Abuso sexual infantil y victimización secundaria: Otra deuda del Estado como garante de derechos

En octubre recién pasado el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, en su evaluación del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos en Chile, declaró su preocupación por «la falta de casos de enjuiciamiento de responsable de delitos sexuales, incluido cuando son cometidos por miembros del clero católico”.

El recientemente publicado Informe Infancia Cuenta en Chile 2015, elaborado por el Observatorio Niñez e Infancia, revela- basándose en datos proporcionados por la Subsecretaría de Prevención del Delito- que hoy en Chile la tasa de denuncias por violencia sexual en contra de niños y niñas es de 118,2 por cada 100 mil habitantes, afectando mayoritariamente a niñas, con una tasa de 205,1 por cada 100 mil. La mayor proporción de denuncias se encuentra entre las niñas de 14 a 17 años con una tasa de 332,9 por cada 100 mil, frente a una tasa de 23 denuncias asociadas a violencia sexual contra niños en ese mismo tramo etáreo.

Según estadísticas de 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), organismo que recoge los datos de seguridad pública de los Estados, Chile es el tercer país en el mundo en tasa de denuncias por abuso a niños, niñas y adolescentes, siendo sólo superado por Suecia y Jamaica.

A esta preocupante realidad se suma que actualmente los organismos del Estado involucrados en el proceso, teniendo el deber de proteger a la víctima, la vuelven a victimizar, maltratándola a través de procedimientos y medidas que vulneran su dignidad y sus derechos esenciales, lo cual se conoce como “victimización secundaria”. Esto sucede cuando se expone al niño, niña o adolescente a reiterados procesos de declaración- que en la práctica ocurre hasta siete veces- en los cuales rememoran experiencias traumáticas o dolorosas, incluso dos años después de ocurrido los hechos, como ocurre con los juicios orales.

Y si bien hay amplio consenso en que es urgente modificar el actual sistema, con el objeto de evitar esta doble victimización, al proyecto de ley presentado por moción parlamentaria en 2011 que “Modifica la Ley N° 19.968 de Tribunales de Familia y el Código Procesal Penal respecto a la declaración video grabada de menores” se le han incorporado una serie de indicaciones, encontrándose actualmente todavía en tramitación en el Senado.

El ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en su cuenta pública 2015, señaló que “hemos manifestado que desde el punto de vista técnico del proyecto podía perfeccionarse, de allí que hemos efectuado nuestra contribución al Ejecutivo y Legislativo para contar con un proyecto de ley que realmente impacte en las necesidades de protección y resguardo de los derechos humanos de nuestros niños”.

Lo cierto es que si bien la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por Chile en 1990, y ésta señala en su artículo 19.1, que el Estado tiene la obligación de proteger al niño contra toda forma de maltratos, abusos y explotaciones, de carácter físico, mental o sexual, esto no se está cumpliendo.

“Un buen entrevistador pericial sigue al niño no a un protocolo rígido”

Respecto de la especialización profesional en esta materia, también tratado en el proyecto de Ley, la experta internacional en abuso sexual infantil, Lisa Fontes, quien estuvo recientemente en Chile dictando un curso en entrevista pericial a niños y niñas víctimas de abuso sexual organizado por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), afirma que lo primordial es que quien desarrolle el proceso único de entrevista video grabada– que no es lo mismo que entrevista única- sea alguien que, en primer lugar, sepa trabajar con niños.

“No importa lo brillante que sea un fiscal, un juez o un psicólogo, si no sabe trabajar con niños, no va a poder realizar estas entrevistas. Después, debiera tener alguna preparación en psicología. Y, a partir de ahí, podemos empezar con lo técnico, como la forma de realizar las entrevistas, cuáles preguntas son mejores que otras, cuáles hay que evitar, etcétera”.

“Muchas veces una entrevista basta, pero en otras se necesitan dos o tres. Si son más de tres, hay otro protocolo a seguir. Sin embargo, no deberíamos elegir de ante mano cuántas entrevistas vamos a necesitar, porque no sabemos qué va a decir el niño o en qué estado va a estar”, opina la experta.

Agrega que “en Chile, por lo que he visto y me cuentan, las disciplinas están muy divididas y cada una de éstas quiere tomar la entrevista forense como suyo. En Estados Unidos y la mayor parte de Europa lo que se hace es que se tiene la figura del entrevistador profesional. Puede ser trabajador social, psicólogo, policía o representante de la Fiscalía, pero es una persona que su único oficio es entrevistar a niños”.

Lisa Fontes, quien formó recientemente al equipo de abogados del Programa de Representación Jurídica CEDENIM de ACHNU, a profesionales de Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAVAS) de la PDI, SENAME, Servicio Médico Legal y Fundación Ciudad del Niño, entre otras instituciones, observó también que “en Chile hay una tendencia a querer establecer protocolos rígidos, y la gente no sale de ellos. Pero la práctica cambia y debe cambiar con los nuevos conocimientos e investigaciones. Como yo siempre digo, un buen entrevistador pericial debiera seguir al niño y no a los protocolos. El protocolo da una guía, pero no es un mapa exacto”.

Comunicaciones Achnu