Abogado acusado de acoso sexual y laboral es contratado a honorarios por la Segpres

En 2017, Carlos Carmona, abogado reconocido en derecho administrativo y expresidente del Tribunal Constitucional, fue acusado de presunto acoso sexual por una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que trabajaba como su ayudante. La denunciante relató episodios de abrazos no consentidos, mensajes inapropiados por WhatsApp y conductas indebidas en el contexto laboral, lo que llevó a un proceso disciplinario dentro de la universidad.

En 2018, la investigación concluyó con una sanción menor: tres meses de suspensión sin clases y una reducción del 30% de sueldo. Sin embargo, la resolución no contento a la comunidad estudiantil, que impulsó la emblemática toma feminista de Derecho de 2018, exigiendo su destitución, y la que se sumaron otros centros de estudios con las mismas problemáticas. Ante la presión, Carmona presentó su renuncia en agosto de ese año, marcando un hito en las movilizaciones por una educación no sexista.

Siete años después, el abogado vuelve al centro de la polémica tras ser contratado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para elaborar informes sobre derecho administrativo, con un sueldo bruto mensual de casi $3,9 millones. Según el Portal de Transparencia, Carmona comenzó sus labores el 23 de octubre y trabajará hasta el 31 de diciembre de 2024 -como lo reveló un reportaje de Fast Check-.

Esta decisión generó críticas internas, con la asociación de funcionarios de la Segpres expresando su rechazo en una carta dirigida a altos cargos, incluyendo al ministro Álvaro Elizalde. En el documento, señalaron que la contratación contradice el discurso de el gobierno respecto a los estándares éticos en casos de violencia de género, recordando el reciente Caso de Manuel Monsalve.

La diputada Emilia Schneider (FA), quien fue exdirigenta estudiantil que lideró la toma feminista en Derecho, se ha manifestado en contra de la contratación: “Es un error de la Segpres. El caso de Carmona marcó un precedente en la lucha contra la violencia de género y motivó movilizaciones históricas. No debería ser contratado por un gobierno que se declara comprometido con estas causas”.

Carmona, quien además tiene vínculos con la Democracia Cristiana y una extensa trayectoria como asesor en gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, suma otro antecedente controversial. En 2018, enfrentó una acusación de acoso laboral por parte de una exrelatora del Tribunal Constitucional, caso que se cerró tras un acuerdo extrajudicial que incluyó un pago de 14 millones de pesos por parte del TC.