro o ligadas a expresiones vanguardistas que no encuentran un amplio nicho de mercado o apoyo de la empresa privada.

Javier Chamas del Consejo reconoce que es una política impopular, pero que impulsa el desarrollo de proyectos y organizaciones en el mediano y largo plazo. “El año pasado, pese a las críticas recibidas, la gran mayoría de los proyectos cumplieron con este requisito: frente a los $14 mil millones que el Estado invirtió en los proyectos, se levantaron cerca $3 mil millones de recursos privados, lo que indica que no se trata de una política antojadiza y que no tiene repercusión negativa, por el contrario”, afirma.

Bárbara Negrón considera que se debe asegurar que todos los tipos de contenidos artísticos y culturales tengan posibilidad de ser financiados, porque “hay obras que lograrán recursos a través de su comercialización y otras que no existirían sin fondos o subsidios; así como también hay cosas que no pueden estar sujetas ni al mercado ni a los concursos sino que el Estado debe financiar en forma directa”.

 En otro ámbito, la investigación “Gestión de Compañías Teatrales” publicada por ProTeatro Chile en 2012, que cuenta con la opinión de cerca de 40 compañías teatrales y expertos relacionados, arroja diversas luces sobre las problemáticas que enfrenta el sector. En lo referido a nuestro tema,  una de las razones para elegir el modelo de Compañía (y a veces obtener Personalidad Jurídica) es que otorga cierta formalidad que permite ampliar las posibilidades de adjudicarse un fondo concursable. Todo esto en un contexto de precariedad y dependencia de estos fondos, aunque muchas compañías desisten de postular porque consideran que limita la creación y es un proceso desgastante.

Igualmente, muchas sienten que las políticas culturales han privilegiado la conformación y fortalecimiento de espacios de exhibición, llegando los dineros a teatros y otras organizaciones, así como asignaciones directas a festivales, en detrimento de agrupaciones independientes o emergentes.

Beneficiados de los Fondos Regionales de Cultura

¿Y LAS EMPRESAS?

Si bien la Ley de Donaciones Culturales busca estimular la inversión privada en cultura, otorgando al donante un crédito tributario equivalente al 50% de la donación realizada, al momento de pagar el impuesto que pagan las empresas, aún son pocas las que se animan a abrir totalmente sus contabilidades y donar (artistas mencionan a Fundación Luksic, Fundación Mustakis, Chiletabacos, VTR y Celulosa Arauco como fuentes de recursos).

“A través de esta Ley han aumentado los montos pero no la cantidad de empresas que donan y esta tendencia hay que revertirla porque al existir más donantes es posible que la diversidad de proyectos sea mayor. También hay que incentivar a que las empresas inviertan en regiones donde conseguir una donación es mucho más difícil”, señala Bárbara Negrón.

Para la Directora de OPC  las empresas privadas tienen que participar no sólo bajo el concepto de mecenazgo, sino que también como parte de sus responsabilidades sociales. “Creo que para los empresarios chilenos la cultura es aún un tema lejano y es más común que financien proyectos educaciones o deportivos. En parte porque aún subsiste la idea que se trata de un ámbito suntuario y porque no se entiende el rol que cumple en el desarrollo de un país o un territorio”, afirma.

 Patricia Díaz concuerda: “Hay que convencer a los directorios de lo positivo que es donar, porque les dará utilidades. Ellos ignoran lo que ocurre con la gente (usuarios o clientes) si asocian su marca con la cultura. Está demostrado que es muy relevante y efectivo; los estadounidenses lo saben y por eso lo hacen. Son los donantes particulares, los individuales los que lo hacen por filantropía, no las empresas”, explica la también la gestora cultural y directora del Instituto Cultural de BancoEstado.

Negrón explica que Estados Unidos y Europa tienen modelos de financiamiento totalmente distintos. En el primero de los casos está basado en las donaciones privadas y en el mercado. En Europa en cambio el papel del Estado es muy importante en el modelamiento de las políticas culturales y se cuenta con presupuestos mayores e instituciones fuertes.

“Una tendencia internacional que podemos observar es que el sector cultural está tomando cada vez más importancia como objeto de política pública. Por ejemplo, se procuran políticas transversales de apoyo. En Australia e Inglaterra, hay programas para fomentar la industria del cine o de la música en los que no sólo participa la institucionalidad cultural sino que también los ministerios de Economía, Educación y Relaciones Internacionales, además de agentes privados, como gremios o asociaciones comerciales. Las estrategias transversales son claves”, afirma.

“Yo creo que no tiene que ver tanto con tendencias, sino con convicciones políticas –agrega Díaz-. Con posiciones éticas respecto al país que se quiere construir. Por ejemplo, todo este tiempo han hecho, sobretodo a los profesionales del sector y a los jóvenes, que esto de la ‘autogestión’ en cultura es una «tendencia» del mundo global y moderno. Como si sólo se tratara se técnicas y tecnologías. En ese sentido, el financiamiento es sólo una arista del tema y, aunque de otra manera, también afecta al ámbito de la investigación científica”, concluye.

En Finlandia, por ejemplo, país de sólo 5 millones de habitantes, el Estado y los municipios financian casi en un 100% las instituciones culturales públicas, en más de la mitad a los grupos e iniciativas independientes y entre el 30 y 50 % de muchos festivales y eventos anuales que cubren todo el arco artístico. El dinero que falta es puesto por fundaciones privadas sin fines de lucro que lo hacen no por el ‘contenido’ de la propuesta, sino como un nuevo sentido de mecenazgo.

Hace poco tiempo el Ministro Cruz Coke tuvo un revés, luego que tras dos años de tramitación el Gobierno modificó su postura respecto a permitir que las Pymes culturales (productoras de cine, compañías, academias, etcétera) puedan postular proyectos ala Leyde Donaciones, lo que fue criticado por organizaciones como la Unión Nacional de Artistas.

 “Cruz Coke, viniendo del sector privado de la cultura, quiso ampliar los beneficios y ello fue rechazado por el mismo Gobierno, lo que me parece lógico, pues no está en el espíritu de la ley, ya que esas organizaciones tienen fines de lucro, lo que daría para mucho. De hecho por eso las organizaciones de beneficencia (los otros beneficiados de donaciones de empresas) se opusieron fuertemente”, matiza Patricia Díaz.

La próxima discusión podría ser el reciente anuncio gubernamental de crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio, idea que ni siquiera estaba en el programa de Piñera.

Negrón afirma que el anuncio fue sorpresivo, ya que no se había comunicado a la, siempre participante, comunidad artístico cultural. “Por otra parte, al momento del anuncio tampoco había una estrategia para llevar a cabo el proyecto, ni una propuesta de ley sobre la que se pudiera discutir. Ya estamos en el último año de Gobierno y aunque ya hay una propuesta, aún no se conoce un texto, ni se sabe cuándo podría ingresar al Congreso.  Sin duda es necesario fortalecer nuestra institucionalidad cultural y la discusión respecto de si necesitamos un Ministerio de Cultura o no, sí o sí hay que tenerla» , concluye la Directora del OPC.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano

Publicado en El Ciudadano n° 140, marzo de 2o13