“Presiones políticas” y “una serie de defectos” en la sentencia, acusó el abogado Sebastián Saavedra, defensor de Luis Tralcal Quidel, respecto del reciente fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que condenó a su representado y a José Tralcal Coche a presidio perpetuo. Ambos fueron declarados culpables del delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista, en el marco del caso Luchsinger-Mackay.
En conversación con radio Cooperativa, Saavedra criticó la valoración que la terna de jueces concedió a la declaración de José Peralino Huinca, quien deberá cumplir cinco años bajo libertad vigilada, debido a que actuó como delator compensado.
El abogado cuestiona que Peralino no era «simplemente un testigo”. Según expuso, «esta persona estaba siendo investigada por lo menos seis meses con anterioridad de la primera declaración. Se había intervenido el teléfono de este muchacho, se había pedido el tráfico telefónico de esta persona”.
«Toda esta información recién es conocida por las defensas durante el juicio oral. De hecho, hoy el Ministerio Público nos va a hacer entrega de una investigación iniciada contra este muchacho en mayo de 2013. Esta circunstancia, evidentemente, es una aberración jurídica”, añadió el representante de Luis Tralcal.
El abogado sostuvo que Peralino es “una víctima de una forma de investigar” en La Araucanía y que en primera instancia, describió cómo “funcionarios policiales lo llamaban constantemente, lo asediaban, lo presionaban para que declarara de determinada forma, amenazándolo con meterlo a la cárcel a él y su familia, justamente, en atención a una investigación previa”.
“Uno espera una sentencia de calidad”
En relación al transcurso del proceso contra los comuneros acusados, Sebastián Saavedra denunció una serie de imprecisiones que restarían «calidad» a la sentencia.
“Se señala que mi representado habría llevado unos bidones. Según la declaración de esta persona (Peralino), era de 20 litros, y en el sitio del suceso se encuentra un bidón de cinco litros. Dicen, ‘es que en realidad el litraje no nos vamos a poner tan quisquillosos‘. Ese tipo de situaciones no son posibles jurídicamente cuando se está pidiendo el presidio perpetuo para una persona. Uno espera una sentencia de calidad”, explicó.
El defensor dio a conocer que Peralino “señala haber concurrido con tres escopetas y hay siete evidencias de una escopeta. Dicen ‘bueno, pero es que a lo mejor ocuparon solo una‘. Entonces, ese tipo de razonamientos, que tratan de hacer coincidir en definitiva las pruebas, no corresponden”.
Por otro lado, el abogado dio cuenta de las pruebas que han presentado desde el primer juicio oral, que resolvió la absolución de los 11 imputados pero que fue anulado en diciembre pasado por la Corte de Apelaciones de Temuco.
“Nosotros presentamos testigos presenciales de lo que él (Luis Tralcal) estaba haciendo. Presentamos un testigo que lo vio en la ciudad de Temuco, las boletas de las actividades que él realizó. Sin embargo, se prefiere las pruebas de la Fiscalía con todas estas deficiencias”, alegó.
Semanas atrás, la esposa de Tralcal Quidel, Lisette Melillan, comentó que durante la noche del incendio salieron, fueron a un bar y pasaron la noche en un motel de Temuco. “Como pareja joven reciente, estábamos en campaña de ser papás. Más de seis meses tratando de ser papás y no lo lográbamos. Yo mamá primeriza también. Decidimos salir esa noche precisamente para relajarnos, porque eso nos habían dicho los médicos. Decidimos ir a un bar, comer algo rico, nos tomamos un trago y después en la noche fuimos a un motel, como toda pareja. Precisamente, ese verano, yo quedé embarazada de mi hija, que en este momento tiene cuatro años”, aseguró.
“La prueba de las actividades de mi representado fue presentada en el primer juicio oral. Tres jueces concurrieron a la decisión de que mi representado se encontraba en Temuco”, apuntó el abogado Saavedra en diálogo con Cooperativa, quien aprovechó de anunciar la presentación de un recurso de nulidad en la Corte Suprema.
El papel del Gobierno
Para el representante de Luis Tralcal “evidentemente hubo presiones políticas” y dirigió sus acusaciones al Ejecutivo. “La campaña de Sebastián Piñera en la región se basó preferentemente en la calificación de terroristas de las personas asociadas a una reivindicación territorial. No hay que olvidar que el hijo de las víctimas, Jorge Luchsinger, formó parte del equipo de campaña del Presidente”, recordó.
Respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, Saavedra argumentó que Naciones Unidas “ha señalado que en la zona no hay terrorismo, que la Ley Antiterrorista, más que una solución, es parte del problema. Acá se está estigmatizando a comunidades indígenas completas, se está normalizando una forma de investigar, allanamientos con múltiples heridos”.
Junto con eso, mencionó que en 2013 un relator especial de la ONU, Ben Emerson, estuvo en Chile, “conversó con las víctimas, con todos los actores y la conclusión fue que aquí no existía terrorismo”.