En las últimas semanas se ha acelerado el proceso de cierre de las investigaciones y las causas judiciales de los implicados en los casos de aportes ilegales de grupos económicos a campañas políticas de la derecha y de la Nueva Mayoría, sin llegar al fondo de estos casos y dejando un enorme manto de dudas en la ciudadanía.
En los casi cuatro años de procesos judiciales, una larguísima lista de parlamentarios, políticos de trayectoria, empresarios y una serie de personajes que articulaban una trama de dinero y poder, hicieron fila en los tribunales para dar cuenta de sus actos. Sin embargo, hasta ahora sólo se han resuelto condenas simbólicas -como en el caso del ex senador Jovino Novoa (UDI)- y multas a cambio de un acuerdo extrajudicial, como sucedió hace pocas semanas con su par Iván Moreira (UDI).
Los flujos y destinos de las platas políticas aún no terminan por conocerse, a pesar de lo cual el Ministerio Público acelera el paso a fin de cerrar las causas y llegar a acuerdos conciliatorios.
En conversación con El Ciudadano, el abogado de Ciudadano Inteligente y parte de los querellantes en los casos Penta y SQM, Mauricio Daza, sostiene que el proceso de cierre de las causas sin penas efectivas representa que «nuestras instituciones no pasan la prueba de resistencia de material para una democracia verdadera».
Junto con eso apunta a la actuación del Ministerio Público, destacando que «se está mandando un claro mensaje al empresariado: que en el caso de que paguen sobornos a autoridades del Estado y que sean descubiertos, no tienen nada de qué preocuparse porque no van a enfrentar ninguna sanción. Lo mismo para el caso de los políticos».
Mauricio Daza
Parece que se está dando un «efecto dominó» en el cierre de las causas que involucran a políticos antes de que asuma el nuevo gobierno. ¿Cuál es su impresión al respecto?
La verdad es que todo indica que existe un esfuerzo coordinado al interior del Ministerio Público, para los efectos de colocar término pronto a las causas que tienen relación con el financiamiento ilegal de la política y que afectan a diferentes personeros de Penta o SQM, junto con los dirigentes que habrían sido financiados por estos grupos económicos. Esto coincide con el hecho de que en la causa Penta serían convocados a declarar Sebastián Piñera y Alfredo Moreno en la investigación de cohecho contra Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería), quien habría hecho gestiones a cambio de sobornos. Queda la impresión de que se quiere que nada de esto llegue a juicio y se cierren rápidamente, sin profundizar en las redes de corrupción que se han denunciado.
¿Esta red de platas políticas frenó el impulso mostrado en primera instancia por parte del Ministerio Público?
Hay que recordar que en un primer minuto la investigación del fraude al FUT avanzó muy rápido en manos de los fiscales Gajardo y Norambuena, develando los aportes ilegales. Esto funcionó de manera normal hasta que se descubrieron las boletas ideológicamente falsas emitidas a SQM, momento en el que se iniciaron las presiones hacia la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos con el fin de evitar que esa arista siguiera adelante. De ahí en más vemos una serie de actuaciones que buscaban entorpecer y cerrar la investigación sin establecer la verdad; incluso vemos un hecho inédito, cuando el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se hace cargo de la investigación y comienza a desarmarla. Luego, con Jorge Abbott se comienza a ratificar este cierre.
Se ha criticado mucho el actuar del fiscal Pablo Gómez también
El fiscal Gómez en su trayectoria no cuenta con ningún antecedente en la dirección exitosa de causas complejas en materias de corrupción y delitos tributarios. A partir de ahí, lo que hace es desmantelar el caso SQM, dividiéndolo en pequeñas causas para luego cerrarlas, con el fin de desangrarlo y hacerlo inviable como una causa importante relativa a esta red de corrupción.
«El Ministerio Público no toca determinados intereses»
¿Qué lecciones deja este proceso que ya cumple casi cuatro años?
Bueno, podemos decir que nuestras instituciones no pasan por la prueba de resistencia de material de una democracia verdadera. Podemos observar que en Chile, cuando se trata de imputaciones a personeros de múltiples partidos políticos involucrados en casos de corrupción y que toca a protagonistas de la élite empresarial, no se llega al fondo de la verdad de los hechos denunciados. Existe una especie de justicia de clase, la que se ha manifestado en toda su expresión en los casos SQM y Penta, donde en la práctica se le otorgan privilegios que no tienen los ciudadanos cuando se trata de causas similares. Aquí, el Ministerio Público está dispuesto a hipotecar la credibilidad de la institución que dirigen para garantizar impunidad a un puñado de personas que ha protagonizado hechos de corrupción y que es parte de nuestra élite política y empresarial.
Con lo cual se pone en la cuerda floja al sistema democrático
Muchas personas insisten en hablar de la denominada «razón de Estado», argumento muy utilizado en los años ’90 con el afán de impedir que se investigara y se procesara a personas involucradas en actos de corrupción. Esto consiste en sostener que al existir una cantidad importante en cargos relevantes de las instituciones del Estado, y el perseguir a todas ellas criminalmente, podría causar algún problema de gobernabilidad. Este es un argumento trasnochado para asegurar impunidad a algunos pocos, cuando lo que hace daño a nuestras instituciones es no castigar a las personas que han cometido delitos graves contra la fe pública, afectando la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones, cuyo costo se paga a mediano plazo. Lamentablemente, al no existir un mecanismo que nos permita exigir una rendición de cuentas a las autoridades llamadas a perseguir estos delitos, se cierra un círculo perfecto que impide que el desarrollo de estos casos sea normal.
¿Se mantiene resguardada la concomitancia entre el poder político, judicial y económico?
Claro, aquí el Ministerio Público no toca determinados intereses y le baja el perfil a ciertas causas para buscar una solución que no finalice en la verdad. El proceso penal debe tener por objetivo establecer la verdad de hechos que son denunciados y que pueden revertir el carácter de delito. Este fin acá no se cumple; ni en los fines preventivos de las sanciones penales tampoco se concretan a partir de las salidas alternativas que la Fiscalía está pactando con las defensas. Se está mandando un claro mensaje al empresariado: que en el caso de que paguen sobornos a autoridades del Estado y que sean descubiertos, no tienen nada de qué preocuparse porque no van a enfrentar ninguna sanción. Lo mismo para el caso de los políticos. Esto no es sostenible en un Estado de Derecho serio y en forma.
¿Qué podemos hacer si el Ministerio Público no cumple con su mandato constitucional?
En Chile no se puede hacer mucho, sobre todos si los beneficiarios del incumplimiento del mandato constitucional del Ministerio Público son, precisamente, quienes están llamados a hacer efectiva la responsabilidad de las máximas autoridades de la Fiscalía. Quienes pueden solicitar la remoción de los fiscales son los parlamentarios y, en este caso, lo que se hace es garantizar la impunidad de un grupo de personas que nunca fueron investigadas, cuestión que beneficia a todo el espectro político del país.
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