En marzo de 1994 se presentó en Chile la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente (Ley 19.300), que dio origen a una nueva fase dentro de la política pública del país: la institucionalidad ambiental.
Para conmemorar el hito, este jueves 28 de marzo el Ministerio de Medio Ambiente preparó un conversatorio con diferentes actores involucrados en la historia de este proceso, entre los que estuvo Greenpeace.
Una vez finalizada la ceremonia, la organización ambiental internacional compartió su propio balance sobre lo que se ha hecho bien y lo que falta por avanzar en esta materia.
«Es evidente que como país hemos avanzado muchísimo en materia de estándares ambientales y estructura de la institucionalidad ambiental, sin embargo la cuestión de fondo sigue siendo la misma. ¿Protegemos lo suficiente el medio ambiente? Y la respuesta es evidente para todos: queda mucho por hacer», planteó Matías Asun, director de Campañas de Greenpeace Chile.
El representante de la ONG añadió que «todas las reformas que hoy se discuten en el país, especialmente sobre permisos ambientales y burocracia, deben tener como máxima el cuidado de la naturaleza, que es el único patrimonio de todos nosotros como nación».
Lo bueno: Organización intersectorial y el acceso a la información
Para empezar, Asun destaca el aporte de un marco general al cuerpo legal que protege al medio ambiente: «Hasta esa fecha, los problemas se resolvían sectorialmente, lo que generaba decisiones contradictorias en la autoridad. Esto, a su vez, derivó en que los conflictos terminaban, con frecuencia, en la Corte. Lo que tenía saturado al sistema judicial».
«De ahí que uno de los principales objetivos de esta legislación fue abordar los impactos que estaban teniendo diferentes proyectos productivos», señala como primer análisis.
Este punto, además, se vio reforzado con la creación posterior de los Tribunales Ambientales y la Superintendencia del Medio Ambiente, «de los que se valora que existan como herramienta jurídica».
«Aunque», continúa Asun, «sigue pasando que las comunidades tienen que ir a los tribunales ordinarios a presentar sus recursos de protección, porque se sienten vulnerados en sus principios constitucionales, por ejemplo, de vivir en un ambiente libre de contaminación, y no encuentran un espacio de respuesta en la justicia especializada».
El vocero de la organización ambientalista también valora que, con esta nueva institucionalidad, mejoró el acceso a la información, puesto que ahora los antecedentes sobre proyectos que se han sometido a procesos ambientales están disponibles de manera digital en plataformas públicas.
Por mejorar: Modernizar los procesos del SEA y llevar el foco hacia el medio ambiente
Por mejorar, a juicio del representante de Greenpeace, está el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que requiere actualizar sus procesos al contexto y necesidades actuales.
«Un estudio de la U. Diego Portales detectó que el 75% de las solicitudes que ingresan al sistema son aprobadas, lo que muestra un sesgo favorable en avanzar con proyectos, muchas veces en desmedro del cuidado de los ecosistemas y las comunidades. Hay proyectos con múltiples impactos ambientales inaceptables, que igualmente son aprobados», afirma Asun.
En esa línea, recordó que cuando se presentó esta institucionalidad, el contexto era diferente, sin los niveles de degradación y crisis climática y ecológica que nos afectan en la actualidad.
«Estamos de acuerdo en que nuestra institucionalidad debe ser modernizada, pero creemos que las modificaciones a la ley, más que apurar procesos para aprobar proyectos -idea que instaló el debate sobre permisología-, deberían elevar estándares y apuntar al cuidado de nuestros bienes comunes naturales y nuestras personas».
«Hoy es necesario comprender, que ningún tipo de desarrollo será posible a costa de la naturaleza, sino que nuestra sobrevivencia depende su protección», cerró Matías Asun.
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