El pasado lunes 5 de febrero el fiscal Pablo Gómez determinó solicitar el sobreseimiento de 58 imputados en el caso SQM, por considerar que las causas investigadas se encuentran prescritas. La acción del persecutor beneficia a todos los llamados «boleteros» -por haber entregado boletas de servicios no prestados a la minera no metálica para las campañas de los políticos investigados-, lo que sería el primer paso para cerrar la investigación.
La medida de Gómez se suma a la salida alternativa que se le entregó al senador Iván Moreira, evitando el juicio oral a cambio del pago de una multa de 35 millones de pesos, y a la fórmula de la suspensión condicional del procedimiento en la causa por cohecho contra SQM, a cambio de un pago de una multa cercana a $2.550 millones.
Las medidas desataron el rechazo por parte de los querellantes, que ven el cruce de intereses políticos, ad portas del arribo del gobierno de Sebastián Piñera.
Para analizar este proceso, El Ciudadano conversó con el abogado querellante en la causa, Matías Ramírez, quien refuta los dichos de Gómez -que considera un éxito de la investigación el actual escenario- sosteniendo que «si se presenta como un triunfo una salida alternativa que avala la impunidad, no lo compartimos».
Junto con eso, el querellante expone que «no podemos entender los aportes de SQM como un aporte desinteresado y eso no se investigó por parte del fiscal Gómez». Y agrega: «Da una clara señal de que es más beneficioso pagar una coima, tener un rédito económico y si al final del día te pillan, pagas una pequeña sanción pero puedes seguir operando a pesar de que corrompiste todo el sistema democrático«.
El fiscal Gómez dice que la investigación fue un éxito y que cumplió con el mandato que se le entregó. ¿Cuál es su percepción al respecto?
A nuestro parecer, el éxito planteado por el fiscal Pablo Gómez no lo compartimos, no creemos en ese resultado que insinúa haber obtenido en esta investigación. Desde que él asume en el caso, se centra en la investigación de los delitos tributarios sin ahondar en los delitos como el cohecho o tráfico de influencias, dedicándose a separar la investigación en diferentes aristas hasta poder cerrarlas por diferentes vías. La más emblemática se dio hace pocas semanas, cuando comunica la suspensión del procedimiento contra SQM, pese a que los antecedentes dan cuenta de una empresa que hacía de la corrupción un actuar habitual. Si se presenta como un triunfo una salida alternativa que avala la impunidad, no lo compartimos.
Queda la sensación de que había una maquinaria dispuesta a evitar que la investigación llegará al fondo de estos hechos
Efectivamente, hay una maquinaria. Hay que recordar cuando se inicia la investigación del caso SQM, con pesquisas de delitos como cohecho, por ejemplo, se remueve al equipo compuesto por los fiscales Arias, Gajardo y Norambuena, entregándose la causa al fiscal Gómez. Tampoco hay que olvidar la posición del SII en las investigaciones tributarias, donde deja de ingresar querellas nominativas. No hay una voluntad de investigar y las causas comienzan a fenecer. Aquí hubo falta de diligencias, no solo enfocadas al ámbito tributario, por lo que no podemos entender los aportes de SQM como un aporte desinteresado y eso no se investigó por parte del fiscal Gómez.
Estas decisiones pueden entenderse como una manera de sacarle un peso encima al nuevo gobierno
A mi juicio la investigación está vinculada a situaciones de carácter político. No es casualidad que en un mismo mes a un senador de la República se le dé una suspensión condicional cuando estaba todo para ir a un juicio oral, la suspensión del procedimiento a SQM y ahora el sobreseimiento de los 58 imputados. Tanto el fiscal Gómez como el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, han cumplido con su palabra, en especial Abbott, sobre cerrar cuanto antes las causas de manera eficiente. Eso le da un aire al nuevo gobierno, liberándolo de todos los casos de corrupción por secretaría, porque no se investigó de manera adecuada.
«Si te pillan, pagas una pequeña sanción pero puedes seguir operando»
La ciudadanía ve impunidad y que la justicia no es para todos. ¿Hay forma de modificar dicha percepción?
Es complejo cambiar esa mirada, nosotros como abogados querellantes también vemos esta señal de impunidad. La gente que tiene recursos, como Moreira, puede pagar y quedar libre de responsabilidad penal. Antes pasó lo mismo con el diputado UDI, Renzo Trisotti. La clave para quitar la sensación de impunidad la tienen los mismos parlamentarios, que deben legislar para aumentar las penas en delitos de cohecho, que hoy es similar a un hurto de supermercado, o que los delitos tributarios no sean potestad solo del SII. A eso se debe sumar las ganas de investigar por parte del Ministerio Público, que solo investiga los delitos de baja tela, pero en los que tienen relación con la corrupción no se van a meter.
En conclusión, se incumple el mandato del Ministerio Público
Lógicamente. El mandato constitucional que tiene el Ministerio Público es investigar los hechos que pudiesen revestir el carácter de delito y, en ese sentido, se deben investigar todos los que estén dentro de eso. Cuando se suscribe a determinadas investigaciones se incumple un mandato constitucional. Además, da una clara señal de que es más beneficioso pagar una coima, tener un rédito económico y si al final del día te pillan, pagas una pequeña sanción pero puedes seguir operando a pesar de que corrompiste todo el sistema democrático. Es muy lamentable.
¿Qué sigue ahora que los 58 boleteros están liberados? ¿Hay que pensar que esto ya se cerró?
Bueno, nosotros hemos pedido la nulidad de la audiencia donde se acogió la suspensión condicional de la persona jurídica de SQM porque se vulneraban garantías, porque a nosotros como querellantes no se nos notificó. Respecto de las personas naturales la situación es lamentable, pues los imputados sobreseídos están vinculados con Longueira, Frei o Rossi. Ahora, están los principales involucrados que siguen en calidad de imputados, como es Pablo Longueira, que recibió más de $1.400 millones y que lo convierte en el político que recibió más plata. Aunque, como vienen las cosas, no nos sorprendería que le dieran una salida alternativa a su caso.
¿Ganaron los poderosos?
Por ahora van ganando los poderosos con la impunidad. Aunque esperamos que se aprenda de esto, con tal de fijar las normas para que no pase más esto. Lamentablemente, si vemos el marcador, los corruptos van ganando y la sociedad toma palco.
¿Cuáles son las primeras lecciones que se deben tomar?
Las primeras son desde el punto de vista legislativo. Es prioritario aumentar las penas para delitos de corrupción, no puede ser que SQM pague en Estados Unidos una multa de US$ 30 millones y que acá pague tres. A nivel mundial nuestra legislación es muy acotada y se deben tomar las medidas necesarias. El problema es que la solución queda en los mismos legisladores que se han visto involucrados, por lo que solo queda que la gente vote bien.