Abogado Mauricio Daza advierte sobre el boicot del Gobierno y los grupos económicos al impuesto a los súper ricos

El abogado Mauricio Daza advirtió que los grandes grupos económicos y el Gobierno llevarán a cabo un lobby para intentar frenar a toda costa la aprobación del proyecto de reforma constitucional que permite aplicar, por una sola vez, un impuesto extraordinario de un 2,5% a quienes al 31 de diciembre de 2019 aparezcan con un patrimonio personal con un valor igual o superior a los 22 millones de dólares (17 mil millones de pesos aproximadamente).

En “La Columna de Daza” publicada en la cuenta de Facebook de El Ciudadano, el analista recordó que si bien el impuesto afectaría apenas a 1.900 personas, La Moneda  ya anunció que se va a oponer tajantemente a esta iniciativa.

“Se ha generado desde ya el rechazo por parte del Gobierno”, afirmó al tiempo que recordó que  el ministro de Hacienda, Ignacio Briones,  ha dicho que «básicamente estaríamos frente a una forma de solucionar de manera simplista un problema complejo”.

Mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia Cristián Monckeberg, sostuvo que el Gobierno “no está de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de la propuesta” y que una mayor recaudación fiscal,  “si se produce en este minuto tiene que ir de la mano de un esfuerzo distinto y una reforma de pensiones es uno de ellos”

Daza señaló que para el Gobierno los fondos de pensiones de los trabajadores constituyen un motín que se pudiera usar para rescatar la economía

En este sentido, se refirió a un  proyecto de Ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que fue aprobado en el Senado, el cual permitiría rescatar a grandes grupos económicos con los fondos de las AFP, “con los dineros en rigor, que son administrados por las AFP y que pertenecen a los trabajadores”.

Crisis generada por el COVID-19 y la desigualdad

El abogado destacó que el proyecto del llamado impuesto a los súper ricos permitirá financiar ayudas a las familias más vulnerables en el contexto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.  En un país en el que se arrastran problemas desde hace tiempo, vinculados con la desigualdad.

Al respecto, recordó que la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) de 2018 reveló que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 400 mil pesos y 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 550 mil pesos líquidos al mes.

“Solo el 20,2 % gana más de 750.000 pesos líquidos al mes y el 83,7 % de las mujeres que tienen trabajo remunerado ganan menos de 750.000 pesos”, subrayó al tiempo que señalo que estos son números registrados antes de la pandemia, por lo que la cesantía y la desocupación debe ser mucho mayor.

En contraposición, Daza se refirió al caso de las grandes fortunas y planteó que en realidad los llamados “súper ricos” ganan en promedio entre 900 y 27.000 veces más, que el ingreso promedio de las personas que habitan en el país

“El 1% de los más ricos tienen ingresos y un patrimonio que es equivalente aproximadamente al 30% del PIB. El 0,1 %  más rico tiene un patrimonio entre todos ellos que es equivalente a 250.000 millones de dólares, equivalentes al PIB del año 2019”, precisó.

“Lo que temen los afectados que no son más de 1.900 contribuyentes es que esta situación no corresponda a un impuesto que se aplique una sola vez, sino que abra las puertas para que se establezca un impuesto permanente”, acotó.

¿Se irán del país las grandes fortunas?

Por tal motivo, Mauricio Daza advirtió que durante las próximas semanas, cuando se desarrolle la discusión del proyecto, se desplegará todo un lobby en el Congreso y un gran despliegue comunicacional para “señalar que esta es una mala iniciativa que no es eficaz, que finalmente es regresiva y no es adecuada.  Un poco de lo mismo que existió cuando hubo el debate del retiro del 10% de los fondos de las AFP”.

“Chile no se incendió, no hubo un problema mayor y el ministro de Economía, Lucas  Palacios tuvo que reconocer que este era un proyecto le iba a dar un nuevo impulso a la economía, aunque meses atrás dijo que si se aprobaba el 10% Chile se iba a transformar en una república bananera”, indicó Maza.

Para el abogado, uno de los argumentos que están empleando para satanizar costa la aprobación del proyecto de reforma constitucional que permita aplicar el impuesto extraordinario, es el de que todas las grandes fortunas van irse del país, llevándose el dinero invertido de Chile hacia el extranjero.

No obstante, aclaró que las grandes fortunas en Chile se han hecho bajo condiciones bastante privilegiadas que difícilmente se puedan obtener en otros países.

Recordó que en su mayoría, estos grupos económicos han hecho su patrimonio con base en la extracción y exportación de recursos minerales en el ámbito de la minería y en la prestación de servicios.

Asimismo, indicó que la economía chilena es hiperconcentrada y la libre competencia es apenas un eslogan y en la que “los atentados contra la misma se castigan con multas que representan un fracción de lo que los infractores obtuvieron como ganancia”.

A lo que se suman los delitos de corrupción vinculados con los grandes grupos económicos, que según el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco Eyzaguirre, habrían sido un factor que generaron una inconformidad que llevó al estallido social del año pasado.

Sin embargo, condenó que Riesco no se refiere a la responsabilidad que tiene de aplicar el rigor de la Ley y ejercer las atribuciones “para perseguir y castigar ejemplarmente a quienes incurren en corrupción” y que en cambio reciben sanciones absurdas que se convierten en un gran incentivo para estos grupos.

Ayuda a los más vulnerables

Mauricio Daza destacó la manera en que el impuesto a los súper ricos puede contribuir a aliviar la delicada situación económica y social en que se encuentran millones de chilenos a raíz de la desigualdad y los efectos de la crisis generada por el COVID-19.

Recordó que el objetivo del proyecto es que se aplique por una vez un impuesto extraordinario de un 2,5% a quienes al 31 de diciembre de 2019 aparezcan con un patrimonio personal con un valor igual o superior a los 22 millones de dólares para financiar una Renta Básica de Emergencia (RBE) destinada a las personas en situación de vulnerabilidad.

De este modo, se asignará un monto de 369.000 pesos para un grupo familiar de tres personas.

“Es el monto que supera la línea de la pobreza con una cobertura del 80% de los que están en la situación de hogares más vulnerables por un período de tres meses; incluyendo a trabajadores formales e informales. Esto beneficiaría a 11,5 millones de personas”, explicó.

Señaló que “con este impuesto que se aplica por una vez se busca obtener una recaudación entre 4.000 y 6.500 millones de dólares”, un monto bastante significativo, tomando en consideración que  el plan del Gobierno para  reactivar la economía, muy golpeada por la crisis sanitaria, y ayudar a las familias y pymes que más han sufrido por la pandemia del nuevo coronavirus, prevé un fondo de 12.000 millones de dólares.

Mauricio Daza advirtió que a pesar de que esta iniciativa tiene un más que notable impacto social, para poder ser aprobada tendrá que enfrentarse a la presión de las grandes fortunas y el Gobierno, liderado por Sebastian Piñera (con un patrimonio personal de 2.700 millones de dólares), quienes se van a jugar todas las cartas para que finamente el proyecto fracase.

“El proyecto deberá avanzar pese al lobby del Gobierno y los grupos empresariales y esas 1.900 personas  que son pocas,  pero que son las que mandan en Chile, que son las que tienen el poder económico y que a su vez controlan al poder político, muchas veces a través del financiamiento ilegal de campañas o de actividades. Este poder político controla al Estado, el cual se supone debe fiscalizar a los grandes grupos económicos a través de leyes y a través de los órganos del Estado.

“Se genera un círculo vicioso que tiene que parar a partir de la acción de los órganos de Estado para castigar los hechos de corrupción en el ámbito público”, acotó.  

El abogado indicó que la discusión del proyecto está empezando y será muy intensa, ya que frente a la negativa del Gobierno “hay parlamentarios de todas las bancadas,  tanto de la oposición como de Chile Vamos que lo están apoyando porque es una necesidad concreta”.

“Creo que va a ser bastante interesante ver cómo se va a desarrollar este debate, para saber también cuál es el estado que hoy día existe respecto al poder público y si finalmente el interés general de gran parte los ciudadanos va a prevalecer sobre el puñado de las personas que tienen intereses que se podrían ver afectado por esta iniciativa”, puntualizó Daza.

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