Entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, una serie de asesinatos empaparon con sangre a la Ciudad Jardín. “Estamos frente al caso más difícil de la historia policial chilena”, comentaba el entonces prefecto de Investigaciones en Valparaíso, Orlando Gutiérrez, abriendo así un abanico de conjeturas.
Dos funcionarios de Carabineros, Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, fueron condenados a pena de muerte como autores de los horrendos crímenes. Ya fusilados, el cierre del expediente no dejó a todos satisfechos.
Un equipo de la Policía de Investigaciones, encabezado por el subcomisario Nelson Lillo, insistía en atribuir responsabilidad intelectual a otro sospechoso: el empresario viñamarino Luis Gubler Díaz, director del Bando Nacional y además hijo de Luis Gubler Escobar, presidente de la Compañía Sudamericana de Vapores.
Gubler acusó a Lillo de obtener una confesión bajo torturas y el sabueso de la Brigada de Homicidios no halló otra que renunciar a la institución.
El Ciudadano TV conversó con Laura Soto, abogada que formó parte de la defensa de las víctimas del caso “psicópatas de Viña del Mar” y que en esta ocasión repasa el emblemático misterio de los crímenes apuntando a la posible intervención de los servicios de inteligencia de Augusto Pinochet.