Abogado denuncia a ex prefecto de Carabineros de Aysén: «Hay una intención de amedrentar»

Denunciando la nefasta persecución de un sargento de Carabineros, el abogado y ex fiscal de Aysén, Lorenzo Avilés, respondió a la carta enviada hace algunos días a El Ciudadano por el ex prefecto de dicha región y actual jefe del Departamento de Cuarteles L1, Sergio Alarcón Torreblanca, donde aludió a «imputaciones falsas» e «imprecisiones» contenidas en una nota redactada por este medio que informó sobre la investigación que la Fiscalía Militar de Coyhaique dirige en su contra por el supuesto delito de prevaricación.

En la misiva, el oficial explicó el fundamento de las resoluciones que emitió como Prefecto de Aysén, donde rechazó la entrega de un sumario interno que buscó dilucidar los «errores» cometidos por oficiales de Carabineros en la detención del sargento Miguel Riveros Maldonado, quien fue acusado de manejar un vehículo bajo los efectos del alcohol en el invierno de 2015.

«Las razones para negar las copias solicitadas se fundaron en la legislación vigente, que ampara la reserva de las indagaciones por no haberse dictado a esa fecha la vista fiscal, para el caso del sumario (por la baja de Riveros), ni el dictamen para la investigación (por eventuales irregularidades en el procedimiento)», dijo en su réplica Alarcón, dando por hecho que el sargento fue detenido por «conducir en estado de intemperancia alcohólica».

Avilés, quien representa a Riveros, contestó duramente al coronel. Para hacerlo, recordó el caso del pescador que en 2012 perdió un ojo durante las protestas del movimiento «Aysén, tu problema es mi problema», producto de un balín disparado por un funcionario de Carabineros que más tarde fue protegido por la institución.

«Usted recordará que hubo un sumario (por el disparo), y se dio de baja a un suboficial. Después se demostró que ese sumario sólo era para encubrir a un oficial de apellido Follert. Es un esquema que viene repitiéndose con frecuencia, lamentablemente», indicó.

Es así como lo ocurrido con Riveros Maldonado obedecería más a una «pasada de cuentas», precisó el ex persecutor penal. «En algún momento, él denunció a un teniente por una falsificación de tablas de servicios, teniente que era del círculo inmediato del coronel, de sus favoritos. Cuando lo afectaron, se generaron todas estas cosas», señaló.

«Es inexacto señalar que el señor Riveros haya conducido bajo intemperancia alcohólica. El Ministerio Público estableció en la investigación que no existía responsabilidad, porque sencillamente el señor Riveros no condujo ese vehículo. Él hace una denuncia por la sustracción de su vehículo y Carabineros llega al domicilio. Una vez ahí, recibe un llamado de que el vehículo estaría en otra parte, y Carabineros y el señor Riveros van al lugar, distante a unas 30 cuadras, mientras él está cooperando y ayudando», explicó.

Fue entonces cuando se presentó una capitán: según datos recabados por este medio, la oficial Soledad Escobar de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) local, esposa del mayor Hans Picon, encargado de finanzas.

«En algún minuto aparece una capitán con poco conocimiento técnico, y ella se comunica con el fiscal y termina disponiendo que se detuviera al señor Riveros. El fiscal José Moris prestó declaración (en el sumario), y es falso que él haya dispuesto alguna orden de detención. Segundo, es falso que Riveros haya estado en situación de flagrancia, que era lo único que ameritaba una posible detención», manifestó Avilés.

Actualmente la Fiscalía Militar de Coyhaique sigue otra investigación por el supuesto delito de detención ilegal cometida contra el sargento Riveros (rol 7-2016), causa en la que nuevamente se tiene como sospechoso al actual jefe de Cuarteles, Sergio Alarcón. Ello porque, según diligencias de la investigación interna, la capitán habría recibido instrucciones de «mandos superiores» para privarlo de libertad.

Avilés recordó además que cuando Alarcón Torreblanca ejerció el cargo de prefecto, demoró siete meses en disponer diligencias para aclarar las eventuales irregularidades en el procedimiento del vehículo. «Nosotros le pedimos acceso. Llevamos casi un año. 60 días es razonable, pero 360 días no son razonables. Aquí hay una intención de amedrentar al funcionario que denunció», concluyó.

El Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros optó por no entregar una versión, ya que el caso “está judicializado”.