El abogado Francisco Ugás, quien viene desde el año 2011 abogando por la extradición desde Australia de la ex agente de la DINA, Adriana Rivas González, en representación de familiares de las víctimas, valoró positivamente la decisión de la Alta Corte de Australia, instancia que declaró abandonada la solicitud de venia para apelar que planteó la defensa de la ex integrante de la Brigada Lautaro y ex secretaria de Manuel Contreras, ex director de la DINA.
Con esta decisión, se pone término a la etapa judicial de este procedimiento, seguido ante Australia, y se pasa a una fase administrativa, tras cuya culminación, y de ser esta favorable, se concretaría la extradición de Adriana Rivas, que deberá responder ante la justicia chilena como coautora de los secuestros calificados de siete dirigentes comunistas, entre los que se encuentra el entonces secretario general de la colectividad, Víctor Díaz, y Reinalda Pereira, quien tenía cinco meses de embarazo al momento de su detención.
“A quienes representamos y a nosotros mismos nos produce una sensación de satisfacción y a la vez de alegría la decisión que hemos conocido de High Court de Australia, en el marco de esta extradición de Adriana Rivas, la cual valoramos positivamente, porque viene a cerrar la etapa judicial de este procedimiento, quedando sólo pendiente la última etapa, de carácter administrativa, ante el mismo Fiscal General de Australia, quien ha sostenido la petición de extradición de ella, en representación del Estado de Chile”, declaró a El Ciudadano Francisco Ugás, coordinador jurídico del Estudio Caucoto Abogados.
Ugás explicó que “para que se pronunciara esta decisión de la High Court, que declara abandonada la solicitud de venia para recurrir ante dicho tribunal, debo resaltar el trabajo mancomunado llevado a cabo entre las familias y sus defensas, y la sociedad civil en Australia; y también, entre el Estado de Chile y el estado de Australia, que se ha expresado de múltiples maneras, la última: esta certificación que da cuenta de la resolución de la High Court, que declara el abandono de la solicitud de venia para apelar”.
Además, el abogado agrega que hay que “reconocer y destacar con elocuencia, el que pese al tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos que motivan la extradición de Rivas, y pese a todas las actuaciones dilatorias en que ha incurrido ella y su defensa, en fin, tantas dificultades que han debido enfrentar a lo largo de los años, las familias han estado siempre presentes, exigiendo verdad y justicia; exigiendo que esta extradición se concrete, siempre siendo respetuosas del debido proceso que debe tener Rivas».
En ese sentido, Ugás recordó que “esta decisión se enmarca en el deber que tiene Chile, como Estado, y también Australia, en lo que a la obtención de la verdad, la realización de la justicia, la reparación de víctimas y las garantías de no repetición que debe cumplir todo Estado que forma parte de la comunidad internacional, ante la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Esas son las obligaciones de un estado en el marco de procesos de justicia transicional, y fiscalizaremos su cumplimiento hasta el total y definitivo juzgamiento de quienes sean los responsables”.
En este sentido, indicó que “como representantes de familiares, seguiremos acompañándoles con el mismo ímpetu y rigor en este camino, exigiendo que esta extradición se concrete y a la brevedad, para que la requerida sea juzgada y condenada por los crímenes en que intervino”.
Adriana Rivas había sido requerida por el Estado de Chile por los cargos que se le imputan como coautora de los secuestros calificados de los también dirigentes y militantes del PC Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz y Héctor Véliz.
Las siete víctimas fueron detenidas por agentes de la Brigada Lautaro, un grupo de exterminio de personas dependiente de la DINA, la primera policía secreta de la dictadura que operó entre 1974 y 1977, y a la cual pertenecía Rivas.
Cabe recordar, que la mujer se encontraba procesada por los delitos que se le imputan y que motivan su extradición, con libertad provisional bajo fianza, firma mensual y con la prohibición de salir del país, cuando se dio a la fuga en el año 2011. Primero pasó por Argentina y luego llegó a Australia, país en donde se encuentra actualmente. El ministro Miguel Vázquez Plaza, el año 2013, solicitó su extradición, y a comienzos del año 2014, la Corte Suprema declaró procedente la extradición de Rivas, la cual fue luego formalizada por el Estado de Chile al australiano.
Finalmente, en noviembre de 2021, la Corte Federal de ese país había confirmado que podía ser extraditada, lo cual motivó a la defensa de Rivas a presentar una solicitud de venia para apelar ante la Alta Corte de Australia, la cual fue declarada abandonada por este último tribunal.