$80 millones por el infierno en el Estadio Nacional: Nueva condena por torturas contra el Estado

El fisco deberá pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral, a un dirigente sindical que durante la dictadura vivió un infierno en el Estadio Nacional, donde fue sometido a crueles torturas, que le dejaron secuelas físicas y psicológicas duraderas en su vida.

$80 millones por el infierno en el Estadio Nacional: Nueva condena por torturas contra el Estado

Autor: El Ciudadano

El Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral, a Leoncio Flandez Pineda, dirigente sindical que durante la dictadura de Augusto Pinochet, vivió un infierno en el Estadio Nacional, donde fue sometido a crueles torturas.

En el fallo (causa rol 17.006-2023), la magistrada Rommy Müller Ugarte rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por el fisco, tras establecer que Flandez Pineda fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en sede penal y como civil.

Infierno en el Estadio Nacional

El tribunal estableció que a la época de los hechos, Flandez era el líder del sindicato de una empresa de electrodomésticos ubicada en el sector de Vicuña Mackenna, en la comuna de Puente Alto, Santiagom cuando el lugar fue allanado por las Fuerzas Armadas el 12 de septiembre, un día después del golpe de Estado perpetrado en contra del presidente Salvador Allande, el cual dio inicio al régimen dictatorial de Pinochet.

Flandez fue detenido en el lugar junto a otros trabajadores, donde fueron sometidos a humillaciones y actos violencia, incluso llegando a presenciar ejecuciones.

Posteriormente, el sindicalista fue trasladado al Estadio Chile, en el centro de Santiago, donde fue incomunicado, interrogado, golpeado y torturado de distintas maneras durante cuatro días.

Luego fue llevado al Estadio Nacional, donde lo sometieron a largos períodos de tortura y lo mantuvieron allí hasta el 21 de diciembre, cuando fue liberado, con la amenaza de ser vigilado.

De acuerdo con la sentencia, en el Estadio Nacional, vivió con el temor constante de que los prisioneros
desaparecieran, ya que las torturas y las desapariciones de compañeros fueron habituales, lo que mantuvo a los prisioneros en un estado de terror constante.

Según el relato del dirigente sindical, a pesar de estar en libertad, su situación empeoró, ya que su esposa sufrió complicaciones de salud debido a los golpes recibidos.

En noviembre de 1973 nació su quinto hijo y al estar sin hogar, ni recursos, regresó al trabajo, pero en marzo de 1974 fue detenido nuevamente, junto con otros 17 compañeros, sin orden de detención.

Acto seguido fueron trasladados en un camino a Cerro Chena, donde continuaron siendo torturados. Durante este periodo, Flandez sufri secuelas físicas permanentes, incluyendo una hernia debido a los golpes recibidos por parte de los agentes de la dictadura.

Después de aproximadamente 45 días de estar detenido en Cerro Chena, fue liberado y trasladado, junto
con sus compañeros, a una parcela en el sector Lo Ovalle, en el oeste de San Bernardo. Allí permanecieron toda la noche bajo amenazas de ser ejecutados si se movían o quitaban las vendas de los ojos. Al día siguiente, pudieron huir y regresar a sus casas en pésimas condiciones físicas.

Con el temor de ser detenido nuevamente, comenzó a gestionar su huida hacia Argentina, lo que finalmente logró en 1974, mintras que dos años más tarde, en 1976, pudo llevar a su familia a la nación trasandina.

En Argentina, vivieron con miedo y angustia debido a la situación de persecución. Su esposa murió en 1978.

El dirigente sindical señaló que las múltiples detenciones y torturas sufridas durante la dictadura
militar le dejaron secuelas físicas y psicológicas duraderas en su vida.

Tras evaluar los antecentes, el tribunal determinó que los crímenes, a pesar del tiempo transcurrido, no prescriben debido a que se enmarcan en las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de Pinochet.

«Conforme lo reflexionado en el acápite inmediatamente anterior y atendida la imposibilidad de efectuar una medición de la intensidad del dolor o merma en su proyecto de vida que ha padecido el demandante producto del sometimiento a prisión política y torturas sistemáticas por agentes del Estado, se regulara prudencialmente el monto de la indemnización a pagar por el Estado al actor, debiendo ser esta de $80.000.000”, concluyó.


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