242 municipios ignoraron la ley y entregaron licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia

Hace unas semanas, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que sancionó a cuatro entidades bancarias por otorgar créditos a deudores de pensión alimenticia. Este martes, un informe de Contraloría reveló que 242 municipios del país emitieron licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos. Todo esto, con el objetivo fiscalizar el cumplimiento del Registro Nacional de Deudores y la Ley de Responsabilidad Parental en los municipios. A raíz de este antecedente, se determinó, que al menos el 70% de los municipios en Chile habrían infringido la ley. 

Los datos entregados por Contraloría, determinaron que 3.432 deudores de pensión alimenticia recibieron la renovación de su licencia. Todo esto habría ocurrido entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024. Según este informe, los beneficiados estaban inscritos en el registro de deudores y en total, acumulan una deuda de $17.473.007.109. Esta cifra corresponde al pago de pensión que deberían haber recibido 4.706 alimentarios.

Cabe destacar que 65 funcionarios municipales que se mantenían en el registro, renovaron su licencia de conducir en el mismo municipio donde trabajaban. Junto con esto, la Contraloría informó que 482 deudores de alimentos obtuvieron la renovación del documento por ser familiares de funcionarios municipales.

¿Quién se hace responsable?

La imposibilidad de renovar la licencia de conducir es una de las restricciones de la Ley de Registro Nacional de Deudores y de la Ley de Responsabilidad Parental. Por esto mismo, la Contraloría explicó que en este caso, los funcionarios que emitieron erróneamente las licencias, incurrieron en una irresponsabilidad disciplinaria. 

“Si el funcionario municipal aprueba la licencia de conducir a un deudor de pensión, incurrirá en una responsabilidad disciplinaria, la que será sancionada con una multa de entre 10% y 50% de su remuneración”, declaró la Contraloría.

En un punto de prensa, la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que el Gobierno se encuentra en permanente fiscalización el cumplimiento de esta ley. Todo esto, con el objetivo de que todas las instituciones “obligadas a cumplir” tengan acceso al Registro Nacional de Deudores.

“Es preocupante que se reporte que al menos 242 municipios entregaron licencias de conducir a personas que estaban en el registro de deudores, siendo que la ley lo prohíbe. En ese sentido desde el Ministerio de la Mujer hemos trabajado arduamente en una mesa de coordinación con distintos actores para dar a conocer la normativa y capacitar al respecto”, finalizó la Orellana.

Según los datos del informe, estos son los 6 municipios que emitieron más de 100 licencias.