El jueves 18 de enero se realizó la audiencia de formalización del sargento segundo de Carabineros, Cristian Rivera Silva, acusado de disparar por la espalda a Brandon Hernández Huentecol en diciembre de 2016, hechos que tuvieron lugar en el sector de Curaco, comuna de Collipulli, en momentos en que el joven mapuche tenía 17 años.
El Juzgado de Garantía de Collipulli determinó arresto domiciliario total para el policía uniformado y el Ministerio Público lo formalizó por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y apremios ilegítimos. Además, se establecieron tres meses como plazo para la investigación del hecho que dejó a Brandon con más de 100 perdigones incrustados en la espalda y con una fractura en la pelvis, que lo mantuvo internado por meses en un recinto médico de Temuco.
“Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, dando a conocer los distintos antecedentes que la Fiscalía ha reunido durante la investigación, sin embargo el Tribunal de Garantía de Collipulli no dio lugar a nuestra petición declarando arresto domiciliario total del imputado”, señaló el fiscal Nelson Moreno, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, según consigna Soy Temuco.
En conversación con El Ciudadano, Sergio Millaman, abogado de la familia Hernández Huentecol, afirma que para Rivera Silva correspondía la medida cautelar de prisión preventiva, “entendiendo la gravedad de los antecedentes que constan en la carpeta”. Además, manifiesta su disconformidad con que haya sido formalizado por el delito de lesiones y no por homicidio frustrado.
“Respecto del delito de lesiones, nosotros consideramos que en realidad lo que allí ocurrió fue un homicidio frustrado. En ese sentido, estamos disconformes con la decisión, encontramos que ameritaba una medida cautelar mucho más grave y que es un peligro para la sociedad la libertad del imputado. Sin perjuicio de eso, valoramos que se haya logrado formalizar y que haya quedado de todas formas con una medida cautelar (arresto domiciliario total), que es la segunda en importancia, después de la prisión preventiva, y estamos evaluando la presentación de acciones para recurrir contra la decisión del tribunal respecto de eso”, comenta Millaman.
“Si logramos acreditar que aquí hubo un homicidio frustrado, las penas que arriesga son de 10 a 15 años. Si se comprueba la teoría del Ministerio Público, que esto fue un cuasidelito de lesiones, claramente las penas serían mucho más bajas”, describe el abogado. En este punto, expresa su discrepancia con la “calificación jurídica del Ministerio Público”, ante lo cual señala que tendrán “que saber hacer sentir y valer en la instancia de fondo, cuando lleguemos a juicio”.
La cuarta fue la vencida
El del pasado jueves fue el cuarto intento por concretar la audiencia de formalización del sargento de Carabineros. Anteriormente, Rivera Silva se había ausentado de las audiencias programadas para el 22 de noviembre, 12 de diciembre y 21 de diciembre del año pasado, aduciendo distintos argumentos.
“Las tres veces anteriores, por distintos motivos, justificó su incomparecencia. La primera ocurrió porque fue notificado en un domicilio del cual se había cambiado. No hicimos ninguna alegación en ese momento. La segunda vez se justificó llamando 10 minutos antes de que se iniciara la audiencia, dando cuenta de que él estaba citado a otra audiencia, en materia de familia. En esa oportunidad, nosotros sí hicimos valer que la forma en que justificó no era adecuada, debiendo él saber que para la misma fecha estaba citado para dos audiencias. En esa ocasión, nosotros pedimos la detención, lo cual fue rechazado. En la tercera, él presentó una licencia médica justo un día antes de la audiencia”, precisó el abogado Millaman.
¿Accidental o intencional?
Uno de los puntos que expone el abogado Sergio Millaman concierne a la eventual intencionalidad con que fue disparado el proyectil de una escopeta antimotines que portaba el sargento segundo de Carabineros, Cristian Rivera Silva, durante el operativo policial realizado en la fatídica jornada del 18 de diciembre de 2016.
“Todos los antecedentes que hay, las declaraciones de testigos y, sobre todo, las pruebas periciales, dan cuenta que no fue un accidente. Aquí no hubo un disparo accidental producto de un descuido, más allá de que Rivera era una persona altamente calificada en el uso de armas. Es un sargento segundo de Carabineros, que había hecho recientemente los cursos para portar este tipo de armas, era el único de todos los funcionarios de Carabineros que estaban ese día en el operativo policial autorizado a portar munición de plomo. Eso era porque había sido capacitado y porque contaba con las condiciones para aquello”, describe Millaman.
Y agrega que “eso da cuenta de que es muy difícil que haya sido un disparo negligente y además el tipo de herida y los peritajes que se han hecho a la escopeta con la cual se realizó el disparo, dan cuenta que es muy poco probable que eso haya sido accidental y que debió necesariamente haber sido percutida en forma intencional, que es lo que vamos a demostrar en el juicio, cuando logremos llegar a esa instancia”.
En diciembre de 2016, unos días después de los hechos en Collipulli, Prensa Opal publicó un video que muestra al perito Francisco Pulgar, de la empresa Criminalística SAV Forense, dando su interpretación en relación a si el disparo fue accidental o intencional.
En el registro, el perito Pulgar explica que “cuando hablamos de un accidente en el uso de un arma, claramente estamos en presencia de un acto no preparado. Pero en este caso particular, él [se refiere al carabinero] lamentablemente omitió, de manera intencional o inconsciente, cuatro sistemas de seguridad previos. El primero de ellos fue amunicionar el arma. El segundo fue cargar el arma. El tercero fue quitar el seguro de la escopeta y el cuarto, el más importante, fue introducir el dedo índice en el disparador. Si nosotros hacemos un análisis de estos cuatros sistemas de seguridad, que no fueron respetados en términos balísticos, damos cuenta que no estamos en presencia de un accidente, sino que de un hecho de carácter intencional”.
El testimonio
De acuerdo a las versiones expuestas por Brandon y su familia, funcionarios de Carabineros se encontraban realizando un procedimiento en el sector Curaco (Collipulli) el 18 de diciembre de 2016, bajo el cual se detuvo a un vehículo y a las personas que transitaban en él. Justo en ese instante iba pasando en bicicleta el niño I.G. H. H. de 13 años, hermano menor de Brandon, quien transitaba por la vereda de enfrente del control cuando fue reducido por un policía.
Asustado I.G. H. H., gritó por la ayuda de su hermano Brandon, quien acudió rápidamente al lugar siendo reducido por un policía, quien para sujetarlo, posó su pie sobre la espalda del adolescente y lo amenazó con dispararle, hecho que fue concretado, dejando herido con riesgo vital a Brandon Hernández.
El adolescente fue intervenido quirúrgicamente primero en el Hospital de Angol para luego ser trasladado hasta las dependencias de la Clínica Alemana de Temuco. Fue operado 16 veces, puesto que más de 100 perdigones quedaron incrustados en su espalda.