Al cumplirse dos años del inicio del estallido social del 18 de octubre de 2019, en el que hubo decenas de fallecidos y miles de heridos, han sido ínfimos los avances en la investigación que se abrió contra el presidente Sebastián Piñera por eventuales violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Hasta el primer semestre de este año 2021, solo se habían efectuado cinco declaraciones de autoridades civiles, incluyendo a Piñera, y de seis jefes policiales; la recopilación de circulares de Carabineros y la solicitud de informes o reportes que ya habían sido difundidos hace meses por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la prensa.
Así lo confirman las más de tres mil hojas que acumulaba la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso Ciper y que revelan el retraso en la realización de los interrogatorios a los mandos policiales y la recepción de requerimientos de información.
Además, no fue sino hasta hace unas semanas que el Ministerio Público solicitó una serie de antecedentes al Congreso, Indh, la Contraloría General de la República y a los ministerios del Interior, Justicia y Salud; como las actas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja hasta las comunicaciones institucionales entre distintas reparticiones del Estado referidas a violaciones a DD. HH.
Trabas y retardos en la documentación recabada
De acuerdo al reportaje publicado por Ciper, más de un año después de los hechos (octubre – diciembre de 2020) fue que la Fiscalía comenzó a recibir respuestas a sus requerimientos de información, aunque a veces parciales.
Los interrogatorios al exministro del Interior Andrés Chadwick y al otrora general director de Carabineros Mario Rozas, así como a diversos mandos policiales, entre ellos los generales Ávila y Bassaletti, fueron aplazados.
Para finales del año pasado, solo se logró reunir información sobre los criterios del Consejo para la Transparencia respecto de la obligación que tenía la policía de hacer públicas las listas de detenidos, además de interrogar a Chadwick, Gonzalo Blumel y a Rozas, quienes entregaron oficios sobre las medidas que adoptaron.
Igualmente, la fiscal logró recabar las comunicaciones institucionales sostenidas entre el director del Indh, Sergio Micco, y las diversas autoridades ejecutivas y judiciales del país, e informes sobre cómo evolucionaba la situación.
Por su parte, Carabineros informó las medidas adoptadas para contener las agresiones a civiles, entre ellas reuniones con miembros de las policías de Ecuador, Israel, Colombia y Turquía.
Mientras que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó a la fiscal Perivancich de las medidas e intercambios sostenidos con el gobierno de Piñera y explicó cuáles eran los mecanismos formales para solicitar información a la institución que ella encabeza.
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Los interrogatorios a los altos mandos policiales estuvieron marcados por los reiterados aplazamientos. Aunque las primeras citaciones fueron efectuadas en febrero de este año 2021, las declaraciones iniciales se tomaron en abril, cuando compareció el general director Ricardo Yánez.
Los abogados del general Yáñez, Jorge Martínez y Camila Motta, entregaron a la fiscal Perivancich un peritaje privado que desacreditaba un estudio efectuado en 2012 por Carabineros en el que se advertía que el disparo de perdigones a menos de 30 metros era potencialmente letal.
Entre abril y junio, la fiscal logró interrogar a los generales Jorge Ávila, Enrique Bassaletti, Diego Olate y el jefe de la zona metropolitana oeste, Enrique Monrás, entre otros. A estas diligencias, se sumó el testimonio del presidente Sebastián Piñera, prestado el 19 de julio de 2021; y se sumaron los testimonios de la ministra, Karla Rubilar, el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el director del Indh, Sergio Micco.
El primer semestre de 2021, la fiscal Perivancich solicitó a Carabineros el contenido de los cursos de reentrenamiento en el uso de escopetas, copia de las querellas presentadas por el Indh e información sobre la composición y uso del gas irritante CS.
Asimismo, pidió al fiscal nacional Jorge Abbott, informaciónsobre las causas iniciadas por violaciones de derechos humanos; al Consejo de Defensa del Estado, antecedentes sobre eventual corrupción en la adquisición de balines de goma por parte de Carabineros; a las juntas de vecinos de los barrios San Borja y Lastarria, aledaños al sector de Plaza Baquedano, información sobre los daños en sus territorios; y a Supermercados de Chile A.G. información sobre los siniestros que afectaron al gremio durante el estallido social.
Dos investigaciones contra Piñera a cargo de la misma fiscal
La indagatoria que surgió luego del estallido social, para determinar si hubo una política por acción u omisión que causara las violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos de los ciudadanos, cometida por parte del gobierno de Piñera, está en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Además, la misma funcionaria también quedó a cargo de la reciente investigación que se abrió contra Piñera por la compraventa del proyecto minero Dominga, luego de la publicación de la investigación de los Pandora Papers.
Ante este hecho, expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos, exigen un fiscal con dedicación exclusiva, por lo que solicitan reemplazar a la actual fiscal y designar a un prosecutor con dedicación exclusiva.
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