Abogado Mauricio Daza: “Dipolcar no cumple con los estándares mínimos de calidad en sus investigaciones”

Desde que el Ministerio Público decidió cerrar la investigación originada tras la “Operación Huracán” y abrir una indagatoria en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, el piso no ha dejado de moverse para el Alto Mando de la institución uniformada y para las autoridades gubernamentales que empujaron el cuestionado operativo que derivó en la detención de ocho dirigentes mapuche.

A los eventuales delitos que serán materia de investigación, se suman otros episodios de actuación imprudente por el lado de Carabineros. Luego de conocerse la decisión de fiscalía, el director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, general Gonzalo Blu, se defendió con todo y afirmó que “la situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo”.

El 26 de enero, la Policía de Investigaciones debía concretar un allanamiento en las dependencias de Carabineros en Temuco. En primera instancia, la institución uniformada se opuso, argumentando que debía ser notificada con un plazo de 48 horas, sin embargo, el general director, Bruno Villalobos, autorizó la entrada de los detectives y el procedimiento fue realizado.

Como si fuera poco, el pasado fin de semana, Villalobos salió de vacaciones rumbo a Miami, ante lo cual, el Gobierno exigió su retorno y lo llamó a “que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad”.

Con este panorama, El Ciudadano conversó con el abogado penalista Mauricio Daza, quien no duda en identificar responsabilidades en el Alto Mando de la policía uniformada. “La verdad que personas como el general Blu y el general Villalobos, sin duda no están a la altura de los cargos que ostentan y deben ser separados de la institución, por el bien de Carabineros de Chile”, sostiene.

¿Qué aspectos del sistema penal y de los aparatos de inteligencia han quedado desnudos y sin respuesta frente a lo que acontecido con la “Operación Huracán”?

Lo primero que ha quedado en claro es la incompetencia de parte del personal que forma parte de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), quienes claramente, han estado detrás de un conjunto de investigaciones, especialmente en el ámbito de delitos relacionados con la ley de Conductas Terroristas, todos los cuales han terminado con fracasos bastante importantes. De cada 10 causas que se investigan por parte de Dipolcar y que se vinculan a esa ley, más de nueve son finalmente absueltas, no obstante de que comienzan habitualmente con un gran despliegue comunicacional y con medidas cautelares a los imputados de prisiones preventivas, las cuales se alargan durante bastante tiempo.

Héctor Llaitul, vocero de la CAM, detenido en el marco de la «Operación Huracán».

Por otra parte, además ha quedado al descubierto que no existen mecanismos de escrutinio y control suficiente respecto de la actuación de estos órganos de inteligencia, en la medida de que incluso han logrado realizar actuaciones que hoy se están investigando y que se han imputado como montaje, respecto de importantes causas y, a partir de aquello, además se han fundado medidas de prisiones preventivas decretadas en contra de un conjunto de personas.

La práctica de la Dipolcar es conocida de hace tiempo, en el sentido de que ellos tienen un conjunto de hipótesis preestablecidas, las cuales tratan de validar forzando la evidencia en cada uno de los casos que ellos tienen a su cargo en la indagación. Obviamente, nadie que ve el sistema de persecución penal, ni fuera del mismo, hace nada acerca de esta materia. De hecho, por el contrario, cada vez que existen fracasos en causas que son investigadas por este organismo, la reacción del mundo político es imputar a los jueces que desechan esta evidencia como jueces garantistas, que protegen la delincuencia y además, paralelamente, solicitan más atribuciones y recursos a este organismo. Entonces, se da la paradoja que los funcionarios incompetentes, que dan pie a investigaciones mediocres, que finalmente terminan en importantes fracasos, son premiados a partir de que reciben más atribuciones, más recursos y nadie los fiscaliza de verdad. 

¿Qué aspectos considera necesario cambiar en la forma como se abordan las investigaciones de carácter penal, pensando particularmente en casos que indagan delitos terroristas?

Lo primero es cambiar el personal de la Dipolcar, especialmente a sus mandos, quienes han demostrado vez tras vez no tener la competencia suficiente para poder desarrollar su trabajo.

También poder capacitar a personal más joven de Carabineros de Chile, que sin duda existe, para los efectos de poder dirigir investigaciones que sean consistentes en casos complejos.

Acá lo que debe ocurrir es que la evidencia, en cualquier delito, sobre todo en aquellos que causan mayor conmoción pública, deba ser realizada de manera técnica, seria y, a partir de aquello, el poder establecer hipótesis para los efectos de poder establecer la verdad de lo sucedido.

No como ocurre hoy, que básicamente lo que hacen es sacar de un cajón una hipótesis preestablecida, forzar de alguna manera la evidencia, para tratar de corroborarla a toda costa y, en general, estas hipótesis son siempre las mismas: que hay personas vinculadas a determinados grupos, que pueden ser la CAM o ex miembros de organismos como el MAPU Lautaro o el FPMR, que estarían infiltrando a otras personas o coordinando actuaciones subversivas, lo que obviamente es una retórica trasnochada y que no da cuenta de la complejidad de los fenómenos de criminalidad que hoy se observan en nuestro país.

¿Cuáles son las opiniones dentro del ambiente del derecho penal sobre la calidad del trabajo que realiza la Dipolcar?

Yo creo que es una opinión generalizada de que se tratan de investigaciones especulativas, de muy mala calidad y que habitualmente no son útiles para sostener imputaciones penales complejas de manera exitosa.

Eso uno lo puede observar claramente. Hay un contraste muy radical y profundo entre el trabajo que realiza la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) con Carabineros. La verdad es que ese contraste da cuenta que finalmente Dipolcar no cumple con los estándares mínimos de calidad en sus investigaciones.

Obviamente, lo que se ha conocido cruza otro límite, que tiene que ver con que no solamente estamos frente a investigaciones deficientes o mediocres, sino que derechamente estamos frente a investigaciones fraudulentas y eso es un extremo que debe ser investigado y además tiene que ser sancionado como corresponde en un Estado de Derecho en forma.

¿Qué consecuencias tiene para el sistema penal la disputa que se ha generado entre Carabineros y el Ministerio Público?

La verdad que la principal consecuencia es la falta de credibilidad que la comunidad va a tener respecto del sistema. Sin embargo, en este sentido hay que señalar de que el presentar esto como un conflicto entre instituciones que están en un plano de igualdad, es un profundo error. De hecho, creo que es una aproximación equivocada.

Carabineros de Chile es una institución jerárquica, que tiene además sus competencias y atribuciones claramente determinadas y, básicamente, en el ámbito de la persecución criminal, es un organismo coadyuvante en la labor del Ministerio Público, que es aquel organismo autónomo, con rango constitucional, el cual tiene la exclusividad en la investigación penal y en el impulsar la acción penal pública.

Entonces, son dos organismos diversos, con competencias distintas. Yo creo que Carabineros de Chile se está excediendo de manera manifiesta, pública y desvergonzada respecto de cuál es el ámbito de sus atribuciones. Esto básicamente porque el director de Inteligencia de Carabineros, el general (Gonzalo) Blu, dio una conferencia de prensa donde le solicitó públicamente a un tribunal de justicia que rechazase una petición efectuada formalmente al tribunal, para los efectos de cerrar el caso vinculado con la «Operación Huracán».

Gonzalo Blu

Esto es un exceso que debe ser castigado severamente, porque implica una suerte de insubordinación a lo que es la actuación de un organismo civil, que tiene sus competencias bien definidas y, en este caso, esto al parecer no solo es desconocido, sino que derechamente es transgredido en la práctica por Carabineros de Chile.

¿Cuán lesionada queda la confianza de la ciudadanía respecto del actuar de Carabineros? ¿Se puede confiar en el sumario administrativo ordenado a la institución?

El sumario administrativo que el Gobierno ordenó a Carabineros de Chile se transforma en una quimera, desde el momento en que el mismo día que se da a conocer, por parte del Ejecutivo, que se instruyó la orden de realizar esa investigación, aparece el general Blu de la Dipolcar hablando a nombre de Carabineros y descartando de plano cualquier irregularidad. Entonces, obviamente en ese contexto, nos encontramos frente a una investigación que no tiene ningún tipo de credibilidad mínima.

Acá lo que corresponde es que se investigue esto como lo que son: imputaciones criminales, y no meramente administrativas, y que a partir de aquello, se establezca la verdad de lo sucedido y en su caso, se apliquen se sanciones ejemplares en contra de quienes estarían detrás de este montaje o alteración de pruebas.

Por otra parte, en lo administrativo, aquí corresponde que el Gobierno cumpla con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes y castigue de manera ejemplar a quienes, de manera manifiesta, se están colocando al límite de la legalidad, impidiendo que se desarrolle una investigación criminal en forma normal y, además, dando declaraciones que atentan en contra de las competencias establecidas para Carabineros de Chile y el resto de las instituciones.

En ese contexto, no se explica cómo en un Estado serio, personas como el general (Bruno) Villalobos y el general Blu todavía se mantienen en sus cargos. La inacción por parte del Ejecutivo no solo es grave, sino también es vergonzosa y pone un elemento más a esta verdadera crisis que existe respecto de lo que son las instituciones en nuestro país en la actualidad, por lo menos, aquellas que se vinculan con el ámbito de la persecución criminal.

¿Cómo evalúa el papel desempeñado por el Gobierno desde que la Fiscalía decidió cerrar la investigación?

El trabajo del Gobierno, especialmente del subsecretario Aleuy, es deficiente. Él se ha transformado, claramente, en un mero receptor de informes policiales, los cuales avala sin ningún escrutinio previo ni mínimo y es por eso que se le ha visto defender, sin mayor cuestionamiento, las hipótesis que sostiene la policía, específicamente, Carabineros de Chile, en aquellos casos relacionados con fenómenos de violencia en La Araucanía.

Bruno Villalobos

La verdad es que un subsecretario del Interior no puede ser un simple burócrata que recibe un informe policial y lo avala de manera irrestricta y automática. Debe haber un análisis crítico, debe existir un contraste de información, sobre todo en casos que son graves y afectan intereses jurídicos relevantes y además producen conmoción pública. Ese es el trabajo que Aleuy no ha hecho y que hoy se manifiesta también en una inacción que es realmente inexplicable, frente a las explicaciones y actuaciones del Alto Mando de Carabineros de Chile, que la verdad tampoco han estado a la altura, frente a las denuncias de montaje que se encuentran justificadas por lo demás en querellas y denuncias efectuadas por el Ministerio Público a partir de informes periciales, que dan cuenta claramente de que existieron irregularidades serias y graves y que podrían constituir delito.

¿Deben concretarse renuncias en el Alto Mando de Carabineros con base a los antecedentes que se conocen hasta el momento?

Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Lo primero tiene que ver con las denuncias de montaje, que si bien se encuentran justificadas en informes que son bastante claros y difíciles de contrarrestar, igual ameritan la existencia de una investigación.

Por otra parte, hay que señalar o distinguir lo que ha sido la reacción por parte del Alto Mando de Carabineros frente a esta denuncia. En este ámbito, a mi juicio no se requiere de ningún sumario previo para actuar. El Gobierno no puede aceptar que la autoridad policial cuestione las actuaciones que realiza el Ministerio Público dentro del ámbito de sus atribuciones y, además, reaccionando en forma corporativa descarte de plano, sin previa investigación, la existencia de estas irregularidades.

Y que además, en ese contexto, el general director de Carabineros de Chile se permita irse de vacaciones a Miami y el Caribe en un crucero, dejando a la institución en una situación de claro abandono y debilidad, frente a estos graves cuestionamientos, la verdad que personas como el general Blu y el general Villalobos, sin duda no están a la altura de los cargos que ostentan y deben ser separados de la institución, por el bien de Carabineros de Chile.