Abogado Rodrigo Román ante derrumbe de «Operación Huracán»: «Le pudo pasar tanto a comuneros mapuches como a otro ciudadano»

El pasado viernes 9 de febrero finalmente se bajó el telón de la llamada «Operación Huracán», tras sentenciarse el cierre definitivo de la causa y el sobreseimiento de los ocho comuneros mapuches acusados por las autoridades. De paso, significó un durísimo golpe a La Moneda, que seguía respaldando la labor de Carabineros, a pesar de darse a conocer el montaje en las pruebas presentadas.

La investigación, abierta con gran parafernalia en septiembre del año pasado, fue desarmándose poco a poco dada la inconsistencia de los antecedentes entregados por la policía al Ministerio Público. La comprobada manipulación de las pruebas, abre una serie de sospechas respecto de los procedimientos utilizados en las investigaciones realizadas en torno al conflicto en La Araucanía.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Garantía de Temuco que sobreseyó a los inculpados -donde se destaca que «la implantación de mensajes en sus dispositivos electrónicos le restó veracidad a las pruebas presentadas»-, El Ciudadano conversó con el abogado de la Defensoría Popular y representante de Héctor Llaitul en esta causa, Rodrigo Román, para tomar nota de los alcances del hecho.

¿Cómo se analiza el sobreseimiento definitivo de los comuneros en el actual contexto político?

Ocurrió que se ha restablecido, en parte, el equilibrio, porque con este sobreseimiento definitivo se ratifica la absoluta inocencia de nuestros representados; es la confirmación de que esta es una operación política de inteligencia de muy mala calidad por parte de Carabineros de Chile, sobre la base de una mensajería falsa que fue plantada en los teléfonos celulares, lo que quedó al descubierto con tres sendos peritajes, dando cuenta de que esto era un burdo montaje. Lo que hay es que el Tribunal de Garantía acoge las peticiones de todas las defensas y dicta su resolución en base a que está claramente establecida la inocencia, lo que es una buena noticia porque desenmascara un nuevo montaje policial.

Rodrigo Román, abogado Defensoría Popular

Si aquí queda explicitado el uso de pruebas falsas, ¿se puede pedir revisar otros casos por las sospechas que quedan? 

La propia Fiscalía ha informado que en el caso de los 28 camiones quemados en San José de la Mariquina se estarían revisando los antecedentes, porque allí la acusación se funda en la mensajería, de similar características a los ocupados en la «Operación Huracán» y que también serían plantados. A cualquier persona le genera sospecha la calidad de la producción de las pruebas en el último tiempo por parte de la Inteligencia de Carabineros, pero no hay una norma legal que permita la revisión. Probablemente a las personas que fueron perjudicadas les asista el derecho de, conociendo los antecedentes, ingresar algún recurso de revisión para que sea la excelentísima Corte Suprema la que se pronuncie. Ese es un camino posible y viable.

En términos políticos, ¿cómo se debe tomar esta resolución? 

En la audiencia, los representantes del Gobierno, los abogados Osorio y Moya, hicieron un triste espectáculo ya que se presentaron como defensores de Carabineros de Chile antes que del Gobierno. Ellos son los únicos que les dan crédito a estas falsas pruebas, ya que incluso el propio Ministerio Público está seguro que la policía falseó éstas y los especialistas explican que esa mensajería nunca existió. El ejemplo más claro es en el caso de Héctor Llaitul, a quien se le asignan mensajes de WhatsApp y Telegram, aplicaciones que él en su vida ha utilizado, simplemente, porque desconoce esta tecnología.

Existen coincidencias en la mirada de cómo se debe actuar en La Araucanía, tanto de este gobierno como del que asume en marzo. ¿Esta resolución obliga a las autoridades a modificar sus métodos? 

Yo creo que las dos derechas de este país se han encargado de potenciar esta política de criminalizar al pueblo mapuche, particularmente a los comuneros de las comunidades en resistencia. Recuerda que Bachelet hace cuatro años presentó la promesa de no aplicar la Ley Antiterrorista; eso se borró con el codo.

¿Pasa lo mismo con el Ministerio Público?

Al menos debe hacerse la autocrítica por comprar  una información que entrega la policía sin pasar por un filtro previo. No puede ser que se trague una historia a la primera e imputen la responsabilidad a cualquier persona. Esto le pudo pasar tanto a comuneros mapuches como a otro ciudadano, porque sobre la base de la ley chilena de Inteligencia le da rienda suelta a las policías y eso es peligroso en un Estado de Derecho.

¿Cómo se repone la jerarquía civil sobre los uniformados? 

Ha quedado al descubierto que se debe cambiar la Constitución, puesto que señala que Carabineros es una institución esencialmente no deliberante y disciplinada, lo que de verdad es letra muerta porque la policía ha dado cuenta de un actuar ilegal, por sobre la Constitución y las leyes, engañando a quienes deben obedecer en el desarrollo de un investigación criminal, como es el Ministerio Público.

¿Tienen pensado llevar adelante acciones judiciales para responder a los perjuicios causados? 

Por lo pronto hay que esperar que quede consolidada esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco. Luego de eso, estudiaremos las acciones a seguir, ya que, en el caso de Héctor Llaitul, ya señaló que no le interesa llevar adelante una acción de carácter pecuniario.